Los países de la Unión deben adoptar y publicar estos planes cada cuatro años y tenían hasta el pasado 5 de enero para presentar la última actualización, un plazo que España y Francia han incumplido y por el que Bruselas ha iniciado ahora sendos procedimientos de infracción.
Según explica el Ejecutivo comunitario en un comunicado, estos documentos deben detallar las medidas previstas para prevenir, prepararse y mitigar el impacto de posibles crisis eléctricas provocadas, entre otras causas, por fenómenos meteorológicos extremos, ataques maliciosos o escasez de combustible.
Los planes se elaboran a partir de escenarios de riesgo nacionales y regionales ante situaciones que pueden tener efectos transfronterizos y afectar simultáneamente a varios países, como olas de frío o calor y ciberataques (el apagón del 28A afectó a Portugal, España y zonas del sur de Francia).
La apertura del expediente se materializa con el envío de una carta de emplazamiento que da a las autoridades españolas un plazo de dos meses para responder y comunicar a Bruselas la actualización pendiente.
La Comisión Europea ha dado el mismo paso contra Francia y ha enviado además una carta de emplazamiento adicional a Bélgica, que ya fue apercibida el pasado mes de marzo por no haber notificado una modificación anterior de su plan ni presentado el borrador para consulta.
Bruselas recuerda que, de no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo fijado, podrá avanzar a la segunda fase del expediente con el envío de un dictamen motivado.
