Primero, el proyecto de real decreto. Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública abrieron hace unos días a audiencia pública, "por la vía de urgencia", el Proyecto de real decreto (RD) por el que se regulan los “requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos”. El Gobierno ha cumplido así, con esta iniciativa, uno de los mandatos del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio: acompasar el despliegue de centros de datos con un despliegue proporcional de nueva generación renovable, para evitar un doble perjuicio: (1) un incremento de uso de gas natural para generación eléctrica si no crecen de forma proporcional las renovables, que conllevaría (2) un incremento de los costes eléctricos para el conjunto de los consumidores.
Pues bien, lo que plantea el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de de sostenibilidad aplicables a los centros de datos, y al igual que ya sucede con la producción de hidrógeno de origen renovable, es la exigencia de que estos consuman “energía renovable, que deberá ser como mínimo del 80% hasta que la generación renovable se sitúe por encima del 90% del mix eléctrico”. Este consumo, con arreglo al proyecto, deberá ser adicional, es decir, cada nuevo megavatio consumido deberá venir acompañado de un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos a plazo (PPA). Este abastecimiento se acreditará hora a hora, es decir, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.
Y, en segundo lugar, la lectura que hace el Gobierno de la presente situación
"España -insisten fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- es un país muy atractivo para instalar Centros de Procesamiento de Datos (CPD), por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables". La Estrategia de Inteligencia Artificial preparada por el Ejecutivo, y actualizada en 2024, prevé un despliegue de CPDs acorde con las previsiones del sector, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, "equivalentes a unos cuatro gigavatios de demanda eléctrica". Pues bien, aunque la previsión es cuatro gigas, "ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas -advierte el Ministerio- por valor de más de 12 GW eléctricos, el triple del objetivo sectorial". Y además ahora mismo hay un número muy relevante de solicitudes.
Transición Ecológica alerta además de ciertos fenómenos de concentración: el interés del sector -concreta- se ha concentrado "en pocos territorios, con previsiones irreales". Y pone el ejemplo de Aragón, donde ya se han concedido 3,6 GW de acceso a CPDs, que triplicarían la demanda eléctrica de la comunidad, y Madrid, donde se han concedido 4,1 GW, que supondrían duplicar su consumo.
Y ese apetito voraz de los promotores de centros de procesamiento de datos por determinados territorios puede traducirse en subidas desorbitadas del precio de la electricidad y en rechazo social.
Fuentes de Transición Ecológica son muy explícitas sobre el particular: "en otros países, como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, el crecimiento desordenado de CPD ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad –en EEUU se auguran subidas del 70% hasta 2030 en grandes regiones–, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social, que está provocando moratorias a nuevas instalaciones y la pérdida del apoyo público por el coste político".
El Gobierno considera que los CDs son infraestructuras indispensables en una economía moderna y cree que España, a la vista del gran interés de la industria, "está en disposición de escoger los mejores CDs, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental, y sin sufrir un incremento de las facturas eléctricas".
Con ese fin ha diseñado el susodicho Proyecto de Real Decreto, que incluye requisitos en materia de resiliencia y soberanía digital, y requisitos en materia de sostenibilidad hídrica y energética, que deben cumplir los CDs de cierto tamaño, mayores de un megavatio de potencia eléctrica.
A saber
En materia de resiliencia y soberanía digital, los CDs tendrán que estar operados por una entidad establecida en la UE, que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y que adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.
En materia de sostenibilidad ambiental, los CDs tendrán que cumplir los patrones más exigentes del etiquetado europeo de CDs relativos al consumo de agua (Water Usage Effectiveness, WUE) y de energía (Power Usage Effectiveness, PUE): los de la Categoría A, correspondiente a la mejor tecnología del mercado.
Además, como se apuntaba al principio, los CDs españoles -recuerdan desde Transición Ecológica- consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento –mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo–, de un modo similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable, o en las normativas para CDs de Irlanda, Alemania o China (este requisito desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables).
Pues bien, según el Ministerio, los proyectos CDs deberán acreditar que cumplen estos requisitos para acceder a la red eléctrica, algo que este Ministerio y el de Transformación Digital comprobarán periódicamente. "En el caso de incumplir con el 80% de abastecimiento renovable -advierte Transición Ecológica-, sufrirán penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas –en los importes que correspondan en cargos y peajes– para compensar el sobrecoste que, de otro modo, repercutirían sobre el resto de los consumidores de electricidad; y el incumplimiento reiterado podrá acarrear la pérdida del acceso a la red".
Por fin, los proyectos de CDs que no se hayan conectado a la red -señala el Ministerio- tendrán un período de seis meses para acreditar su conformidad a estos requisitos o renunciar a sus derechos de acceso a la red, sin la ejecución de las correspondientes garantías".
El Proyecto de Real Decreto acaba de terminar su fase de audiencia pública (ayer). Y, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han recibido más de 600 alegaciones, "y un número muy relevante demuestra preocupaciones ambientales y sociales".
Fuentes del Ministerio insisten en que el Ejecutivo quiere un "desarrollo ordenado y eficiente de los mejores CDs", por una parte, y "evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha producido en otros países", y avanza que, para ello, está aplicando "medidas pioneras que se están debatiendo en el ámbito europeo, desde una posición de liderazgo avanzado".
Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Real Decreto
Artículos relacionados
• Las cinco grandes organizaciones ecologistas piden límites al agua y la energía que consumen los centros de datos
• Los centros de datos podrían acaparar hasta el 6% de la energía consumida en España en 2030
