El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez (foto), ha denunciado este lunes que, iniciado septiembre, “no se haya producido ningún contacto ni tengamos noticia alguna sobre cuándo piensa el Ministerio convocar esas reuniones”. La Región -ha dicho Vázquez- lleva demasiado tiempo esperando: "necesitamos certezas y un calendario porque detrás de cada mes de retraso hay inversiones, proyectos industriales y empleo que dependen de disponer de capacidad eléctrica”. El Ministerio trasladó en julio, durante la Conferencia Sectorial de Energía, que la planificación se encontraba en evaluación ambiental estratégica y que, previsiblemente, en septiembre, comenzarían las reuniones bilaterales para abordar su impacto y responder a las alegaciones autonómicas.
El Ejecutivo regional asegura que lleva trabajando desde 2024 "en una propuesta que responda a las necesidades de Murcia". Hace ahora casi exactamente un año, el 23 de septiembre de 2025, el consejero Vázquez mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para conocer el borrador inicial y, posteriormente, la Comunidad presentó ocho alegaciones para garantizar capacidad ante demandas industriales y residenciales "ya identificadas" por valor de más de 1.680 megavatios. Según el Ejecutivo murciano, el 85 por ciento de los 166 nodos eléctricos regionales permanece saturado y solo 25 disponen de potencia.
La Región reclama alrededor de 600 millones de euros para reforzar sus redes, 300 en distribución y otros 300 en transporte.
“Hace prácticamente un año que el Ministerio conoce nuestras necesidades. No pedimos nuevos anuncios, sino que convoque las reuniones comprometidas, resuelva las alegaciones y apruebe las infraestructuras que necesita la Región”, señaló.
Vázquez ha explicado este lunes que la Comunidad “sí ha hecho sus deberes” tras la ampliación del límite de inversión aprobada en julio. En menos de un mes -apuntan desde el Ejecutivo murciano-, ya se dispone de la propuesta de adenda de la principal distribuidora regional, que recoge las peticiones formuladas por el Gobierno autonómico y cuya aprobación está prevista para la próxima semana.
La nueva programación incrementa un 25 por ciento la inversión en distribución, de 67 a 84 millones de euros. Además, las medidas de simplificación y la agilización de expedientes desarrollada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas han permitido anticipar a 2026 la nueva subestación Espinardo 220/132 kV, inicialmente prevista para 2027, con una inversión de 13,4 millones.
El adelanto de esta actuación, sumado a los 84 millones previstos en el nuevo plan, permitirá movilizar -estima el Gobierno de Murcia- cerca de 100 millones de euros para reforzar la red eléctrica regional.
Rechazo al proyecto de Real Decreto sobre centros de datos
Por otro lado, Juan María Vázquez se ha referido también al proyecto de Real Decreto estatal sobre centros de datos, actualmente en audiencia pública. La norma pretende establecer requisitos de sostenibilidad energética y ambiental, eficiencia hídrica, resiliencia y soberanía digital y, para las instalaciones de mayor consumo, vincula el acceso y conexión a la red eléctrica al cumplimiento de determinadas condiciones; entre ellas, requisitos relacionados con el suministro de energía renovable.
El consejero murciano considera que este proyecto "se ha elaborado sin contar con las comunidades autónomas y establece numerosas barreras para el desarrollo de una actividad estratégica en nuestros territorios”. Según Vázquez, el proyecto de real decreto “no se limita a regular la actividad de los centros de datos, sino que condiciona su acceso a la red eléctrica y, por tanto, introduce de facto nuevas condiciones que afectan a la planificación de la red de transporte en la que estamos inmersos”.
“El procedimiento de planificación está perfectamente reglado y debe contar con la participación de las comunidades autónomas. Un Real Decreto no puede tirar por tierra el riguroso trabajo técnico realizado durante años ni alterar por otra vía las necesidades de red que hemos trasladado y justificado”, declaró.
Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública han abierto a finales de agosto el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del Proyecto de real decreto (RD) por el que se regulan los "requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos".
El Gobierno ha cumplido con esta iniciativa uno de los mandatos del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio: acompasar el despliegue de centros de datos con un despliegue proporcional de nueva generación renovable, para evitar un doble perjuicio: (1) un incremento de uso de gas natural para generación eléctrica si no crecen de forma proporcional las renovables, que conllevaría (2) un incremento de los costes eléctricos para el conjunto de los consumidores.
Pues bien, lo que plantea el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de de sostenibilidad aplicables a los centros de datos, y al igual que ya sucede con la producción de hidrógeno de origen renovable, es la exigencia de que estos consuman "energía renovable, que deberá ser como mínimo del 80% hasta que la generación renovable se sitúe por encima del 90% del mix eléctrico".
Este consumo, con arreglo al proyecto, deberá ser adicional, es decir, cada nuevo megavatio consumido deberá venir acompañado de un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos a plazo (PPA). Este abastecimiento se acreditará hora a hora, es decir, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.
España cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial, que estima unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que necesitarían de 3,5 GW a 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, las peticiones y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones superan varias veces ese objetivo, por la estratégica ubicación geográfica del país, su clima y su liderazgo en energías renovables: ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021.
Los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red eléctrica deberán acreditar el cumplimiento de todos los requisitos incluidos en el proyecto de RD para obtener los derechos de acceso y conexión.
La patronal del sector, la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC), ya ha advertido que el proyecto de regulación energética podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de instalarse en España.
SpainDC considera que el diseño, la intensidad y el calendario de las exigencias podrían convertir a España en el país con el marco regulatorio "más restrictivo de la Unión Europea".
España es el país que oferta los contratos bilaterales de compraventa de electricidad solar de largo plazo (power purchase agreements, PPAs) más baratos de toda Europa.
