El Ejecutivo gallego ha aprobado esta semana el borrador de la que será la primera Ley del Clima de Galicia, una norma que fija como principal reto dotar a la comunidad de las herramientas, órganos e instrumentos necesarios para garantizar la consecución de la "neutralidad climática -el equilibrio entre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y absorciones- en el año 2040", es decir, una década antes de la fecha límite marcada por la UE. Así lo ha señalado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha enmarcado esta ley —que ahora se remitirá al Parlamento para su aprobación antes de fin de año— en el compromiso histórico de Galicia de trabajar en la lucha contra el cambio climático. "Queremos que cualquier contrato, plan o política implementada por la Xunta tenga en cuenta la perspectiva climática", indicaba Rueda. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha señalado que "Galicia será la primera comunidad en establecer por ley el objetivo de neutralidad climática, con una transición ecológica justa, sostenible y generadora de empleo verde".
Para ello, la ley fija objetivos específicos tanto en el ámbito de la mitigación —reducir las fuentes de emisiones o potenciar los sumideros que capturan GEI— como en el de la adaptación —mejorar la resiliencia de Galicia y sus sectores más relevantes al cambio climático—. Así, se establece como compromiso lograr una reducción del 75 % en las emisiones de GEI para 2030 respecto a 1990 —un referente mundial en políticas climáticas— para seguir consolidando la tendencia de los últimos años. Además, desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático, la prioridad será proteger a la sociedad y la economía de los riesgos derivados de este fenómeno. Por ello, se promoverán todas las acciones destinadas a preparar el territorio y proteger a la ciudadanía de los impactos ambientales y los fenómenos extremos relacionados con el calentamiento global, mediante la creación, por ejemplo, de refugios climáticos que reduzcan la vulnerabilidad de la población a las olas de calor o la promoción de soluciones basadas en la naturaleza.
El borrador de la ley introduce con carácter general la obligación de la Xunta y del sector público autonómico de integrar la perspectiva climática tanto desde el punto de vista de la reducción de emisiones como de la adaptación a los efectos del calentamiento global en la elaboración de sus planes y programas sectoriales, en la elaboración de los contratos públicos cuando su finalidad lo permita y en las convocatorias de subvenciones que incidan en los objetivos de neutralidad climática de Galicia. En concreto, los instrumentos de planificación sectorial con especial incidencia en el territorio deberán tener en cuenta las proyecciones climáticas (también reguladas en la ley) que simulen la respuesta climática en la comunidad ante diferentes escenarios de emisiones con el fin de mejorar la capacidad adaptativa y la resiliencia de Galicia; y todos los planes y programas que supongan la generación de GEI sujetos a autorización ambiental estratégica (AAE) incluirán, como mínimo, una evaluación de su impacto sobre el clima y las medidas destinadas a compensar, minimizar o adaptar el territorio a estos efectos.
Instrumentos de planificación y nueva Oficina de Cambio Climático
La Xunta se apoyará en tres instrumentos de acción climática previstos en la propia ley para avanzar en los objetivos marcados por la ley: la Estrategia Gallega de Cambio Climático, en la que se fijó por primera vez el compromiso con una Galicia climáticamente neutra; los planes integrados de acción climática autonómica, que marcan la hoja de ruta y las medidas concretas a adoptar cada cinco años para cumplir los objetivos de la Estrategia; y los planes locales de acción climática, que la ley establece como de obligado cumplimiento para los municipios de más de 20.000 habitantes con el fin de reforzar las acciones de mitigación y adaptación en el ámbito local. De hecho, 17 de los 23 municipios gallegos que se encuentran en este rango poblacional ya han elaborado y presentado su propio plan de acción.
Asimismo, para avanzar en la gobernanza y la dimensión social de las políticas climáticas, la ley reconoce y refuerza el papel de órganos ya creados y en funcionamiento, como la Comisión Interdepartamental para el Impulso y la Coordinación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático, que coordina la acción de las diferentes consejerías en este ámbito desde 2019.
Además, también regula la Red Local del Clima, puesta en marcha el año pasado para impulsar la adhesión de todos los municipios gallegos al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía (del que actualmente forman parte 287) y ayudarles a combatir el cambio climático desde una perspectiva local; y la Alianza Gallega del Clima, una iniciativa de la Xunta ya consolidada para impulsar sinergias público-privadas frente al calentamiento global a través de la implicación de los diferentes agentes sociales y económicos que operan en la comunidad y que pueden jugar un papel relevante en la acción climática.
Por su parte, la ley prevé la creación de nuevos instrumentos de participación y coordinación, como el Portal de Acción por el Clima, que servirá como ventana de difusión y transparencia en este ámbito; la Oficina Gallega de Cambio Climático, de carácter técnico y que asumirá el seguimiento de la Estrategia y la labor de apoyo y asesoramiento al resto de departamentos; y el Foro de Acción por el Clima, órgano colegiado de participación.
Cláusulas climáticas en los contratos públicos
La transición ecológica de Galicia hacia un modelo sostenible, justo y generador de empleo también requerirá recursos económicos e incentivos dirigidos tanto a las administraciones públicas como al sector privado. En el plazo de un año desde la entrada en vigor del reglamento, la Comisión Interdepartamental elaborará un programa específico para la implementación y el desarrollo de criterios climáticos en los contratos públicos. Estos criterios, en cualquier caso, se integrarán progresivamente. De hecho, para facilitar esta transición, también definirá los medios de apoyo y asesoramiento técnico que se pondrán a disposición de los poderes adjudicadores, así como un programa de formación para su personal. Asimismo, se elaborará un catálogo que defina y detalle las posibles cláusulas climáticas y medioambientales que se introducirán en los distintos tipos de contratos, así como las instrucciones para facilitar su correcta incorporación al pliego de condiciones.
En todo caso, y a la espera de la finalización de este trabajo previo, el criterio estrella que se pretende introducir progresivamente en los contratos del sector público gallego es la huella de carbono, entendida como la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a una determinada organización, evento, actividad, producto o servicio y cuantificadas en toneladas de CO2 equivalente. De hecho, la ley fomenta el uso de la huella de carbono en la preparación y ejecución de los contratos del sector público regional; y también introduce el criterio de proximidad de los productos o servicios utilizados por el licitador para garantizar una compra pública baja en carbono que contribuya al objetivo general de neutralidad climática.
En último término, se pretende que los procesos de contratación de la Xunta se rijan por los principios de la propia ley y sirvan como ejemplo de una nueva forma de relacionar la actividad humana con el ecosistema en el que se desarrolla; a la vez que abogan por un modelo circular de producción y consumo basado en la reutilización de recursos. Con este mismo objetivo, la perspectiva climática también se introducirá en la elaboración anual de los presupuestos generales de la Xunta, que incluirán partidas dirigidas a avanzar en la mitigación y adaptación al cambio climático en Galicia, y en la convocatoria de ayudas públicas, con la posibilidad de incorporar cláusulas climáticas específicas. En concreto, a modo de ejemplo, se priorizará como criterio específico de valoración en la concesión de subvenciones públicas a entidades municipales para cubrir inversiones y gastos relacionados con los objetivos de los planes locales de acción climática el hecho de que el ayuntamiento solicitante haya aprobado y registrado su correspondiente plan.
Sistema de créditos de carbono
Asimismo, se prevé que la Xunta modifique los instrumentos fiscales existentes para incentivar que el sector privado impulse actuaciones que contribuyan a la consecución de los objetivos de cambio climático fijados en la Estrategia y en los sucesivos planes autonómicos, y se creará un Registro gallego de personas promotoras de la neutralidad climática, de adhesión voluntaria, y que incluirá los compromisos ambientales asumidos por organizaciones públicas o privadas para reducir o compensar su huella de carbono. En este sentido, la Ley del Clima busca promover proyectos y actividades que incrementen la absorción de CO2 y reduzcan las emisiones mediante la implementación del sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta. Este sistema permitirá a empresas, organizaciones e incluso ciudadanos compensar sus emisiones de GEI mediante la compra de créditos de otros proyectos que reduzcan o eliminen gases (iniciativas de reforestación, conservación forestal, acuicultura o uso de energías renovables). Se espera la aprobación del decreto regulador de este mercado en las próximas semanas.
Otro pilar fundamental para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la ley será la información meteorológica y climatológica. Para ello, se fortalecerán las redes de observación y control, así como las redes de calidad del aire, así como los servicios públicos de gestión de riesgos derivados del cambio climático para disponer de más datos y mejorar la capacidad de predicción y respuesta ante posibles fenómenos meteorológicos extremos. También en este ámbito, cabe destacar que la ley regula las denominadas proyecciones climáticas, que el órgano competente en materia de cambio climático será el encargado de elaborar y revisar periódicamente para Galicia mediante la aplicación de modelos matemáticos. Por último, partiendo de la premisa de que el cambio climático afecta a todos —administraciones, empresas y ciudadanía—, la ley también pretende cambiar mentalidades y promover el conocimiento mediante campañas de información, la integración de la perspectiva climática en todos los niveles del sistema educativo y el impulso de la investigación en Galicia en áreas relacionadas con el clima y la adaptación a sus efectos.
