Durante su comparecencia a petición propia este miércoles, Aagesen ha vinculado la autorización, aprobada a mediados de agosto, con la incertidumbre de los mercados energéticos internacionales y el contexto geopolítico marcado por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, según recoge EFE.
La ministra ha explicado que el Ejecutivo concedió la ampliación tras constatar el cumplimiento de las tres condiciones establecidas y completar la tramitación, mediante una orden que prolonga la explotación durante 31 meses para la unidad I y 19 meses para la unidad II.
Aagesen ha insistido en que esta prórroga limitada no constituye un precedente para las demás centrales, cuyo calendario de clausura mantiene 2035 como horizonte definitivo para el conjunto del parque nuclear español.
El Gobierno mantiene su apuesta renovable
La responsable de Transición Ecológica ha asegurado que la decisión no modifica la política energética gubernamental, que continúa apoyándose en las renovables, la electrificación, el almacenamiento y las redes como pilares de un sistema competitivo, autónomo, seguro y descarbonizado.
Los ecologistas discrepan
Greenpeace ha discrepado de esa interpretación mediante un comunicado en el que cuestiona que la continuidad de Almaraz -propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy- resulte compatible con las condiciones fijadas por el propio Ejecutivo, especialmente con la exigencia de evitar costes para la ciudadanía.
Francisco del Pozo, responsable de Energía de la organización, ha advertido de que la extensión podría provocar un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica de hasta 3.831 millones de euros para 2033, una estimación que Greenpeace atribuye a un informe publicado por la Universidad Rey Juan Carlos.
La organización sostiene además que prolongar la actividad nuclear perjudicaría el despliegue de las energías renovables y aumentaría la dependencia del gas fósil, por lo que considera la decisión una ruptura con los planes de transición del Gobierno.
Un pacto climático con medidas concretas
La comparecencia también ha servido para que Aagesen reclame un pacto de país frente a la emergencia climática y anuncie una nueva ronda de contactos orientada a alcanzar un acuerdo de Estado.
Greenpeace considera insuficiente la respuesta gubernamental, aunque comparte el diagnóstico sobre la gravedad de una crisis que provoca daños económicos, deterioro de los ecosistemas y pérdidas humanas.
Su responsable de Clima, Pedro Zorrilla, ha reclamado un plan de choque de adaptación y reducción de emisiones, que incluya el abandono ordenado de los combustibles fósiles antes de 2040, nuevos impuestos al sector y la eliminación de sus subvenciones.
Además, la responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, ha pedido invertir 1.000 millones de euros anuales en gestión forestal y apoyar el empleo rural, mientras valora positivamente la convocatoria de planes para pequeños municipios y el aumento de capacidades anunciado, dentro de una estrategia que debe reforzar la prevención.
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