Greenpeace ha calificado la extensión de la vida operativa de Almaraz como un "error histórico" y una "cesión vergonzosa" ante la presión de Iberdrola, Endesa y Naturgy. La organización sostiene que mantener en funcionamiento la instalación extremeña puede dificultar el despliegue de nueva capacidad renovable y almacenamiento y elevar el coste de la electricidad.
La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, considera que la decisión "echa por tierra" la credibilidad del Gobierno en materia energética y climática y acusa al Ejecutivo de haber esperado hasta mediados de agosto para anunciarla.
La organización también ha avanzado que estudiará las vías disponibles para tratar de revertir la decisión y reclama mantener el calendario de cierre nuclear acordado en 2019.
Greenpeace cifra el sobrecoste en 3.831 millones
Uno de los principales argumentos de Greenpeace es económico. Basándose en un informe de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la organización sostiene que la prórroga de Almaraz podría generar un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica de hogares y empresas hasta 2033.
El mismo estudio, según Greenpeace, estima que la decisión podría poner en riesgo hasta 26.130 millones de euros de inversiones en tecnologías limpias, principalmente renovables y almacenamiento.
La organización también cita un análisis de la Barcelona School of Economics (BSE) sobre la denominada "Paradoja Nuclear", según el cual prolongar el funcionamiento de la actual flota nuclear dificultaría el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El responsable del Área de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, José Luis García Ortega, defiende que la seguridad del sistema eléctrico debe descansar en "un sistema flexible, renovable y con almacenamiento" y no en prolongar la operación de reactores construidos en los años 80.
Greenpeace alerta además de un posible "acantilado" nuclear en 2030, cuando podrían coincidir los cierres de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes, sumando alrededor de 4.000 MW de potencia. La organización teme que esta situación termine utilizándose para justificar nuevas extensiones de la vida de las centrales.
Alianza Verde acusa al Gobierno de romper sus compromisos
Alianza Verde ha elevado igualmente el tono contra la decisión, que ha calificado de "bochornosa". El partido ecologista considera que la prórroga rompe el calendario acordado en 2019 y contradice tanto los compromisos energéticos del Ejecutivo como el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.
"No existe ninguna razón que justifique esta prórroga absolutamente vergonzosa", sostiene la formación, que acusa al Gobierno de actuar en beneficio del "oligopolio" eléctrico.
Juantxo López de Uralde, activista y político ecologista, fundador y coordinador federal del partido Alianza Verde, ha recordado además las anteriores declaraciones del Gobierno en defensa del calendario de cierre nuclear y considera que la decisión abre la puerta a nuevas prórrogas. "Han mentido, han roto el calendario de cierre nuclear y después de Almaraz, podrán venir todas las demás", ha asegurado.
Las críticas ecologistas llegan el mismo día en que el BOE ha formalizado la extensión de la explotación de Almaraz, una decisión que reabre con fuerza el debate sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética española.
"Error histórico"
La Fundación Renovables también ha tildado de "error histórico" a nivel de política energética la decisión adoptada este viernes por el Gobierno de prolongar hasta 2030 la vida de la central nuclear de Almaraz (Extremadura). Según ha señalado, esta medida supone "echar por tierra" toda la política y planificación energética de la última década en España y compromete la viabilidad de las renovables y de la electrificación a 2030.
Para la organización, el modelo energético español, basado en las renovables, "sufre una herida de muerte" con esta resolución, "fruto de la presión de las empresas propietarias de las centrales, que ven peligrar su hegemonía y beneficios". Además, la credibilidad de España "queda dañada", ya que tendrá que alterar su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, que tendrán que modificarse, con un encarecimiento de costes de la gestión de residuos y su traslado a la tarifa eléctrica.
La reacción sindical
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido al Gobierno, tras el anuncio del alargamiento de la vida útil de la central de Almaraz, que se mantengan los compromisos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) "sin arrojar dudas sobre el cumplimiento de los objetivos del país con la transición energética, favoreciendo la transformación del mix de generación eléctrica a través del impulso de las energías renovables".
En un comunicado, el sindicato llamó así al Ejecutivo a "evitar mensajes confusos", y reitere la voluntad política inequívoca de cumplir con los objetivos de incorporación de energías renovables en el sistema, así como los proyectos de almacenamiento.
La prórroga de Almaraz reabre así uno de los grandes debates de la transición energética española: qué papel debe desempeñar la nuclear mientras el sistema acelera la incorporación de renovables y almacenamiento. El Gobierno defiende la extensión como una medida excepcional ante la incertidumbre internacional y mantiene 2035 como horizonte para el cierre nuclear, pero la decisión introduce un nuevo escenario en el calendario pactado y vuelve a poner sobre la mesa la convivencia entre una generación nuclear poco flexible y un sistema eléctrico llamado a integrar volúmenes cada vez mayores de eólica, fotovoltaica y almacenamiento.
Artículos relacionados
