El futuro de los centros de datos en España abre un nuevo frente entre el Gobierno y la industria. Mientras el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegura que el Ejecutivo quiere atraer más infraestructuras de este tipo bajo un modelo "sostenible, eficiente y soberano", la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) alerta de que el proyecto de regulación energética podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de instalarse en España.
En el centro de la polémica se encuentra el proyecto de real decreto sobre sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos, sometido a audiencia pública por la vía de urgencia y al que podrán presentarse alegaciones hasta el 4 de septiembre.
Entre sus principales medidas figura la obligación de que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de su consumo energético. También se contempla una etiqueta de eficiencia energética e hídrica y requisitos relacionados con la soberanía digital.
SpainDC considera que el diseño, la intensidad y el calendario de las exigencias podrían convertir a España en el país con el marco regulatorio "más restrictivo de la Unión Europea". La asociación presentará alegaciones y reclama "cambios sustanciales" antes de la aprobación definitiva del texto.
Su presidente, Emilio Díaz, advierte especialmente del impacto sobre proyectos que ya han comprometido suelo, financiación, obras, equipos, contratos energéticos o acuerdos con terceros y que dispondrían de apenas seis meses para adaptarse. La patronal sostiene incluso que algunos inversores están empezando a valorar localizaciones alternativas en Europa.
Las previsiones económicas son considerables. El último informe anual de SpainDC estimaba una inversión directa e indirecta acumulada de 66.900 millones de euros entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad. Hasta ahora, la asociación calculaba que un escenario regulatorio restrictivo podía reducir esa cifra un 36%, pero considera que el impacto potencial del nuevo decreto podría ser significativamente mayor.
El Gobierno rechaza, sin embargo, que la regulación suponga un freno. López ha descartado expresamente cualquier moratoria y ha asegurado que España seguirá apostando por ampliar su capacidad de computación. "Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos: los que son sostenibles, eficientes y soberanos", ha afirmado durante el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic, en Santander.
El ministro considera, además, que las renovables constituyen precisamente una de las principales ventajas competitivas españolas para atraer estas inversiones. "Hoy España atrae miles de millones de euros de inversión extranjera porque tiene energía limpia y barata y porque tiene la mejor conectividad del mundo", ha defendido.
El choque se produce mientras el consumo eléctrico asociado a la digitalización y la inteligencia artificial adquiere cada vez mayor peso en la planificación energética. López sostiene que Europa multiplicará por tres o cuatro su capacidad de cómputo durante los próximos años y considera imprescindible que España participe en ese crecimiento.
SpainDC comparte la necesidad de combatir la especulación y liberar capacidad eléctrica reservada por proyectos sin expectativas reales de ejecución, pero reclama distinguirlos de las inversiones maduras mediante criterios como el capital ya comprometido, el avance de los proyectos y el cumplimiento de hitos.
Dos visiones, por tanto, sobre una misma ventaja energética: mientras el Gobierno pretende utilizar las renovables como sello de calidad para convertir a España en referente europeo de centros de datos sostenibles, la industria teme que unas exigencias demasiado rígidas terminen enviando fuera precisamente las inversiones que el país quiere atraer.
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