El Pleno del Congreso debatirá y votará en una sesión extraordinaria este jueves, 23 de julio, el nuevo decreto ley, que aparte de la eliminación del impuesto susodicho, incluye ayudas fiscales (más de 1.800 millones de euros) para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio (el texto del decreto incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía). Aunque el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas para contener las consecuencias que ha acarreado la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos en Irán, medidas enfocadas especialmente en el ámbito de los hidrocarburos, lo cierto es que ese paquete venía con limitaciones temporales y algunas de las medidas decayeron a finales de junio.
La continuidad del conflicto (Estados Unidos ha vuelto a bombardear en las últimas horas territorio iraní) y las tensiones en los precios energéticos (el barril de Brent llegó a superar con holgura los cien euros) impulsaron al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete de alivio fiscal. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero el decreto en cuestión tiene que ser remitido al Congreso en un plazo de treinta días para que este decida si convalida o deroga ese texto.
Rebaja del impuesto especial de hidrocarburos
Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.
No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes se vuelva a disparar (el barril de Brent cotiza hoy por encima de los 88 dólares.
De la misma manera, el Gobierno ha asegurado que revisará cada mes, de manera constante, la evolución de la inflación, con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad.
Por otro lado, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.
La CNMC publicará la lista de gasolineras incumplidoras
Además, la norma fija que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicio para controlar que estas cumplen con las medidas establecidas en el decreto ley. El Gobierno sólo ha detectado hasta la fecha comportamiento anómalo en 52 estaciones de servicio.
En cuanto a la fiscalidad energética, la norma desarrolla la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda que PP y Junts han reclamado en reiteradas ocasiones a lo largo de esta legislatura (curiosamente fue el Partido Popular el que estableció este impuesto no más llegado al poder en 2012, tras la victoria de Mariano Rajoy sobre Rodríguez Zapatero).
La eliminación ahora de este gravamen se hará ajustando los tipos de manera progresiva. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026 (el que fijó el Gobierno Rajoy en 2012), y pasará a tener un tipo del 5% en los dos trimestres que quedan de año, un tipo en el entorno del 3,5% durante el año que viene (2027) y pasará a desaparecer en 2028, según reza el real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.
El Gobierno estima que la eliminación de este impuesto permitirá a la industria aumentar su producción en 2.600 millones de euros anuales y crear unos 3.700 empleos.
Las empresas que accedan a ayudas no podrán despedir trabajadores
De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose (1) la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y (2) la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra.
Otra de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley es la flexibilización para el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según fuentes de Economía consultadas por la agencia Europa Press, se ha acordado permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones.
El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.
En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.
En cuanto a las medidas estructurales, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.
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