La organización ecologista extremeña sostiene que la prórroga contradice la planificación energética aprobada en España y avalada por la Unión Europea y advierte de que deja al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en una situación "difícil de sostener". Adenex vincula además la decisión con un contexto climático cada vez más adverso en Europa y apunta a episodios como los bajos niveles registrados en el Danubio y las consiguientes dificultades de funcionamiento de algunas centrales nucleares como una señal de los riesgos que afrontará el sistema energético.
Un calendario nuclear que puede verse alterado
Adenex critica especialmente las consecuencias que, a su juicio, tendrá la prolongación del funcionamiento de los dos reactores de Almaraz sobre el calendario de cierre nuclear y sobre el despliegue de las alternativas energéticas. La asociación considera que extender la actividad de las unidades de la planta compromete el desarrollo de las renovables, el almacenamiento y las políticas de ahorro y eficiencia energética.
La organización teme además que la modificación del calendario de Almaraz termine repercutiendo sobre las fechas previstas para el resto del parque nuclear español. También alerta de las consecuencias para Enresa, responsable de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones.
Según Adenex, el procedimiento para el futuro desmantelamiento de Almaraz ya se había iniciado y la nueva decisión complica la planificación de estos trabajos. La asociación advierte de que la modificación podría conducir a una situación en la que, a partir de 2030, coincidan hasta cuatro centrales en proceso de desmantelamiento.
Críticas al CSN y al papel de la nuclear en el sistema eléctrico
Adenex cuestiona asimismo la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que reprocha falta de transparencia, especialmente teniendo en cuenta las incidencias no programadas que, según recuerda, ha registrado Almaraz.
La asociación rechaza también el argumento de que mantener abiertas las centrales nucleares resulte necesario para garantizar el suministro eléctrico cuando disminuye la producción solar o eólica. A su juicio, las nucleares no aportan la flexibilidad necesaria para regular su potencia en función de las necesidades puntuales del sistema eléctrico.
La organización considera, además, que la decisión del Gobierno se ha producido sin el suficiente debate político con los partidos que sustentan la mayoría de investidura y reclama que el Ejecutivo asuma su responsabilidad sobre una tecnología que, recuerda, genera residuos radiactivos cuya gestión corresponde finalmente al Estado.
El futuro económico de Campo Arañuelo
Otro de los argumentos de Adenex se refiere al impacto socioeconómico del cierre de Almaraz en la comarca de Campo Arañuelo. Frente a las advertencias sobre la pérdida de empleo asociada al final de la actividad de la planta, la asociación asegura que en la zona ya ha comenzado a desarrollarse un nuevo tejido industrial destinado a amortiguar sus efectos laborales.
Adenex cifra en algo más de 800 los empleos vinculados a la central y recuerda que el cierre de los reactores no supondría el final inmediato de la actividad económica relacionada con la instalación, ya que posteriormente serían necesarios alrededor de 20 años de trabajos de mantenimiento y desmantelamiento y varias décadas más para la gestión de los residuos.
La asociación carga, además, contra las estimaciones sobre el impacto laboral difundidas por el sector pronuclear y critica a los alcaldes de la zona que respaldan esas cifras. Adenex reclama conocer cómo se han utilizado las cantidades recibidas durante años para impulsar alternativas económicas y laborales en la comarca.
Adenex recuerda el precedente de Garoña
La organización extremeña sostiene igualmente que el Gobierno dispone de capacidad política para decidir sobre el futuro de las centrales nucleares y recuerda el precedente de la central burgalesa de Santa María de Garoña. Adenex alude a la sentencia del 13 de julio de 2011 para defender que el Ejecutivo puede adoptar decisiones sobre el cierre de una instalación nuclear incluso frente a determinados pronunciamientos técnicos.
Para Adenex, el Estado, como responsable último de los residuos radiactivos, debe conservar capacidad de decisión sobre una tecnología que considera asociada a elevados riesgos. La asociación ya expuso buena parte de sus argumentos sobre la central extremeña en el libro Amanecer sin Almaraz, publicado en octubre de 2025.
La organización considera que la situación actual podría desembocar de nuevo en un conflicto jurídico similar al vivido en torno a Garoña y concluye que las autorizaciones de explotación de las centrales no pueden entenderse como derechos "infinitos ni ilimitados".
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