Lo ha dicho la presidenta de aelēc, Marina Serrano, que considera que, ahora mismo, y, "a pesar de las tensiones en el gas, el mercado eléctrico está registrando precios mucho más competitivos. No tiene sentido responder a una crisis del gas interviniendo un mercado eléctrico que está funcionando y que es el que está amortiguando su impacto". Las declaraciones de Serrano llegan apenas unas horas después de que la Alianza por la Competitividad de la Industria Española hiciese público, ayer, un informe en el que sostiene que, a partir de la evolución y los futuros de los mercados TTF (gas) y OMIE (electricidad), el encarecimiento del gas y de la electricidad desde el inicio de la crisis podría generar un sobrecoste energético de casi 7.400 millones de euros para la industria manufacturera española desde el inicio del conflicto y hasta final de año. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española es una entidad que está integrada por la patronales de los combustible (AICE), la automoción (Anfac), el papel (Aspapel), el sector químico-farmacéutico (Feique), alimentación y bebidas (FIAB), las cementeras (Oficemen), la minería (Primigea, materias primas minerales), los componentes del sector de la automoción (Sernauto) y la siderurgia (Unesid).
El precio de la electricidad ha alcanzado este verano cotas no vistas desde el año 2022: el megavatio hora ha rondado los 300 euros en algunas franjas horarias nocturnas, cuando la aportación de energía solar al mix eléctrico cae y entran a operar las centrales de ciclo combinado, que queman gas natural -metano- para generar electricidad. El precio medio aritmético en el mercado diario en España en los meses de julio y agosto del 26 ha estado por encima o muy por encima del precio medio aritmético en el mercado diario español en los meses de julio y agosto del 23, 24 y 25 (hasta un +70% este mes de agosto con respecto al del año pasado).
La Alianza de las grandes patronales españolas planteaba ayer la necesidad de que las autoridades competentes adopten "medidas urgentes y de mayor calado que las activadas hasta el momento, considerando que el precio del gas ha superado la plataforma de los ochenta euros por megavatio hora (80€/MWh) y el mercado diario de la electricidad ha registrado una media cercana a 150€/MWh en lo que llevamos de septiembre (frente a los 61 €/MWh del mismo mes del año anterior)".
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, en la que están integradas las compañías que más centrales de ciclo combinado tienen en España (Endesa, Iberdrola y EDP) no piensa lo mismo. Hoy, tres de cada cuatro consumidores españoles -ha destacado la presidenta de aelēc, Marina Serrano, están a precio fijo, "precisamente para protegerse frente a la volatilidad y tener certidumbre sobre el coste de su electricidad. No podemos cambiar las reglas cuando llega un episodio de tensión y alterar las decisiones de quienes han optado por protegerse mediante un precio fijo”.
Según Serrano, el mecanismo de la excepción ibérica "supone que una parte muy mayoritaria de los consumidores, los que están en el mercado libre y en gran medida a precio fijo, asuman un mayor coste para reducir el precio de los consumidores directamente expuestos al mercado. Es decir, podemos acabar subiendo el coste al 75% de los consumidores para reducirlo al 25% restante. Ese efecto distributivo -asegura la presidenta de aelēc- debe ponerse encima de la mesa antes de plantear una intervención”.
Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica: “la excepción ibérica nació como una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria y bajo unas condiciones específicas establecidas por Europa. Hoy en España no se cumplen estas condiciones. Europa impuso unas condiciones específicas para justo evitar una intervención excepcional cada vez que se produce una tensión energética. Si existen sectores o consumidores especialmente afectados, habrá que estudiar medidas específicas y focalizadas, pero preservando el funcionamiento del mercado eléctrico, sus señales y la seguridad jurídica”
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española sostiene por su parte que el impacto del encarecimiento del gas se ha intensificado progresivamente desde el inicio de la crisis. Según sus cálculos, y tomando como referencia el precio medio registrado en febrero, antes del recrudecimiento del conflicto, la industria manufacturera española habría soportado un sobrecoste acumulado cercano a los 1.450 millones de euros entre marzo y agosto, para un consumo industrial de gas superior a 78 teravatios hora, TWh.
Las previsiones para el último cuatrimestre del año que manejan en la Alianza apuntan a un escenario "todavía más preocupante". Según las patronales de la industria nacional, "considerando los futuros cotizados a 15 de septiembre y una demanda estimada de 57 TWh, el sobrecoste adicional podría alcanzar -estiman- los 2.770 millones de euros, elevando el impacto total del gas hasta cerca de 4.220 millones de euros desde el inicio del conflicto".
La evolución del precio de la electricidad reflejaría una tendencia similar. Entre marzo y agosto, el diferencial de precios respecto al mismo periodo de 2025 habría generado un sobrecoste de aproximadamente 888 millones de euros para la industria manufacturera.
Sin embargo, el mayor impacto -alerta la Alianza de la industria- se concentraría en los últimos meses del año. Según las estimaciones que maneja la industria española, realizadas a partir de los precios de futuros y de los patrones históricos de consumo industrial, el sobrecoste asociado al suministro eléctrico podría superar los 2.287 millones de euros entre septiembre y diciembre, lo que situaría el impacto acumulado de la electricidad en torno a 3.175 millones de euros en 2026.
En conjunto, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española estima que gas y electricidad podrían representar una carga adicional cercana a los 7.400 millones de euros para la industria española durante el ejercicio.
Este jueves, en un encuentro convocado con los agentes sociales para hacer seguimiento del impacto del conflicto en Irán y abordar la continuidad de la protección a familias y empresas más allá del 30 de septiembre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, limitar alquileres y gravar el refino ante el impacto de la guerra de Irán, mientras que los sindicatos han abogado por recuperar la excepción ibérica.
