European Anti Poverty Network (EAPN) es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea. En España, EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) nace en 1991 y se refunda en 2004 como red de ONG comprometidas por la inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Como cada año, ha presentado su informe anual (16º Informe sobre el Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030) que, entre otras cuestiones, evalúa el cumplimiento de las metas y compromisos relacionados con la pobreza y vulnerabilidad que fueron adoptados. El informe complementa los datos Arope (at risk of poverty or exclusion) con la construcción y análisis de otros indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad comúnmente aceptados. A continuación, se analiza el papel redistribuidor del Estado y la vivienda como importante factor de empobrecimiento. Por último, se presentan dos capítulos que analizan en profundidad algunos grupos o aspectos específicos donde la pobreza se expresa con especial intensidad. La pobreza energética es uno de ellos.
La pobreza energética constituye una de las manifestaciones más significativas de la intersección entre pobreza y condiciones de la vivienda. Se refiere a la situación que padecen las personas de un hogar que no pueden acceder a los servicios energéticos esenciales, como la falta de confort térmico, además de disponer de menos renta para otros bienes y servicios. Con todo, la pobreza energética no es un tipo de pobreza específica, sino que es una derivada más de la pobreza. Es, por tanto, una consecuencia más de la falta de ingresos. Este problema se mide habitualmente a través de cuatro indicadores: el gasto desproporcionado en energía y la pobreza energética escondida (gasto insuficiente); y la incapacidad para mantener una temperatura adecuada en invierno junto con los retrasos en el pago de suministros.
Según el informe de EAPN 2026, en 2025 el 20,2 % de las personas en pobreza tuvo retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz o el gas, el triple que entre el resto de la población. Además, este problema aumenta cuanto mayor es la intensidad de la pobreza, de forma que más de una de cada cuatro personas en pobreza severa tuvo estos retrasos en 2025 (el 26 %), casi diez puntos más que el resto de personas en pobreza (16,1 %) y el doble que las próximas a la pobreza (12,8 %). Por su parte, el porcentaje de personas en pobreza que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno en 2025 es del 28,3 %, lo que supone un segundo año de mejora respecto al dato de 2023 cuando se registró su punto más alto en toda la serie (34,2 %). Aun así, la prevalencia de este problema es más del doble entre quienes viven con ingresos inferiores al umbral de pobreza que entre el resto de la población (12,9 %).
Así, la pobreza energética se ha convertido en un problema estructural debido al aumento de los precios de la energía, que unido a la menor capacidad económica de muchas personas, ha incrementado la vulnerabilidad a la pobreza energética de muchos hogares. Dos de cada cinco personas en pobreza (20,2 %) mantiene retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz y el gas, y más de una de cada cuatro personas en pobreza no pueden calentar su vivienda en invierno (28,3 %).
Bono social
El bono social se ha extendido los cinco últimos años, de forma que ha pasado de recibirlo el 16,9 % de la población en pobreza en 2021 a hacerlo el 24,6 % en 2025, lo que supone un aumento de 7,7 puntos porcentuales. Es decir, el acceso al bono social ha aumentado de forma sostenida entre 2021 y 2025. En términos absolutos, esto equivale a 2,3 millones personas en pobreza que accedieron al bono social en 2025. Entre la población que no está en pobreza, el porcentaje también ha crecido —del 7,0 % al 10,2 %, un aumento de 3,2 puntos— de modo que llega a 4,0 millones de personas. En conjunto, más de 6,3 millones de personas se beneficiaron de esta medida en 2025, lo que supone el 13,0 % de la población total, 3,9 puntos más que en 2021. El bono social llega a una menor proporción de personas en pobreza severa (al 22,8 % en 2025) que del resto de población en pobreza (25,8 %).
Rehabilitación de viviendas
Las familias con menos recursos afrontan mayores dificultades a la hora de llevar a cabo la rehabilitación energética de sus viviendas. Así, más de dos de cada cinco personas en pobreza (41,5 %) necesitan acometer mejoras en el aislamiento térmico o en el sistema de calefacción y no las han realizado. El elevado importe que suponen estas reformas es el principal motivo para no llevarlas a cabo. Así lo señala el 83,6 % de las personas en pobreza que no han hecho mejoras de rehabilitación de sus viviendas y el 74,5 % del resto de la población.
