El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 19 de noviembre la Orden TED/1318/2025, "por la que se establecen orientaciones de política energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC] en relación con circulares de carácter normativo cuya tramitación se tiene previsto iniciar en 2025". Pues bien, en el apartado noveno de esa Orden -explican desde ACIE- se solicita a la susodicha Comisión que valore la posibilidad de "financiar con cargo a los peajes el coste de determinados servicios de ajuste del sistema —como las restricciones técnicas derivadas de la insuficiencia de las redes actuales—, analizando el impacto sobre los peajes y evitando un incremento excesivo de la factura de los consumidores domésticos".
Según la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), los costes asociados a los servicios de ajuste han aumentado "de manera significativa" en los últimos años, "y de forma especialmente visible desde la puesta en marcha de la operación reforzada" (tras el apagón del pasado 28 de abril). Y ese incremento de los costes -recalcan desde ACIE- repercute en comercializadores y consumidores: "mientras algunos componentes del mercado (por ejemplo, el precio del mercado diario) han registrado descensos en los últimos años, los servicios de ajuste han elevado la factura final". Además -añaden desde la Asociación-, los comercializadores "asumen costes difíciles de prever y cubrir en mercados con alta volatilidad, como se ha evidenciado en 2025".
Habida cuenta de todo ello, la Asociación de comercializadoras asegura que, "si se diseña y regula adecuadamente, la internalización parcial de estos costes como coste de red no implicará un aumento neto de la carga para los consumidores". Actualmente, algunos consumidores soportan directamente el coste real de estos servicios (por ejemplo, clientes en tarifa PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y otros lo ven incorporado en la tarifa fijada por su comercializador. Pues bien, "transferir parte de estos costes a un mecanismo regulado y transparente -asegura el presidente de ACIE, Julio César Nieto- puede, en muchos casos, reducir la prima de riesgo que las comercializadoras incorporan en sus productos y, con ello, reducir el coste final para el usuario”.
En ese sentido, ACIE, que reconoce que la adopción de esta medida "supondría un cambio relevante en la estructura de costes del sistema eléctrico", considera que, "por su potencial beneficio para la estabilidad del sistema y la protección del consumidor, merece un análisis detallado y riguroso que incluya las aportaciones de todos los actores implicados". Porque la medida -insisten- puede proteger a consumidores y reducir la prima de riesgo que hoy asumen las comercializadoras. ACIE es la asociación de comercializadores independientes de energía eléctrica y gas natural, que reúne a 23 de las principales comercializadoras independientes del país y representa a las compañías que comercializan más del 20% de la electricidad y más del 30% del gas natural en España.
