Facua-Consumidores en Acción lamenta que el IVA de la factura de la luz vuelva al 21% a partir de este 1 de junioe insta al Gobierno a emprender un nuevo cambio regulatorio por el que vuelva a aplicarse el reducido de manera estable y permanente. Tanto el IVA como el Impuesto Especial de la Electricidad volverán a partir de este 1 de junio a sus porcentajes habituales al haberse moderado la inflación en abril, ya que el Real Decreto que aprobó las rebajas condicionaba su mantenimiento a superar determinados umbrales. De no hacerlo, las ayudas decaerían automáticamente.
Dentro del paquete de medidas para contrarrestar el impacto por el conflicto en Oriente Próximo, el Gobierno aprobó en marzo una bajada del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', así como una reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, el tipo mínimo fijado por la Unión Europea, y suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (que era del 7%).
Se trata de una de las reivindicaciones históricas de la asociación, que considera injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad. Así, es fundamental la consolidación de un impuesto reducido para no afectar aún más la castigada economía de los hogares españoles. La bajada de recaudación para las arcas, señala Facua, puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan —las grandes empresas—, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación.
La asociación también lleva años reclamando que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo. De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora.
Pero, además, también insta al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo de una vez actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos.
Asimismo, Facua reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.
Efectivamente. No tiene sentido decir desde el gobierno que hay que electrificar la economía para abandonar los combustibles fósiles sin incentivarlo fiscalmente y llevar a todos los pequeños consumidores que persigan dicho objetivo haciéndoles pagar impuestos. Más aún cuando el impuesto de sociedades que paga el oligopolio está por debajo de lo que paga de IRPF cualquier asalariado medio.
