La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó el pasado 17 de junio el "informe del Comité de análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril", o sea, el informe del Ministerio. Aagesen dijo que el documento en cuestión contenía "información anonimizada" a petición de los agentes del sector implicados en el apagón. Los datos "aparecen omitidos -explicaba ese día la ministra-, en aras de proteger los derechos y las garantías de todos, y conforme al principio de la confidencialidad, y en la mayor parte de las ocasiones a petición expresa de los actores". Así que en el informe figuran únicamente "los datos -reconocía- que los operadores nos han permitido exponer tras las solicitudes formuladas".
Lo que hace ese informe en todo caso es, grosso modo, no mojarse. O repartir culpas: "faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia [ahí señala a Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico nacional, responsable de esa programación], bien porque las que estaban programadas [ahí señala a las compañías eléctricas] no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma... O una combinación de ambas [empate], pero lo que sí podemos afirmar hoy es que había parque de generación disponible suficiente para responder". O sea, que hay centrales hidroeléctricas, nucleares y de gas suficientes en España como para responder a problemas de tensión, pero que no respondieron.
[Bajo estas líneas, a la derecha, otro fragmento, en este caso de la página 35, del informe del Ministerio, al que se puede acceder aquí]
La ocultación de información va más allá del pretexto de la confidencialidad. La propia ministra Aagesen hizo el pasado día 17, en el marco de la presentación del informe, varios comentarios sobre el particular: "este es un trabajo que nos ha permitido ver cuál es la sucesión de los hechos, con el mejor conocimiento disponible, y que nos ha permitido llegar a un diagnóstico. Dicho esto -añadía Aagesen-, es un análisis complejo, delicado, donde hemos identificado también datos contradictorios. Hemos identificado datos incompletos y también nos hemos encontrado con información que finalmente no ha llegado".
Horas después, en la mañana del día 18, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y la directora de Operación de la compañía, Concha Sánchez, presentaban su correspondiente informe sobre "el incidente en el sistema eléctrico peninsular el 28 de abril de 2025". El informe de REE también "reparte" culpas, pero las reparte entre las compañías eléctricas, a las que tampoco identifica. "No puedo compartir con ustedes esa identificación -decía el día 18 la directora de Operación de REE- porque estoy sujeta a la confidencialidad que me marca la normativa".
Concha Sánchez, directora de Operación de Red Eléctrica
«Estamos sometidos a obligaciones de confidencialidad, de confidencialidad marcada por la normativa respecto a datos de terceros y de la confidencialidad que también nos han exigido esos terceros en sus comunicaciones (...).
Nosotros hemos dado autorización para que nuestros análisis, nuestros datos, el nombre de nuestra compañía aparezca en los informes de los reguladores. Y no solo esto, también hemos compartido, vuelvo a repetir, estos registros cada 20 milisegundos con los sujetos que nos los han solicitado.
No hemos podido compartir información que implicaba terceros por las obligaciones de confidencialidad.
Desconozco si otros han actuado o los motivos que les han llevado a actuar de otra manera»
La presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, iba más allá: "el operador del sistema, ejerciendo sus funciones, ha solicitado la entrega de los datos relativos a sus operaciones el día del incidente a los agentes del sistema. En cuanto los han facilitado, que no ha sido siempre, a pesar de que deben hacerlo en cumplimiento de la obligación, lo han hecho especificando su carácter de confidencial. Este carácter de confidencial se nos ha reiterado en cada una de las informaciones parciales que hemos recibido, y también por procedimientos como por ejemplo burofax. Y les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable y no ha sido tan completa como hubiera sido deseable. Desconocemos si esa información se ha hecho llegar a otras instancias y autoridades".
Es decir, que tanto el Ministerio (Gobierno de España) como el operador del sistema eléctrico nacional (la empresa REE) se han quejado de "datos contradictorios", "datos incompletos" e "información que finalmente no ha llegado" (Aagesen) y, así mismo, se han quejado también explícitamente de que "no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable y no ha sido tan completa como hubiera sido deseable" (Corredor).
Ambos agentes -Gobierno y Operador- han recalcado además que los demás agentes del sistema (las compañías eléctricas) han exigido ese ocultamiento de identidades "en cada una de las informaciones parciales que hemos recibido, y también por procedimientos como por ejemplo burofax" (Corredor, 18 de junio).
¿Y BlackRock?
Pues BlackRock es un fondo de inversiones estadounidense que es accionista principal en Iberdrola, en Endesa (que es propiedad de Enel), en EDP y en Red Eléctrica. Es decir, que no sería descabellado plantear que BlackRock es el único agente del sector eléctrico nacional que tiene toda la información referida al apagón: la que tiene el Gobierno (que ha salido del operador y de las compañías), la que tiene REE y la que tienen todas las eléctricas implicadas en el cero energético del pasado día 28 de abril. Toda la información, en fin: la información que han compartido pero que quieren que sea confidencial; y la información que presuntamente no habrían compartido y que echan de menos tanto REE como el Gobierno.
Otros agentes del sector no presentes en las crónicas periodísticas que podrían tener acceso a toda o parte de esa información (información que echan de menos el Gobierno de España y el operador del sistema eléctrico nacional) serían el Gobierno de Italia (principal accionista de Endesa, que es propiedad de Enel), el Gobierno de Catar, que es accionista de referencia en Iberdrola, y el Gobierno de China, que es el principal accionista de EDP.
Los gobiernos de Noruega y Argelia también son accionistas de varias de las empresas eléctricas citadas (a través de Norges Bank y Sonatrach).
La asociación de empresas de energía eléctrica, aelec, de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP ha convocado hoy una rueda de prensa para dar su versión de los hechos. Allí estará Energías Renovables.
Nota
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. El segundo mayor accionista de Enel es BlackRock.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
Los principales accionistas de Repsol, compañía que también opera en el sector eléctrico (con parques eólicos y centrales de gas, entre otras instalaciones de generación), son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Acciona (que es la propietaria de Acciona Energía) son Tussen de Gracthen BV (29,02%), Wit Europesse Investering BV (26,10%) y el fondo estadounidense BlackRock Inc (3,23%). Las dos primeras sociedades están controladas por varias líneas de la familia Entrecanales. Tussen de Gracthen significa entre los canales en holandés.
El principal accionista de Redeia (la matriz de Red Eléctrica) es el Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (que cuenta con un 20% de las acciones). Amancio Ortega controla el 5% a través de Pontegadea. BlackRock controla otro 4,64%, y es el tercer mayor accionista.
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