La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, también conocida como la Corte Mundial. Su función es resolver, de conformidad con el derecho internacional, las controversias jurídicas que le plantean los Estados. La CIJ también emite opiniones consultivas en respuesta a cuestiones jurídicas que le plantee la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU o una agencia especializada de las Naciones Unidas. A diferencia de las sentencias, las opiniones consultivas no son jurídicamente vinculantes, pero tienen un peso jurídico considerable.
Pues bien, por primera vez desde su creación, y tras la solicitud presentada en 2023 por más de 190 países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el CIJ, máximo tribunal del mundo con sede en La Haya, ha establecido que los Estados deben adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Se impone además la obligación de acabar con cualquier tipo de subsidio a los combustibles fósiles, así como la prohibición de nuevas licencias de exploración y prospección. También impone obligaciones a las empresas, incluidas la de reparar los daños causados por sus emisiones, independientemente del lugar donde ocurran.
Lo cierto es que la resolución realiza afirmaciones trascendentales, como que el incumplimiento del Protocolo de Kioto es un acto internacionalmente ilícito, o que las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones no son discrecionales, sino que deben contribuir al objetivo legalmente vinculante de fijar el aumento global de la temperatura en 1.5 grados.
En línea con la sentencia del TEDH en el caso Klimaseniorinnen, esta resolución marca un cambio de rumbo en el derecho internacional, situando la protección del clima y los derechos humanos por encima de los intereses de la empresas. La doctrina será de aplicación para los tribunales nacionales, lo que puede dar impulso a los litigios climáticos en curso en España.
Asimismo, la CIJ aclara que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva el deber de proporcionar reparaciones plenas, que incluyen tanto el cese inmediato de las actividades perjudiciales como compensaciones económicas por las pérdidas y daños ocasionados. Estas pueden abarcar desde la restauración de los daños sufridos hasta la interrupción inmediata de emisiones de gases de efecto invernadero que superen los umbrales científicos de seguridad.
Finalmente, la Corte formula recomendaciones específicas para garantizar la justicia climática intergeneracional, ofreciendo una protección histórica a las comunidades más afectadas por la crisis climática, así como la protección del medio ambiente para las generaciones futuras.
Reacciones ecologistas
Para Greenpeace, esta decisión representa un hito en la protección de la población afectada por la crisis climática, al reforzar las responsabilidades de los Estados más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de París e incorporar nuevas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. Entre otras cosas, la Corte Internacional impone a las empresas la obligación de reparar los daños causados por sus emisiones, independientemente del lugar donde ocurran, como vienen exigiendo las organizaciones ecologistas.
Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España: "Esta resolución marca un cambio de tendencia en el derecho internacional, que empieza a situar la protección del clima y los derechos humanos por encima de los intereses económicos de las empresas. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas".
La importancia de esta resolución resulta evidente ante la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, que amenazan la salud y la vida de millones de personas, como la DANA del 29 de octubre de 2024, los recientes incendios de más de 3000 hectáreas ocurridos en diferentes comunidades autónomas, o las recientes olas de calor de junio, que han causado más de 1000 muertes.
Uno de los muchos efectos colaterales que podrá tener esta decisión es el impacto sobre litigios abiertos en la actualidad. “El Tribunal Constitucional tiene ahora en sus manos el Juicio por el Clima y es vital que lo interpreten de acuerdo con este precedente histórico, para estar a la altura de la emergencia que vivimos”, ha declarado Jaime Doreste, coordinador del Área Jurídica de Ecologistas en Acción.
Irene Rubiera, activista del Área Jurídica de Ecologistas en Acción: "Esta no es solo una llamada de atención, es un mandato. Y como sociedad civil, vamos a utilizarlo".
El proceso que llevó a esta opinión también importa, destaca Ecologistas en Acción, que precisa que esta declaración ha sido impulsado por una coalición global de jóvenes, movimientos del Sur global y pequeños Estados insulares que reclaman el derecho a existir. “Es una demostración de que el derecho puede –y debe– ponerse al servicio de la vida”, ha añadido Rubiera.
“Ecologistas en Acción”, concluye la abogada y activista, “seguiremos trabajando para que estas obligaciones se traduzcan en políticas concretas y en un nuevo impulso para la litigación climática estratégica en España y a nivel internacional. Este dictamen es más que una opinión: es una hoja de ruta legal para exigir justicia climática”.
Una victoria para todo el planeta
No solo los ecologistas celebran la histórica declaración del CIJ, ya que el secretario general de la ONU, António Guterres, también ha aplaudido el veredicto del alto tribunal sobre la obligatoriedad de los Estados a actuar frente al cambio climático.
El diplomático portugués y jede de la ONU ha considerado que "esta es una victoria para todo el planeta, para la justicia climática y para el poder de los jóvenes que buscan marcar una diferencia" después de que la Juventud de Islas del Pacífico impulsara el caso hasta el tribunal de La Haya.
"Celebro que la CIJ haya emitido su histórica opinión consultiva. Ha dejado claro que todos los Estados están obligados, en virtud del Derecho Internacional, a proteger el sistema climático global", ha expresado Guterres a través de un comunicado, que ha reiterado que el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París debe ser la base de las políticas climáticas.
