"Que una ley avalada socialmente, aprobada sin voto alguno en contra y demostrada efectiva durante más de diez años pueda ser desmantelada de esta manera envía un mensaje muy grave a la ciudadanía: envía el mensaje de que incluso los consensos sociales más amplios pueden quedar subordinados a los intereses económicos de las grandes empresas". Lo dice la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), que denuncia que el Tribunal Constitucional "vuelve a limitar la capacidad de Catalunya para legislar y proteger derechos sociales ante una emergencia que sigue afectando a miles de hogares vulnerabilizados". El TC -concluye la Alianza- deja a miles de hogares catalanes "desprotegidos ante los cortes de suministro".
La Ley 24/2015 del Parlament de Calalunya ha demostrado ampliamente su eficacia, según la APE. Solo durante sus primeros cinco años -concretan desde la Alianza- ha permitido evitar más de 200.000 cortes de suministro, protegiendo así a cientos de miles de personas de una situación de vulnerabilidad extrema. "Hablamos de una ley pionera que ha salvado vidas y que ha sido una herramienta imprescindible frente a un modelo energético injusto, especulativo y en manos de pocas empresas que acumulan beneficios millonarios mientras muchas familias -advierte APE- no pueden garantizar el acceso a servicios básicos como la luz, el agua o el gas".
Pero la fuerza de la Ley 24/2015 no sólo se refleja en las cifras de cortes evitados, según esta oenegé. "Gracias a la presión social y a la capacidad organizativa de los movimientos sociales -recuerdan desde la Alianza-, esta ley también permitió forzar a grandes empresas como Endesa y Agbar a firmar convenios que incorporaban mecanismos de condonación de la deuda". APE estima que en el caso de Endesa "alrededor de 41.000 hogares catalanes se han beneficiado de estas medidas; estos datos evidencian que la ley no sólo es necesaria, sino que ha funcionado y obligado a las grandes suministradoras a asumir su responsabilidad ante la pobreza energética".
La Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia
«El Tribunal Constitucional ignora deliberadamente el contexto político, social y democrático en el que nació esta norma. La Ley 24/2015 es una conquista colectiva impulsada por los movimientos sociales a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) que recogió más de 150.000 firmas y que se aprobó por unanimidad en el Parlament de Catalunya. Que una ley avalada socialmente, aprobada sin voto alguno en contra y demostrada efectiva durante más de diez años pueda ser desmantelada de esta manera envía un mensaje muy grave a la ciudadanía: que incluso los consensos sociales más amplios pueden quedar subordinados a los intereses económicos de las grandes empresas. Las consecuencias de esa decisión no son abstractas ni simbólicas. El Tribunal Constitucional toma una decisión jurídica con efectos muy concretos sobre la vida de las personas: familias que pueden permanecer sin luz, agua o gas»
La Aliança contra la Pobresa Energètica recuerda en su comunicado el caso de Rosa Pitarch, una mujer de avanzada edad, residente en Reus (Tarragona), que murió después de que le cortaran el suministro eléctrico. Rosa dejó de pagar, Gas Natural cortó el suministro, la mujer se quedó sin electricidad, comenzó a usar velas... y el resto es historia: historia triste de un incendio por la noche, la huida precipitada de una mujer anciana, un tropiezo y el final: muerte por asfixia (sucedió en 2016).
"En pleno 2026, es inadmisible que haya personas obligadas a elegir entre comer o encender la calefacción mientras las grandes energéticas siguen incrementando sus beneficios", denuncia la Alianza.
Según los datos facilitados por la APE, ahora mismo, en Catalunya hay 197.867 hogares que disponen de bono social y que, por tanto, están protegidos frente a los cortes en caso de impago. "Sin embargo -alertan-, esta protección depende de la moratoria estatal, el llamado escudo social, que si nada cambia finaliza el 31 de diciembre de 2026".
Además, varios estudios alertan de que el bono social no llega ni de lejos a todos los hogares que lo necesitan: cerca del 80% de las personas potencialmente beneficiarias no acceden.
"Esto significa -advierte APE- que decenas de miles de familias protegidas por la 24/2015 en situación de vulnerabilidad pueden quedar completamente desprotegidas ante esa sentencia".
La Alianza apela a saber cuántos de los hogares protegidos hasta ahora por la Ley 24/2015 no disponen de bono social. Esta información -denuncia-, hoy, no es pública, lo que aumenta aún más la preocupación ante las consecuencias que esta resolución puede tener sobre miles de familias.
"Se trata de un retroceso en derechos ya conquistados".
La Aliança contra la Pobresa Energètica reclama, habida cuenta de todo ello, una respuesta conjunta, desde todas las administraciones, ante este nuevo escenario y definir las vías necesarias para seguir protegiendo los hogares vulnerabilizados.
"Las administraciones no pueden limitarse a lamentar la sentencia: son necesarias medidas urgentes y contundentes para evitar que esta decisión se traduzca en nuevos cortes de suministro, más exclusión y más sufrimiento social".
APE tambieén exige que las empresas energéticas asuman la corresponsabilidad que establece la ley y dejen de trasladar el coste de la pobreza energética a las familias y servicios sociales municipales.
"La pobreza energética no es un problema individual, sino una consecuencia directa -sostienen- de un modelo energético profundamente desigual que prioriza los beneficios privados por encima de los derechos básicos de la población".
La Alianza contra la Pobreza Energética y otras entidades sociales difunden el mensaje de que el acceso a la energía sea garantizado como derecho y no tratado como un privilegio: "no aceptaremos ningún retroceso en derechos ni que miles de hogares queden desamparados ante los abusos de las grandes compañías suministradoras".
