La Ley supone, según Moncloa, "una profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y un nuevo paso en la modernización de la economía española". El fin que persigue esta ley es, según el gobierno, "mejorar la posición de salida de la crisis y reorientar la actividad económica hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles".
Según el presidente, los cuatro aspectos fundamentales de la Ley son: “mejoras en el marco regulador de la actividad económica; medidas en el ámbito energético y el impulso a la sostenibilidad ambiental; medidas de normalización y racionalización del sector de la vivienda y medidas de fomento a la innovación y mejora de la formación”.
La Ley se complementa con la inclusión de dos fondos de financiación e inversión en actividades clave para el desarrollo de la economía sostenible, operativos desde enero: el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con cinco mil millones de euros y el Fondo de Economía Sostenible de veinte mil millones.
Durante la rueda de prensa posterior al consejo, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado asimismo que “tenemos que seguir impulsando aquellos sectores empresariales innovadores, competitivos, que generan alto valor añadido”. Entre ellos, Zapatero ha citado los sectores de “las energías renovables, de la biotecnología, el agroalimentario, el de la innovación del automóvil y el aeronáutico”.
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