El encuentro ha reunido a técnicos del Gobierno autonómico, de la Secretaría de Estado de Energía y del Operador del Sistema (Red Eléctrica), agentes todos los cuales han coincidido en que la próxima Planificación de la red eléctrica nacional debe orientarse sobre todo a desarrollar tejido industrial. Groizard y Gómez han destacado (y valorado positivamente) el hecho de que, en esta propuesta (la presentada a pública audiencia el pasado viernes por el Ministerio), la práctica totalidad del aumento de los accesos para demanda en el territorio se destinará a permitir el desarrollo de grandes proyectos industriales, a descarbonizar la industria existente –la cementera en particular– o al hidrógeno verde, así como a reforzar las infraestructuras de distribución, claves para la vertebración del territorio y combatir la despoblación.
Además, la planificación también prevé un aumento de las instalaciones de energía limpia y de almacenamiento, "claves para aumentar las oportunidades socioeconómicas ligadas a la transición energética".
Caso Castilla La Mancha
La propuesta plantea actuaciones en cerca de 40 subestaciones y en más de 200 posiciones de la red. Entre ellas se incluyen 14 nuevas subestaciones y el refuerzo del polo industrial de Puertollano, las zonas de Romica, Henares, Noblejas, Ocaña, Manzanares y el cierre de la denominada Estrella Manchega. "Castilla-La Mancha, por su condición geográfica central, mantendrá -explican desde el Ministerio- su condición de elemento clave del sistema eléctrico".
La propuesta inicial de Planificación con horizonte 2030, sobre la que pueden presentarse alegaciones y comentarios hasta el próximo 6 de octubre, ha sido "elaborada -informa el Ministerio- siguiendo criterios técnicos en base a las aportaciones presentadas en la fase de propuestas, así como las prioridades del Ejecutivo castellanomanchego". El documento se someterá a consulta pública tras esta primera ronda de encuentros autonómicos y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación.
Una vez recogidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental del conjunto de propuestas presentadas, teniendo en cuenta los principios rectores de la Planificación.
El resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.
El Ministerio contextualiza
«El pasado 12 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó las líneas maestras de la primera propuesta de Planificación, que prevé una inversión superior a los 13.500 millones de euros. Las aportaciones recibidas en la elaboración de la propuesta evidencian el interés por materializar en España todo tipo de proyectos, gracias a la competitividad de los precios energéticos que proporciona la alta penetración de renovables en el sistema eléctrico»
Según la información facilitada por Transición Ecológica, desde 2020 se han otorgado derechos de acceso a las redes para proyectos de demanda de energía (industria, vivienda, centros de datos, vehículos eléctricos…) que suman más de 43.000 megavatios, un volumen superior al de la demanda máxima del país (38.200) en 2024.
En el proceso de elaboración de la propuesta de planificación, se han recibido muchas más peticiones de acceso a las redes.
El Ministerio ha explicitado su intención de que el incremento de capacidad de las infraestructuras previsto en la propuesta de Planificación permita materializar "los mejores proyectos, aquellos que aporten más beneficios socioeconómicos con el menor impacto ambiental". A la par -añaden desde Transición Ecológica-, quiere evitar que los consumidores experimenten una subida de las facturas eléctricas asociada al mayor tamaño de las redes si no van ligadas a proyectos efectivos y reales de demanda (las redes son costeadas por los usuarios de la electricidad, por lo que un crecimiento de las mismas sin que ello entrañe crecimiento real de demanda -los proyectos industriales anunciados pueden no materializarse- podría suponer que el incremento en el coste -más kilómetros de redes- acaban afrontándolo los mismos usuarios antes atendidos por menos kilómetros de red).
Así -apuntan desde Transición Ecológica-, tras un análisis detallado de las peticiones de acceso recibidas, la propuesta inicial de planificación del Ministerio estima atender demandas por 27,7 gigavatios para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 gigavatios de apoyo a las redes de distribución, cifra que puede redundar en una capacidad mayor en estas redes en función de la configuración en cada caso. A este volumen de capacidad (en total, 33 GW, o 33.000 megavatios), equivalente al 85% de la demanda máxima actual (los susodichos 38,2 GW), se le añadirá progresivamente la capacidad que se libere cuando caduquen, a los cinco años de haber sido otorgados, los derechos de acceso concedidos desde 2020 a grandes proyectos que no hayan logrado ejecutarse.
