La propuesta, según recoge Europa Press, ha sido trasladada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mediante una carta dirigida al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, en la que reclama una respuesta comunitaria capaz de anticiparse a unos fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos.
Según plantea la ministra, el futuro Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático debería proporcionar los recursos necesarios para reforzar la resiliencia en el conjunto de la Unión Europea, especialmente en las regiones, los sectores económicos y los colectivos sociales más vulnerables.
La adaptación entra en las cuentas europeas
Aagesen considera que la resiliencia climática debe integrarse plenamente en la arquitectura financiera comunitaria, para lo que propone introducir criterios específicos tanto en el diseño del próximo Marco Financiero Plurianual como en los programas europeos de inversión, financiación y seguros.
La propuesta española plantea que las empresas europeas del petróleo y el gas contribuyan a financiar la adaptación mediante un gravamen específico sobre sus beneficios, con el que se obtendrían nuevos recursos para proteger a los territorios frente a sequías, incendios, inundaciones y otros fenómenos extremos, al tiempo que se trasladaría parte del coste de la crisis climática a un sector estrechamente vinculado a las emisiones que la provocan.
Además, entre los instrumentos sugeridos figura la creación de un sistema europeo de reaseguro público-privado, que contribuiría a cubrir las pérdidas provocadas por fenómenos meteorológicos extremos mediante mecanismos como la emisión de bonos de riesgo climático.
La vicepresidenta también defiende que el sector financiero incorpore los riesgos asociados al calentamiento global en sus decisiones sobre inversiones, préstamos y coberturas, de manera que la adaptación deje de considerarse un elemento complementario y pase a formar parte de la evaluación económica ordinaria.
Evaluaciones cada cinco años
La carta propone que la Unión Europea promueva evaluaciones quinquenales de los riesgos climáticos en los ámbitos europeo, nacional y regional, cuyos resultados deberían incorporarse de manera sistemática a todos los procesos públicos de planificación y toma de decisiones.
España reclama además que el marco comunitario de resiliencia establezca objetivos vinculantes a corto, medio y largo plazo, que estén basados en la evidencia científica y prioricen inicialmente los sectores más expuestos, como el agua, la salud, las infraestructuras, los bosques, la biodiversidad, el turismo, la agricultura y la pesca.
El nuevo modelo debería regirse por los principios de "resiliencia desde el diseño" y de protección frente a los riesgos climáticos, que obligarían a comprobar que las inversiones no causan daños ambientales y que, al mismo tiempo, refuerzan la capacidad de adaptación de los territorios.
Aagesen apuesta en este sentido por conceder un papel central a las soluciones basadas en la naturaleza, cuyo despliegue permitiría reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones, sequías, incendios forestales y otros impactos vinculados al calentamiento. Entre ella figuran recuperar humedales para absorber crecidas, reforestar cuencas para retener agua y suelo, restaurar dunas frente a temporales, crear corredores verdes urbanos para reducir el calor o devolver espacio a los ríos para disminuir el riesgo de inundación.
Una respuesta europea permanente
La propuesta española incluye asimismo la puesta en marcha de un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas, que se apoyaría en el refuerzo de rescEU para desplegar con rapidez recursos compartidos cuando un Estado miembro afronte una catástrofe.
La ministra sostiene que estas políticas deben favorecer la cohesión territorial y social, para lo que reclama una participación pública efectiva y una atención prioritaria a quienes cuentan con menos medios para protegerse frente a los impactos climáticos.
Aagesen ha advertido de que Europa se calienta aproximadamente al doble de velocidad que la media mundial, por lo que considera insuficiente mantener respuestas exclusivamente reactivas ante una emergencia que exige anticipación, financiación estable y una planificación común.
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