El Gobierno ha anunciado que quiere avanzar "en el progreso de las instalaciones renovables excelentes" con el lanzamiento de cuatro consultas públicas previas (CPPs) a partir de las que diseñará una nueva regulación derivada del reciente Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Esta norma, y entre otras medidas estructurales para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados, no solo aumenta la velocidad de la transición energética, según el Ministerio, sino que además incrementa los beneficios que esa transición proporciona "a toda la sociedad, especialmente a las comunidades cercanas a las plantas de producción de energía renovable".
El Real Decreto-ley 7/2026, que viene a transponer la Directiva 2023/2413 (conocida como DER III), regula las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), que son definidas por el Ministerio como "áreas especialmente adecuadas para las centrales de renovables y las infraestructuras requeridas para su conexión a la red o para el almacenamiento" (zonas especialmente adecuadas -apuntan desde Transición Ecológica- "por no preverse en ellas un impacto ambiental significativo"). Según el Ministerio, serán prioritarios (para la instalación de parques renovables) los suelos industriales y urbanizados, así como los terrenos degradados, como vertederos, minas y canteras, entre otros, que ya hayan experimentado transformaciones relevantes.
Artículo 15 del RDL 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio
15.2. Se priorizarán para la designación de ZAR las siguientes áreas:
a) Suelos industriales, urbanizados o artificiales, incluyendo cubiertas industriales y comerciales y aparcamientos.
b) Áreas degradadas, vertederos, canteras, y minas clausuradas.
c) Corredores e infraestructuras energéticas o de transporte ya existentes.
RD para ZAR
El desarrollo de las Zonas de Aceleración de Renovables (zonas ZAR) requiere -explican desde el Ministerio- la promulgación de un Real Decreto que
(1) fije los criterios y los plazos para que las comunidades autónomas puedan designarlas, que
(2) permita la redacción de un catálogo estatal de medidas de mitigación obligatorias, y que
(3) determine el efecto de la ZAR sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y sobre una tramitación simplificada y preferente, entre otros aspectos, como la contribución al cumplimiento de los objetivos de energía y clima.
La consulta pública previa (CPP) para elaborar este Real Decreto puede consultarse aquí.
Beneficios a los territorios próximos
EL RDL 7/26 también obliga a las grandes centrales a trasladar beneficios a los territorios de sus proximidades, más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales o de cotización, de acuerdo con las recomendaciones del reciente Grid Package (paquete de redes) de la Comisión Europea.
Y otra de las consultas, disponible aquí, servirá para elaborar una Orden ministerial al respecto.
Así, se pregunta sobre qué constituye un retorno de beneficios válido, sobre cómo debe definirse el ámbito territorial beneficiado, sobre cuáles han de ser los parámetros de medición, acreditación y verificación de los beneficios, sobre los requisitos de los procesos de participación ciudadana…
Los patrones de la excelencia social y territorial
Otra de las CPP, disponible aquí, es relativa a una Orden ministerial para regular un estándar de excelencia social y territorial para los proyectos de renovables, almacenamiento y redes "que acrediten elevado nivel de implicación social, impacto económico positivo y calidad ambiental en el diseño y la operación".
El cumplimiento del patrón que se determine, de carácter voluntario, otorgará ventajas a la hora de obtener permisos de acceso y conexión, participar en concursos del Régimen Económico de Energías Renovables o ser declarado proyecto estratégico.
"En consecuencia -explican desde el Ministerio-, se pregunta sobre los criterios mínimos que deben cumplirse, más allá de los legalmente vinculantes, para obtener el estándar –creación de empleo y actividad económica, implicación ciudadana, lucha contra la pobreza energética…–, sobre el procedimiento de acreditación del estándar o sobre los términos en que el estándar podrá considerarse meritorio y otorgar ventajas".
Finalmente, la cuarta CPP, disponible aquí, está directamente ligada a la excelencia de los proyectos y se circunscribe a los de biometano, tecnología -avanza Transición Ecológica- que podría sustituir más de un 10% de la importación de gas fósil, algo especialmente relevante allí donde las alternativas para descarbonizar son más costosas.
Por consiguiente, el RDL 7/26 emplaza a fijar objetivos obligatorios de biometano en sectores diferentes al transporte, con un sello de excelencia social, territorial y ambiental. La CPP pregunta sobre los criterios para obtener el sello, sobre los mecanismos de seguimiento y renovación periódica y otros elementos.
Las cuatro CPP están abiertas a las aportaciones de los interesados hasta el próximo 15 de mayo.
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