n enero fue la crisis del gas con Ucrania la que alertó a la Unión Europea (UE) de su debilidad; en mayo, ante las dos cámaras parlamentarias rusas, Putin reclamó un papel dominante en la política energética (que el G-8 y la UE bendijeron en San Petersburgo en el mes de julio) basado en dos ideas claras, que la energía y el poder van unidos, y que la energía no es un tema económico, sino de seguridad. A partir de ahí los pasos de Gazprom este verano han sido cada vez más arrogantes: acuerdo con E.ON para prolongar el suministro de gas a Alemania a través de un nuevo gasoducto en el Báltico; alianza con la argelina Sonatrach, cuyos términos se desconocen, pero que va a crear dificultades a las petroleras españolas; acuerdo con Turquía para un nuevo gasoducto; acuerdo con Grecia y Bulgaria para otro gasoducto, a través del Mar Negro y el Egeo; y búsqueda de socios occidentales para explotar los gigantescos yacimientos de Shtokman en el mar de Barents.
Con independencia de que Rusia sea ya el primer productor de petróleo, por encima de Arabia Saudí, cada paso de Gazprom debilita aún más a una UE que en 2006 no ha sido capaz de concretar una política energética común y donde cada Estado va a la suya, sin capacidad de dar una respuesta al hecho de que en pocos años la dependencia del gas ruso alcanzará el 70%. Todo ello también afectará a España, porque Gazprom ya está en Argelia –que nos vende el gas– y en Marruecos.
Este nuevo escenario exige que en la UE y en España se sitúe la seguridad de abastecimiento y la reducción de la intensidad energética entre las prioridades de la política económica y de la política exterior.
Las relaciones externas de la UE han de tener en cuenta la geopolítica de la energía, ya que a medida que Rusia avance, su dependencia energética será mayor. Es necesaria otra planificación, con un mix de transición que incluya todas las fuentes disponibles, incidiendo más en el I+D de nuevas tecnologías autóctonas y la sostenibilidad ambiental. La seguridad de abastecimiento exige también que la UE deje de desempeñar el discreto papel hecho hasta ahora y active una auténtica política energética común y vinculante para los estados miembros.
Para España ha de ser prioritario reducir el consumo de petróleo y dejar de ser el país con la economía más ineficiente, sobre todo en los sectores del transporte, residencial y terciario. Hay que introducir certificados blancos en la fiscalidad energética para que las compañías compitan por el ahorro y no por el mayor consumo. La reducción de la intensidad energética requiere además una política decidida para elevar la cuota de consumo de renovables, que apenas alcanza el 6% y que requiere multiplicar por siete el esfuerzo realizado hasta ahora para llegar al objetivo del 12%. Pero el mercado no ha recibido aún las señales adecuadas, sino todo lo contrario, más barreras que hacen que la industria nacional, líder mundial, mire más al exterior que a su propio país.
La solución a esta situación de debilidad creciente en el escenario energético depende de un primer paso tan sencillo y claro como tener la voluntad política suficiente para afrontarla, algo en lo que Putin y su hija predilecta nos sacan mucha ventaja.
