Podemos denuncia, en la moción que ha dirigido a la Mesa del Congreso, "la absoluta dependencia del modelo energético español de las empresas privadas generadoras de energía", empresas de cuyo correcto desempeño "depende la garantía de un suministro eléctrico adecuado". La formación morada señala en ese marco el grave riesgo que la descapitalización de las infraestructuras conlleva para la seguridad nacional, una descapitalización que contrasta con los beneficios "récord" y los "dividendos millonarios" que vienen registrando sistemáticamente estas compañías: "estamos viendo -explican desde Podemos- una política de reducción de gastos por parte de las entidades generadoras (...), que se niegan a acometer inversiones necesarias para la estabilización del sistema de generación". Pues bien, frente a ese riesgo para la seguridad nacional, Podemos pide en su moción que el Congreso inste al Gobierno a
(1) impulsar las reformas normativas pertinentes para prohibir el reparto de dividendos a las empresas generadoras de energía hasta el momento que hayan puesto a disposición de los poderes públicos toda la información de la que disponen sobre las causas de del apagón y hayan adoptado, a su coste, las medidas que señale la administración para garantizar la estabilidad de la red; y
(2) impulsar la creación de una empresa pública de energía que se encargue de la generación, acabe con el oligopolio actual, abarate los precios y garantice el suministro eléctrico a cualquier persona que no pueda afrontar los costes de la energía.
Exposición de motivos de la Moción (extracto)
«En los últimos ejercicios las entidades han alcanzado un beneficio récord, repartiendo dividendos millonarios con recursos que, en caso de tratarse de empresas públicas, revertirían en mejorar y desarrollar el servicio. Estamos viendo una política de reducción de gastos por parte de las entidades generadoras que evitan mantener procesos activos para ahorrar costes o se niegan a acometer inversiones necesarias para la estabilización del sistema de generación
Adicionalmente, el elevadísimo grado de concentración del mercado de producción de energía, que constituye un manifiesto oligopolio donde el poder de mercado de las entidades frente al sector público condiciona la actividad legislativa y la gestión de los recursos públicos.
El caso más extremo al que nos hemos enfrentado es que tanto las empresas generadoras como la propia Red Eléctrica se están mostrando renuentes en trasladar al gobierno la información de la que disponen sobre el apagón, saltándose lo previsto en el artículo 7.1 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que afirma:
“Las entidades privadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y, en todo caso, cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestructuras críticas que puedan afectar a la Seguridad Nacional, deberán colaborar con las Administraciones Públicas”
No puede tolerarse, desde los poderes públicos, esta actitud de las entidades privadas, que obtienen enormes beneficios (...). Es necesario que se condicione normativamente cualquier reparto de beneficios mientras no colaboren al esclarecimiento de las causas y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema»
