El informe de la CNE considera que no se deben tocar las primas a las plantas eólicas, termosolares y fotovoltaicas existentes. El motivo que se alega es la necesidad de mantener “la seguridad jurídica y la estabilidad el régimen económico”.
La Comisión Nacional de la Energía sí entiende adecuada la reducción de las tarifas fotovoltaicas de las nuevas instalaciones en un 45% para las plantas en suelo, de 25% para las de tejado con una potencia superior a los 100 kW y de un 5% para las de menos de 100 kW. En el caso concreto de la fotovoltaica sobre suelo propone la desaparición del Registro de Preasignación de Retribución (actualmente colapsado con proyectos pendientes para los próximos años) y la convocatoria de subastas trimestrales/anuales mediante el mecanismo de sobre cerrado.
La CNE considera “prórrogas injustificadas y discriminatorias” los acuerdos a los que llegaron los sectores eólicos y termosolar con Industria para que esas tecnologías cobrasen la tarifa actual más tiempo a cambio de que entrasen en funcionamiento más tarde. En opinión de la CNE “no procede”.
La Comisión entiende que “no es eficiente la limitación de las horas de funcionamiento susceptibles de recibir prima equivalente o prima”, según se recoge en la propuesta de Real Decreto con respecto a las instalaciones eólicas y solares termoeléctricas.
Además, la CNE estima necesario un decreto antifraude para la energía eólica similar al que el gobierno aprobó el pasado mes de agosto para el sector fotovoltaico. La tarifa eólica cambió en 2007 y, como ocurrió un año después con la fotovoltaica, se produjo una avalancha de proyectos. La Comisión Nacional de la Energía considera la fecha límite de cambio de regulación el 31 de diciembre de 2007. Es decir, que todos los parques que en esa fecha no estuvieran generando electricidad no tendrían derecho a cobrar las primas anteriores a la nueva regulación.
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