Activistas de Greenpeace han desplegado hoy en Madrid una pancarta en el Arco de Moncloa con el mensaje de “Pedro, cumple tu palabra. Di NO a las nucleares”. La organización ecologista ha querido pedirle al presidente del Gobierno a través de esta acción "que respete el calendario de cierre nuclear pactado por su Gobierno con las eléctricas en 2019". La protesta se produce después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe (ayer) detallando las condiciones que deberían cumplir las empresas propietarias de la central en el caso de que el Gobierno apruebe una prórroga de la vida útil de la central de Almaraz, que tiene ya más de 40 años. Según la Orden Ministerial TED/773/2020, los reactores I y II de Almaraz son, de entre los que aún continúan operativos, los primeros del parque nuclear español que deben cerrar. Deben hacerlo en 2027 y 2028, respectivamente. Y el informe preceptivo emitido ayer por el CSN -recuerdan los ecologistas- "solo establece las condiciones técnicas para mantener la seguridad nuclear", pero no constituye una respuesta, un sí o un no (esa no es competencia del CSN) a la petición de las compañías eléctricas de una "extensión extraordinaria del funcionamiento de los reactores extremeños por dos y tres años, respectivamente" (Iberdrola, Endesa y Naturgy, que son las propietarias de Almaraz, han solicitado una prórroga hasta 2030).
Eva Saldaña, directora de Greenpeace España y Portugal: “Pedro Sánchez no puede ceder al chantaje nuclear cuando sus tres premisas para extender Almaraz ya han caído: el suministro está garantizado por las renovables, la prórroga aumentará las emisiones y costará más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía. Cumplir su palabra es defender el liderazgo climático a la vanguardia de la transición ecológica en Europa con un modelo de suficiencia, eficiencia y renovables, y no rescatar artificialmente reactores obsoletos que lastran la soberanía energética en nuestro territorio y vacían nuestros bolsillos”
Greenpeace recuerda que es el Gobierno el que tiene la plena potestad para autorizar o no la prórroga de Almaraz, "según confirmaron -recalcan los ecologistas- los tribunales, incluyendo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo". El informe del CSN, además, solo es vinculante en caso de resultar negativo, es decir, si el Consejo considera que la operación no es segura.
La organización ecologista insiste por otro lado en que la decisión del Gobierno "debe ser coherente con la política climática y energética acordadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2030, así como en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, para evitar graves consecuencias económicas a las arcas públicas".
Greenpeace destaca los siguientes extremos
• La seguridad de suministro está garantizada sin Almaraz: el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz -aseguran desde esta organización- puede sustituirse con energía renovable inmediatamente después de su cierre.
• La extensión de Almaraz no sería gratuita para el contribuyente. Antes al contrario, provocaría un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica de hasta 3.831 millones de euros para 2033, según el reciente estudio -arriba mencionado- de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya.
• La prórroga de Almaraz frena el desarrollo en renovables: podría provocar la pérdida de hasta 26.130 millones de euros en inversiones destinadas a eólica, solar y almacenamiento. A medio plazo se acumularían hasta 12,3 millones de toneladas de CO₂ adicionales
• A día de hoy -denuncia Greenpeace- Almaraz obliga a desperdiciar 3,8 teravatios hora anuales de energía renovable (ergo limpia) que no puede entrar en la red por la rigidez de la nuclear (que es energía sucia).
• Por último, los ecologistas alertan sobre la posible jugada que prepara el sector atómico nacional: el retraso del cierre de Almaraz a 2030 obligaría a cerrar simultáneamente cuatro reactores (Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes), pues coincidirían esos cierres, si tenemos en cuenta el calendario de cierre que pactaron las empresas y el Gobierno (véase junto a estas líneas). Ello implicaría que se desconectaran -advierte Greenpeace- hasta 4.000 megavatios de potencia a la vez, y este "efecto embudo" podría ser utilizado por las empresas para forzar nuevas prórrogas, bloqueando indefinidamente la transición energética.
Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía en Greenpeace: “el futuro, la autonomía y la seguridad energética de España no residen en reactores nucleares con más de 40 años, sino en un sistema 100% renovable, eficiente y flexible, que siga marcando el camino de Europa y apueste por una transición energética limpia y descentralizada. Esta transición tiene que estar pensada por y para las personas, y no para satisfacer los intereses de un puñado de grandes corporaciones que se creen dueñas del sistema, capaces de doblegar la planificación energética de todo un país”
Las empresas propietarias de Almaraz son Iberdrola, que controla casi el 53% de esa propiedad; Endesa (36%); y Naturgy (11,3%). Los principales accionistas de Iberdrola son el estado de Catar (a través de su fondo soberano Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El grupo italiano Enel es el propietario de Endesa (el principal accionista de Enel es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, o sea, el estado italiano; el segundo mayor accionista de Enel es BlackRock).
Los principales accionistas de Naturgy son, a día de hoy, Criteria Caixa, uno de cuyos principales accionistas es BlackRock (controla el 28,5% la compañía de la mariposa); Global InfraCo, filial del fondo australiano IFM Global Infrastructure Fund, con una participación del 15,5%; Corporación Financiera Alba, del Grupo March (5,0%); y el estado de Argelia, a través de la empresa estatal argelina Sonatrach (4,1%).
Sobre el informe Sanz-García para Greenpeace: Las tres mentiras de Almaraz, el sesgo deliberado de PwC y la simpleza de Monitor Deloitte
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