El pasado uno de marzo, el gobierno dio a conocer un documento de base para un pacto político con los partidos de la oposición titulado "Propuestas para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo". En las páginas 31 y 32 de dicho documento se presenta una combinación de tecnologías para satisfacer la demanda en 2020 que el gobierno propone para alcanzar un acuerdo político sobre el modelo energético.
Considerando por un lado que la ejecución del plan de renovables, que es parte fundamental de dicho modelo, requiere de importantes inversiones primadas, y, por otro, que se ha recrudecido la controversia sobre la necesidad de reducir o eliminar las primas a las renovables, la Comisión de Energía del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid creen conveniente exponer los siguientes criterios alrededor de los cuales debería estructurarse un modelo energético sostenible:
1. Alcanzar un equilibrio optimizado entre la seguridad estratégica del suministro, el impacto económico global, en particular sobre costes de generación y competitividad general, déficit exterior de combustibles y equipos de generación y competitividad de las empresas, principalmente de aquellas para las que la energía es un coste relevante, y la protección del medio ambiente;
2. Analizar los compromisos de España con relación al Acuerdo de Kioto en el contexto anterior y en función del grado de cumplimiento de los demás países, en particular de la UE, para que no lastren nuestra competitividad;
3. Fomentar las energías renovables, si bien con el doble límite de mantener el importe global de las primas dentro de límites asumibles y minimizar sus valores específicos por tecnología. Favorecer los proyectos más competitivos y mantener el apoyo a las renovables mediante una regulación de la tarifa, limitada en el tiempo, con el objetivo de estimular el crecimiento de la curva de experiencia para reducir los costes de inversión y alcanzar en pocos años la paridad de tarifa manteniendo a España en un puesto destacado de liderazgo mundial;
4. Poner en práctica un esfuerzo complementario de I+D, con respecto a la captura y almacenamiento del CO2. El carbón es una fuente autóctona y presenta un gran impacto social;
5. Favorecer un debate objetivo y libre de posicionamientos ideológicos sobre la energía nuclear y su papel en el objetivo de descarbonizar la sociedad, en línea con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y del Comité de Sabios de la UE, que preside Felipe González;
6. Revisar el sistema de casación del mercado mayorista para evitar que dé lugar a precios irreales;
7. Evitar una excesiva divergencia entre los precios mayoristas y los que paga el consumidor final, en particular cuando ello repercute en la competitividad de las empresas. Un aspecto que preocupa es el peso creciente de las tarifas de acceso o peajes, que ya excede del 30% del coste total de la electricidad en muchos casos y que exhibe tasas muy elevadas de crecimiento, en muchos casos del orden del 80% anual.
Como conclusión, además de lo expuesto hay que tener en cuenta que las decisiones de inversión en energía maduran a largo plazo. Para que los agentes del mercado puedan tomar esas decisiones es indispensable que operen en un marco que proporcione seguridad jurídica a largo plazo. Por ello consideramos que un buen modelo energético debe ampliar su horizonte hasta 2030-2050. Resulta imprescindible contar con un marco regulatorio que ofrezca la citada seguridad jurídica a los inversores, no ponga en riesgo inversiones ya realizadas y permita seguir atrayendo capital nacional y extranjero al sector de la generación eléctrica.
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