La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ya se había planteado la incorporación de condiciones socioecológicas en las ayudas y préstamos del Estado a las empresas. El 1 de julio, una enmienda de Más País-Equo (apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, JuntsxCat, Bloque Nacionalista Galego y Compromís) en el grupo de trabajo de reactivación económica, proponía que las empresas apoyadas o rescatadas no pudieran tener filiales en paraísos fiscales, tuvieran que cumplir con el acuerdo climático de París, se comprometieran con la protección de la biodiversidad, cerraran la brecha salarial entre hombres y mujeres y no pagaran dividendos durante al menos dos años. La enmienda había sido aprobada en el grupo de trabajo, pero una transaccional pactada entre el PSOE y Ciudadanos la tumbó poco después para escándalo de buena parte de los grupos parlamentarios del ala izquierda y para escándalo, así mismo, de todo el movimiento ecologista nacional y de hasta 80 organizaciones no gubernamentales de todo el Estado español, que enviaron una Carta "a la atención de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y las Diputadas" en la que pedían la recuperación de esas condiciones, una carta en fin en la que planteaban que las empresas con filiales en paraísos fiscales no puedan acceder a las ayudas públicas que vienen. Se ha conseguido.
La votación que ha tenido lugar hoy ha devuelto esos condicionantes al texto del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y, así, en teoría, las empresas que quieran acceder a ayudas públicas (españolas) deberán pagar sus impuestos a las arcas públicas (españolas). Parece lógico. A pesar de ello, ha costado aprobar algo que a priori parecía obvio. Y ha costado, aunque en realidad el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica no tiene fuerza de ley. Es, solamente, una declaración de intenciones. El diputado de Más País Íñigo Errejón se mostraba esta mañana, tras hacerse público el resultado de la votación, muy crítico: "esto se puede llevar ya al Boletín Oficial del Estado; el Gobierno tiene la mayoría para ello. ¿Cuál es esa mayoría? La de la investidura. Y en vez de eso han preferido que estemos dos meses discutiendo para aprobar algo que no tiene fuerza de ley".
La enmienda finalmente aprobada dice así
«La crisis económica y social que seguirá a la crisis sanitaria va a exigir un mayor peso en las actuaciones del sector público, incluso con inversión pública directa en determinadas empresas y sectores.
Cualquier ayuda o préstamo irá vinculado a condiciones ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles. Las empresas que perciban ayudas públicas deberán cumplir o comprometerse a cumplir el Acuerdo climático de París, comprometerse con la protección de la biodiversidad, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres así como no operar en paraísos fiscales.
En el medio plazo, es necesario poner en marcha un Plan de inversiones y reformas para reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para impulsar la modernización de nuestra economía (...).
Justificación: no desvincular la crisis económica y social de la crisis sanitaria y condicionar las ayudas públicas. Firmado: Joan Baldoví, Compromís; e Íñigo Errejón, Más País»
