Según fuentes cercanas a los acreedores internacionales, consultadas por La Razón, cualquier operación económica vinculada a la presencia española en el torneo podría ser objeto de seguimiento y eventual embargo. "Vamos a vigilar al centímetro toda la operativa", advierten, en referencia a las siete sentencias pendientes de pago que han obtenido en distintas jurisdicciones estadounidenses.
Una ofensiva legal en nueva fase
La estrategia de los fondos afectados ha entrado en una etapa más agresiva tras lograr que varios laudos arbitrales sean reconocidos en Estados Unidos como sentencias plenamente ejecutables. Este paso abre la puerta a mecanismos judiciales que permiten rastrear activos del Estado español y, llegado el caso, embargarlos.
En este contexto, empresas vinculadas a la organización logística de la selección española ya han recibido requerimientos judiciales. Según recoge el diario económico Expansión, entre ellas figuran la marca que viste a la Selección, Adidas, el operador logístico Rock-it Cargo y la cadena hotelera Hilton, que gestiona el alojamiento previsto del equipo en Chattanooga (Tennessee).
El objetivo de estos requerimientos es identificar flujos económicos relacionados con servicios como transporte, material deportivo, alojamiento o uso de instalaciones, susceptibles de ser bloqueados o embargados.
La preparación de la selección, bajo escrutinio
El dispositivo de vigilancia alcanza también a las infraestructuras elegidas por la selección. El hotel Embassy Suites de Chattanooga, así como las instalaciones deportivas de Baylor School -donde el equipo dirigido por Luis de la Fuente planea entrenar durante al menos tres semanas- han sido incluidos en las solicitudes de información.
Este nivel de detalle responde al minucioso rastreo que los acreedores han realizado sobre las relaciones comerciales de organismos como la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes.
Un calendario que agrava el riesgo
La situación se complica por el calendario deportivo. España debutará el 15 de junio, y sus dos primeros encuentros de la fase de grupos -ante Cabo Verde y Arabia Saudí- se disputarán en Estados Unidos, concretamente en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.
El hecho de que gran parte de la actividad de la selección se desarrolle en territorio estadounidense incrementa las probabilidades de que los acreedores intenten ejecutar embargos, aprovechando la jurisdicción favorable.
Una deuda millonaria
España acumula siete casos con resoluciones favorables a los inversores: NextEra (290,6 millones de euros), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), Watkins (79,5 millones), RREEF (74 millones), 9REN (44 millones), Cube (40,2 millones) e InfraRed (35 millones).
En conjunto, la deuda asciende a 688,4 millones de euros, una cifra que sigue creciendo debido a los intereses de demora.
Incertidumbre en el horizonte
Aunque por el momento no se ha producido ningún embargo efectivo, la amenaza introduce un elemento de incertidumbre en la participación española en el Mundial. Más allá del terreno de juego, el equipo nacional podría verse envuelto en una compleja batalla legal internacional que trasciende lo deportivo y pone el foco en las consecuencias económicas de decisiones energéticas adoptadas hace más de una década.
