¿La quiebra de la multinacional francesa Areva, líder mundial de la industria nuclear en 2016 y su absorción en 2017 por EDF, nacionalizada por el Estado francés, o la quiebra de la japonesa Tepco, a causa del tsunami de Fukushima, que llevó al gobierno de Japón a convertirse en su accionista mayoritario en 2012, son acaso el modelo a seguir?
El debate nuclear: oportunismo o necesidad
En EEUU no se ha conectado ninguna nueva central nuclear desde hace más de treinta años y en España, desde el año 1997 en que se liberalizó la generación eléctrica, ningún inversor ha apostado por la nuclear. El mercado ha elegido: solo en 2024, en el mundo se han conectado 7.000 nuevos megavatios nucleares frente a 700.000 megavatios de energías renovables.
La Comisión Europea, que carece de modelo nuclear porque lo ha dejado a la libre decisión de cada Estado miembro, acaba de decir que los planes nucleares de los gobiernos europeos necesitarán inversiones por 241.000 millones de euros, de los que 205.000 millones se destinarán a nuevas centrales nucleares y 36.000 millones a ampliar la vida útil de las existentes.
Las cifras de la Comisión Europea no se acompañan de instrumentos financieros ni de presupuesto comunitario para abordar estas inversiones que, además, están infravaloradas. Las nuevas centrales y la prórroga de explotación de las existentes dependerán de las condiciones técnicas y de las inversiones en seguridad que impongan los reguladores de la seguridad nuclear. A lo que se añadirán los defectos de fabricación o de materiales que, como en el caso de la nucleares francesas, han ocasionado paradas temporales, miles de millones en costes imprevistos y crisis de altos precios de la electricidad.
Las eléctricas tampoco lo tienen claro cuando solo han planteado una ampliación de los plazos intermedios de cierre previstos para cada central, pero sin modificar la fecha de cierre de todo el parque nuclear en 2035. Prorrogar la actividad de los dos reactores de Almaraz hasta 2030 y no cerrarlos en 2027 y 2028, como se acordó en 2019 entre las eléctricas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), reduciría la tasa por la gestión de los residuos y desmantelamiento de las centrales y evitaría su incremento, lo que parece ser la única preocupación de los propietarios.
Un modelo de negocio basado en la socialización de pérdidas
El modelo de negocio de la industria nuclear se caracteriza por ser la inversión energética más cara y la que más tiempo necesita para ser operativa; por los incalculables costes de los residuos radiactivos que, al estar activos durante miles de años, han de asumirse por la sociedad en su conjunto; por requerir una fiscalidad a la carta, debido a los enormes recursos que necesita; por un modelo de gestión que antepone la rentabilidad a la seguridad y porque su viabilidad depende de un precio elevado de la electricidad a largo plazo, que en Europa está garantizado por el diseño del mercado eléctrico, que lo referencia al precio de la energía más cara, que es el gas.
Las nucleares son activos energéticos que se ajustan a una tecnología que apenas ha madurado desde el siglo pasado, con una tendencia de costes y plazos crecientes con cada nuevo diseño de reactores y con cada suceso a nivel nacional o internacional. La rentabilidad de las nucleares solo se justifica en la medida en que buena parte de sus costes se trasladan a los consumidores o se socializan, hipotecando la economía y el medio ambiente, como ha definido acertadamente la Fundación Renovables.
Según el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, cualquier nueva inversión en infraestructuras energéticas deberá atenerse a estudios de demanda y de costes y beneficios que demuestren que los ingresos superan a los gastos y que no supondrán déficits en el futuro que se puedan cargar a los consumidores. Ninguna inversión nuclear resistiría hoy un análisis de demanda ni un estudio de costes y beneficios que garanticen su viabilidad.
El reglamento europeo sobre la gobernanza apuesta por la competitividad y la eficiencia para decidir las nuevas infraestructuras energéticas. En este siglo han madurado alternativas tecnológicas, como las energías renovables, almacenamiento o generación distribuida, mucho más competitivas que la energía nuclear para alcanzar el objetivo de una energía segura, limpia y barata, que no dependa de terceros países. Ignorar los verdaderos costes de las centrales nucleares genera desconfianza en los inversores y un riesgo injusto de elevados costes energéticos para hogares e industrias. La falta de unas cuentas claras hace que entre las infraestructuras energéticas más competitivas no estén las nucleares.
El precedente del cierre de la central nuclear de Zorita
La energía nuclear es una tecnología de riesgo; por eso, necesita reguladores independientes de la seguridad nuclear, tanto a nivel nacional como internacional. Para entender la importancia de estos reguladores conviene recordar cómo se gestó el primer cierre programado de una central nuclear en Europa. La central nuclear José Cabrera, situada en Almonacid de Zorita, en la provincia de Guadalajara, comenzó a operar en 1969, el ministerio de Economía aprobó en 2002 la orden de cierre y se desacopló de la red en el año 2006 para comenzar su desmantelamiento.
La última prórroga del permiso de explotación de la central nuclear de Zorita se solicitó en 1999 por la propietaria Unión Fenosa. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) impuso entonces un listado de condiciones que deberían cumplirse en 2002 para que la central pudiera seguir operando seis años más. Entre las condiciones que estableció el CSN destacaba la modificación de diseño de la sala de control para garantizar la seguridad contra incendios. Lo que esta condición indicaba era que la sala de control incumplía las normas internacionales de seguridad nuclear y que en el caso de que por cualquier suceso o incendio hubiera que abandonar la sala de control, el reactor quedaría descontrolado por carecer, además, de duplicado de la sala de control fuera de la zona controlada. ¿Se imagina alguien un reactor nuclear fuera de control a ciento cuarenta kilómetros de Madrid?
La modificación de diseño de la sala de control de la nuclear de Zorita implicaba una cuantiosa inversión y una larga parada. Unión Fenosa concluyó que la prórroga no le salía a cuenta porque no podría amortizar la inversión en el tiempo de la prórroga solicitada y aceptó el cierre que el ministerio de Economía firmó en septiembre de 2002. El CSN antepuso la seguridad a la rentabilidad y fue determinante para el cierre programado de la nuclear de Zorita. En aquellos días existía otra preocupación añadida por los efectos del 11-S en el sector nuclear al evidenciarse que no existían medidas de seguridad exterior en las centrales nucleares, lo que demostró Greenpeace al escalar la cúpula de la central de Zorita. El CSN obligó a los propietarios a realizar las inversiones en seguridad exterior de las plantas.
Ampliar la vida útil de las nucleares es un proceso complejo, que deberá someterse a los informes del CSN sobre cada central y al cumplimiento de las condiciones técnicas y las inversiones que imponga para que puedan seguir operando, preservando la seguridad nuclear por encima de otros intereses.
La consecuencia es que la prórroga de explotación de las centrales requerirá nuevas inversiones, que hoy día no se pueden prever ni cuantificar. Una prórroga desconociendo los costes y condiciones que establezca el CSN sería una irresponsabilidad y un atentado contra la independencia del regulador de la seguridad nuclear.
Primero, la seguridad nuclear
El papanatismo con el que se trata la energía nuclear lleva fácilmente al engaño con tal de que no se hable de las cuestiones más importantes, como los costes, plazos y financiación de su construcción o renovación, la gestión de los residuos y las medidas de seguridad para las personas, el entorno y el medio ambiente. Es la misma banalidad de James Lovelock cuando relataba en su libro “La venganza de la tierra” (2007) que la solución a los residuos radiactivos era tan sencilla como ubicar un contenedor en cada vivienda con jardín.
Todas las cuestiones sobre las plantas nucleares dependen de los criterios que impongan los reguladores independientes de la seguridad nuclear. El CSN es quien tiene la última palabra, y eso incluye la prórroga de las nucleares existentes, las nuevas plantas y los pequeños reactores modulares (SMR), aún más inmaduros que las centrales convencionales. Nada puede quedar al margen de la seguridad nuclear. Ese ha sido el criterio básico en occidente y la causa de que se haya frenado en seco desde hace décadas la conexión de nuevas centrales nucleares, así como el criterio empresarial de recortar los costes de seguridad para mejorar la rentabilidad.
Un cero eléctrico, como el sufrido en España el 28 de abril, exige soluciones en horas, mientras la nuclear necesita semanas, meses o años. Afrontar una crisis de altos precios de la electricidad necesita tecnologías asequibles, competitivas y próximas a los centros de consumo; pero la energía nuclear no cumple ninguno de estos requerimientos. La seguridad energética de un país necesita capacidad de energía autóctona y flexible y la energía nuclear no es ni lo uno ni lo otro. Con respecto a la contaminación de las personas y el medio ambiente, con frecuencia se ignora que la contaminación radioactiva mata mucho y durante mucho más tiempo que cualquier otra tecnología.
La política nuclear necesaria es la defensa de la independencia de los reguladores de la seguridad nuclear y de la energía: el CSN y la CNMC. Independencia frente a los intentos de captura del regulador por los demás poderes del Estado, por las empresas energéticas y los grupos de presión.
Se debe blindar la prioridad de la seguridad nuclear y la viabilidad de las inversiones frente al criterio de rentabilidad y de aprobar infraestructuras sin estudios de costes y beneficios que acaban siendo infrautilizadas; pero cuyos déficits pagarán los consumidores y contribuyentes, como ya ocurrió con la moratoria nuclear de los años ochenta y como la CNMC ha advertido sobre las inversiones en gas, hidrógeno y redes.
¿Por qué la UE evalúa la nuclear como una energía sin efectos sobre el clima?
El Reglamento delegado (UE) 2021/2139 confirma la importancia que se da en la taxonomía sobre inversiones sostenibles a la “energía sin efectos sobre el clima” y pide que se evalúe la viabilidad de todas las tecnologías disponibles, entre ellas la energía nuclear y el gas natural, y que se apruebe una metodología para contabilizarlas como renovables.
La Directiva (UE) 2023/2413, de energías renovables, incluye a la energía nuclear bajo el concepto de “energía no fósil” o “energías renovables no fósiles” por su potencial para reducir las emisiones. Los Estados miembros podrán combinar su uso con las energías renovables “en el contexto de sus circunstancias nacionales específicas” para alcanzar la neutralidad climática. Se atendió a los intereses de Francia para considerar la nuclear como renovable.
La Directiva (UE) 2024/1711, sobre la configuración del mercado eléctrico, no ha modificado la conformación de precios de la electricidad, que seguirán referenciados al precio de la energía más cara. Era lo que pidieron las eléctricas europeas y la metodología que ha sostenido los beneficios extraordinarios de las centrales nucleares.
La taxonomía sobre inversiones sostenibles y la metodología de conformación de precios de la electricidad permitirá que tecnologías contaminantes, pero que ayuden a reducir las emisiones, puedan contabilizarse como renovables atendiendo a los intereses nacionales específicos, que son los que han impedido que la energía sea una política comunitaria y los que se están anteponiendo a la lucha contra el cambio climático.
El peligro de que los intereses nacionales se impongan a la ciencia y de que los organismos reguladores de la seguridad nuclear sean capturados por los enemigos de los reguladores independientes será la próxima batalla a librar.
