La vicepresidenta del Gobierno y ministra Sara Aagesen ha presentado las líneas maestras de la propuesta, que contempla 13.590 millones de euros de inversión hasta final de la década, muy por encima de los 8.200 millones previstos en la planificación vigente (2021-2026). El objetivo es cubrir el crecimiento de la demanda, cumplir los compromisos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec 2023-2030) y dar prioridad a los proyectos industriales que se instalen en el país.
Demanda creciente y nuevo perfil de consumo
A diferencia de las planificaciones anteriores, centradas en la conexión de generación renovable, el motor de la próxima será la demanda. Según el Miteco, el 41% de las solicitudes de acceso corresponden a consumo eléctrico, frente al 40% de generación y al 19% de almacenamiento. El número de peticiones se ha multiplicado por cinco y responde a proyectos de mayor tamaño, desde grandes polos industriales hasta centros de datos.
La propuesta contempla 422 nuevas ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte, 84 para agentes especiales como ADIF o puertos y 196 para apoyar la distribución), que permitirán atender:
Generación renovable y almacenamiento
El atractivo del país para la generación renovable sigue en aumento. Las solicitudes de nueva capacidad superan ampliamente las previsiones del Pniec: 60 GW de eólica (el doble de lo previsto), 150 GW de fotovoltaica (cinco veces más) y más de 100 GW de almacenamiento, que multiplican por nueve los objetivos oficiales.
La planificación incluye actuaciones de refuerzo en un 21% de la red y nuevos ejes para cohesionar el territorio, con especial atención a zonas rurales. Además, se prevé integrar 6,6 GW de hidroeléctrica reversible, reduciendo los vertidos de energía al 3,3% a final de década.
Nuevos límites de inversión y control reforzado
El Proyecto de real decreto plantea incrementar los límites de inversión de las redes con cargo al sistema eléctrico: 3.600 millones adicionales en transporte y 7.700 millones en distribución. Estas inversiones se orientarán a reforzar la red, incorporar tecnologías inteligentes, compartir infraestructuras de evacuación y mejorar la protección ambiental, incluida la avifauna.
Las distribuidoras deberán someter sus planes a consulta previa, publicar los proyectos aprobados y rendir cuentas de su ejecución. El texto contempla penalizaciones para las empresas que no cumplan sus objetivos: pérdida parcial o total de la inversión incremental si no alcanzan un mínimo de ejecución o no presentan sus informes anuales.
Impacto económico y en la factura eléctrica
El Ejecutivo insiste en que el despliegue de infraestructuras debe hacerse manteniendo precios competitivos para los consumidores, con el doble objetivo de contener el impacto en la factura y reforzar el atractivo inversor del país. La mayor penetración de renovables seguirá reduciendo los costes de la energía, mientras que el refuerzo de redes permitirá absorber la nueva demanda sin cuellos de botella.
Además, la inversión prevista tendrá un efecto dinamizador sobre la economía y el empleo. Según cálculos del sector, cada millón de euros invertido en redes genera 1,27 millones en Valor Añadido Bruto y multiplica por 20 la creación de puestos de trabajo, lo que refuerza la visión del Gobierno de la transición energética como motor económico.
Plazo de participación
El Proyecto de real decreto puede consultarse en la página web del MITECO y estará abierto a aportaciones hasta el 6 de octubre.
(("Habrá ampliación"))
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