La transición energética europea depende de recursos intangibles como el sol y el viento, pero para aprovecharlos se precisan tecnologías cuyo "combustible" es tan sólido como la roca que los oculta en la corteza terrestre: litio, níquel, cobalto, cobre y tierras raras, entre otros, son solo algunos de los recursos indispensables para la fabricación de tecnologías bajas en carbono. El problema es que hoy su disponibilidad está concentrada en un puñado de países terceros -con China, Turquía o Chile como ejemplos-, una dependencia que el Tribunal de Cuentas Europeo califica de "peligrosa" por sus implicaciones económicas y geopolíticas.
La transición energética, viene a decir el Tribunal, no solo se decide en parques eólicos y tejados solares, sino también en las minas, fundiciones, plantas de procesado y cadenas de reciclaje que todavía no están listas para el sprint final de la década y que aún permanecen en países remotos en los que hay que picar muy profundo y con mucha ambición para alimentar la demanda mundial de estos materiales. Y muchas veces se hace en condiciones de trabajo medievales y con una legislación ambiental mínima. Pero, claro, es más barato.
En 2024, la UE aprobó el Reglamento de Materias Primas Fundamentales con la ambición de asegurar el suministro a largo plazo de 26 minerales considerados esenciales para la transición energética. Pero, según los auditores, el diseño y la ejecución del plan chocan con la terca realidad, ya que el horizonte de 2030 está demasiado cerca como para transformar una cadena de suministro que, por naturaleza, requiere inversiones lentas, permisos complejos y tecnologías de procesado y recuperación todavía costosas. Y por supuesto, de minería, una actividad que precisamente no goza de buena prensa entre los colectivos que más fervientemente defienden la lucha contra la descarbonización.
En este contexto, Keit Pentus-Rosimannus, miembro del Tribunal responsable de la auditoría, afirma que "sin materias primas fundamentales no habrá transición energética, ni competitividad, ni autonomía estratégica". El mensaje es tan directo como incómodo, ya que sin esos materiales, la electrificación masiva puede quedarse sin "combustible" industrial.
Acuerdos que no se traducen en volumen
La receta europea pasa por tres vías, a saber: diversificar importaciones, disparar el reciclaje y aumentar la producción interna (picar en el suelo). En la primera pata, el Tribunal constata un desajuste entre la actividad diplomática y los resultados materiales.
En los últimos cinco años, la UE ha firmado catorce asociaciones estratégicas sobre materias primas, siete de ellas con países que obtienen bajas puntuaciones en gobernanza, un detalle nada menor cuando se habla de contratos estables y reglas previsibles. Aun así, entre 2020 y 2024, las importaciones procedentes de esos socios disminuyeron para aproximadamente la mitad de las materias primas examinadas.
Además, algunas líneas de negociación siguen bloqueadas o incompletas. Por ejemplo, el informe menciona que las conversaciones con Estados Unidos se paralizaron en 2024 y que el Acuerdo UE–Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) -región rica en materias primas- todavía no ha sido ratificado por todos los países de la UE. El resultado es una diversificación que existe sobre el papel, pero que no termina de verse en la balanza comercial.
Reciclaje a falta de minas
El Reglamento fija como aspiración que, al menos, el 25% de las materias primas estratégicas provenga de fuentes recicladas en 2030. El Tribunal, sin embargo, describe un punto de partida demasiado bajo. Y es que según los auditores, siete de las 26 materias primas necesarias para la transición energética tienen tasas de reciclaje de apenas entre el 1% y el 5%, y otras diez no se reciclan en absoluto. El diagnóstico no es solo cuantitativo, ya que los objetivos de reciclaje suelen ser generales y no están ligados a materias primas específicas, lo que reduce los incentivos para recuperar materiales especialmente difíciles, como las tierras raras de motores eléctricos o el paladio de sistemas electrónicos.
A esto se suman frenos industriales como los altos costes de procesado, la poca disponibilidad de material recuperable, y unas barreras tecnológicas y regulatorias que merman la competitividad de los recicladores europeos. En cristiano: incluso con voluntad política, el reciclaje no escala por decreto. Sería ingenuo pensar que lo que ponga en un papel vaya a misa. Una comparación muy de actualidad: la constitución Española de 1978 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y el deber de los poderes públicos de garantizarla frente a la especulación. Pues eso.
Tímidos proyectos mineros y plantas de procesado que cierran
La tercera pata -extraer y procesar en Europa- también parece desalineada con el calendario. Bruselas quiere que la extracción interna cubra el 10% del consumo de materias primas estratégicas en 2030, pero el informe señala que la exploración está poco desarrollada y que, incluso encontrando nuevos yacimientos, un proyecto minero puede tardar hasta veinte años en ser operativo. En otras palabras, a efectos del hito 2030, muchas minas llegan tarde por definición.
En el caso del procesado, la UE se propone alcanzar el 40% del consumo en 2030, pero los auditores alertan de cierres de instalaciones, en parte por el precio de la energía, que golpea la competitividad. El documento describe un posible "círculo vicioso", ya que la falta de suministro desincentiva inversiones en procesado, y sin capacidad de procesado resulta más difícil garantizar suministro estable.
Objetivos no vinculantes y metodología poco clara
El Tribunal también cuestiona el armazón del propio plan. Los objetivos del Reglamento para 2030 son no vinculantes y afectan solo a un subconjunto de materias primas, las consideradas “estratégicas”. Además, no está claro cómo se determinaron los niveles que deberían alcanzarse. Con esa combinación —metas blandas, alcance limitado y metodología discutible—, los auditores consideran probable que la UE tenga dificultades para garantizar el suministro a final de década.
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