Las cinco organizaciones, junto a diversos actores sociales, han presentado alegaciones durante el trámite de audiencia e información pública de la norma, que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a estas instalaciones.
Aunque valoran que el Ejecutivo avance en la regulación de un sector en rápida expansión, sostienen que el texto no ofrece garantías suficientes para prevenir sus efectos ambientales y sociales, especialmente sobre los recursos hídricos y energéticos, cuya disponibilidad está condicionada por la crisis climática.
La magnitud de esta demanda queda ilustrada en el informe 'Energy and AI' (2025) de la Agencia Internacional de la Energía citado por las organizaciones, según el cual un centro de datos para inteligencia artificial de 100 megavatios puede consumir anualmente tanta electricidad como unos 100.000 hogares.
En España, las entidades señalan el proyecto de Meta en Talavera de la Reina que, según los ecologistas, tendrá una potencia prevista de 248 MW y contempla un gasto de 504 millones de litros de agua anuales, una cifra que incluye tanto el consumo de la instalación como las reservas para futuros equipamientos de la zona.
Estos consumos varían según el tamaño de las instalaciones, la carga de los servidores y el sistema de refrigeración, aunque las organizaciones advierten de que las mejoras tecnológicas no resolverán el problema si el volumen total de recursos utilizados continúa aumentando.
"La eficiencia no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites", afirman las entidades, que reclaman un debate social para determinar cuántas infraestructuras digitales se necesitan, dónde deben ubicarse y bajo qué condiciones pueden desarrollarse.
Sus alegaciones plantean establecer límites máximos al consumo de agua y energía, acompañados de salvaguardas ambientales y sociales y de una evaluación de los impactos acumulados de todos los centros de datos de cada territorio, en lugar de analizar únicamente proyectos individuales.
En materia energética, exigen que la nueva demanda se cubra con generación cien por cien renovable, apoyada en almacenamiento y flexibilidad, sin recurrir a combustibles fósiles ni energía nuclear y sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad.
La propuesta incorpora una planificación territorial que considere la presión sobre las redes eléctricas, las actividades económicas y la biodiversidad, mientras reclama un desarrollo más pausado y precautorio, con evaluación estratégica, auditorías de derechos humanos y consultas democráticas vinculantes.
El respaldo a estas demandas incluye plataformas como Tu nube seca mi río, No es sequía Es saqueo, Resistencias al Centro de Datos de Fuenlabrada y Aigua és Vida, junto a colectivos académicos y organizaciones internacionales, que piden transparencia, participación pública suficiente y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud, cuyos efectos pueden condicionar la disponibilidad futura de recursos.
Artículos relacionados
