SEO/BirdLife ha realizado un estudio sobre los fondos públicos europeos destinados a la acción climática y la transición ecológica en España en el que ha detectado una desigual distribución territorial, así como una baja inversión en adaptación al cambio climático y un difícil acceso a datos sobre el uso de estos fondos. En dicho informe -realizado en el seno del proyecto Life Clima 1.5, en el que participan ONG de trece países europeos- se analiza el periodo de programación 2021-2027, centrándose en los fondos de la política de cohesión y el instrumento Next Generation EU (NGEU), canalizado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, establece una necesidad de inversión estimada en España de 308.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de descarbonización. De esta cifra, el 18 % deberá proceder del sector público, dentro del cual los fondos europeos representan una palanca determinante, con el 13 % del total.
"Aunque el grueso deberá provenir del sector privado, la financiación pública aún desempeña un papel clave. Desde la UE, se establece que el 30% de las asignaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) y el 37% de las del NGEU deben destinarse, al menos en teoría, a la transición verde", explica la técnica del Área de Transición Verde de SEO/BirdLife, Ana Márquez. España es el tercer mayor beneficiario de los fondos de la política de cohesión de la UE, y el principal beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el periodo 2021. "En su propuesta, España ha superado estos mínimos obligatorios que establece la UE, con la asignación de un 34% de los fondos de cohesión y un 39,7% del PRTR a inversiones vinculadas con la acción climática y la transición ecológica, pero es casi imposible evaluar si verdaderamente se está cumpliendo, dada la falta de transparencia sobre cómo se computan estas asignaciones y la dificultad de un control real desde la sociedad sobre el objeto final de los fondos y de su efectividad", añade.
El estudio constata que existe un amplio margen de mejora en el empleo de los fondos europeos para inversiones verdes y argumenta que, con la finalización de los fondos NGEU en 2026, la política de cohesión va a desempeñar un papel crucial para seguir financiando las inversiones verdes y poder alcanzar los objetivos climáticos y energéticos fijados por los países para 2030. "La aplicación de fondos Next Generation en España es prueba clave de cara al nuevo marco financiero europeo que, a tenor de la propuesta de la Comisión Europea, volverá a asignar un porcentaje obligatorio a la acción climática y biodiversidad. Sin embargo, la experiencia del Plan de Recuperación demuestra que el seguimiento y la evaluación por parte de la sociedad civil han sido extremadamente difíciles. Si no se corrigen estos problemas, será complicado garantizar que se cumplen los objetivos europeos, el Pniec y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático", afirma el responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza.
Para la coordinadora del Área de Transición Verde de SEO/BirdLife, Meritxell Bennasar, "es clave realizar una evaluación completa de las necesidades de inversión y los recursos disponibles para implementar con éxito el PNIEC 2023-2030 actualizado y, sobre esta base, desarrollar una estrategia integral para movilizar las inversiones públicas y privadas necesarias para contribuir a los objetivos climáticos y energéticos de la UE para 2030". SEO/BirdLife considera que las instituciones de la UE deberían mejorar "significativamente" la propuesta publicada recientemente para el próximo MFP 2028-2034 con el fin de cerrar la brecha de inversión. A su juicio, la propuesta debería incluir un objetivo de integración del 50% de la inversión verde para abordar todos los objetivos ambientales.
También consideran que se debería incluir salvaguardias claras como la de 'no causar daño significativo', actualmente plagada de excepciones; o revisar la metodología propuesta para etiquetar las inversiones verdes, que actualmente abre la puerta a riesgos de lavado verde y a lagunas legales para los subsidios a los combustibles fósiles, así como mantener las garantías para la transición justa, en su opinión en peligro por la eliminación del Fondo de Transición Justa.
Asignación de fondos a España
Para la política de cohesión España cuenta con una dotación total de 35.562 millones de euros para el periodo 2021-2027, convirtiéndola en tercer mayor beneficiario solo por detrás de Polonia e Italia. De esta cifra, 12.505 millones van destinado a la transición verde (un 34 %) -por encima del objetivo del 30 % establecido en el Marco Financiero Plurianual-, asignados mayoritariamente a energías renovables (34,4 %), transporte limpio (23,2 %) y eficiencia energética (21,6 %), y en menor medida, economía circular (10,1 %) y biodiversidad (9,3 %). Para la política de cohesión, la mayor parte de las ayudas “para transición verde” se dirigen a energías renovables y eficiencia energética, mientras que las acciones de adaptación al cambio climático y de transición justa presentan niveles de ejecución considerablemente más bajos. A esto se suma una ejecución todavía limitada: hasta la fecha, se ha distribuido el 27 % del FEDER y apenas un 12 % del presupuesto correspondiente al objetivo político 2 (OP. 2) “Una Europa verde”. Además, la distribución territorial en la recepción de las ayudas correspondientes a las convocatorias para el OP. 2 presenta importantes desequilibrios, donde los programas operativos de Andalucía y Cataluña concentran prácticamente el 70% de las ayudas.
Para el PRTR, España cuenta con una dotación de casi 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables para el periodo 2021-2023, convirtiéndola en principal beneficiario en este periodo. De esta cifra, 27.590 millones van destinados a la transición verde (un 39,7 %) -por encima del objetivo del 37 % establecido en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-, asignados mayoritariamente a movilidad sostenible (35,1 %), rehabilitación de edificios (24,6 %) y energías limpias (22,1 %), y en menor medida a biodiversidad (7,2 %) y economía circular (3,1 %). El PRTR muestra un ritmo más avanzado, con más del 78 % de las convocatorias de fondos resueltas, aunque es difícil determinar si los proyectos financiados para transición verde están siendo positivos para el clima y la naturaleza. Las inversiones “verdes” se concentran en movilidad sostenible, energías limpias y rehabilitación energética de edificios, con una menor proporción destinada a biodiversidad, gestión del agua y agricultura sostenible. La distribución territorial presenta gran variabilidad, con Andalucía, Cataluña y Madrid encabezando el volumen de fondos asignados a inversiones verdes, pero seguidas muy de cerca por la Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Castilla y León.
