ATE, la Asociación para la Transición Energética, explica en su comunicado "las informaciones conocidas a través de los medios de comunicación sobre las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado remitido a petición de la CNMC indican cuestiones de hondo calado que no son meras formalidades jurídicas". Según la Asociación, el regulador debería modificar "sustancialmente" su Circular de metodología de cálculo de la retribución de la inversión en redes eléctricas para el siguiente período regulatorio, que comienza en breve. ATE considera que las cuestiones que apunta el Consejo de Estado "fundamentales", y destaca que varias de ellas formaron parte de la opinión de la propia ATE transmitida en los dos procesos de alegaciones realizados en los últimos meses. "En particular, la contradicción entre lo que dispone la Circular de la CNMC y lo que está siendo desarrollado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, entendiendo esto como una extralimitación de la función de regulación sobre el campo de la política energética". Por tanto, la Asociación -explica en su comunicado- considera "necesario" que en la reunión de hoy, lunes 22, la CNMC eche "marcha atrás" su proyecto de Circular, dado que no existe tiempo material suficiente para hacer una nueva Circular y someterla a consulta pública por las modificaciones de calado que se deben producir para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.
La Asociación expone su propuesta
«Así seguiría estando vigente el actual método de retribución por costes auditados que ha funcionado hasta la fecha y en los próximos meses poder alumbrar una nueva propuesta de Circular ajustada a las recomendaciones de la más alta institución consultiva nacional como es el Consejo de Estado, el marco de política energética que está impulsando el Ministerio en materia de redes y generando los incentivos positivos para hacer las inversiones tanto actuales como anticipatorias que la economía española necesita en este campo»
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se reunirá este lunes para tratar de buscar una solución de urgencia a las objeciones que ha presentado el Consejo de Estado a la circular sobre el nuevo modelo de retribución de la distribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031.
El nuevo modelo debe estar aprobado antes del 1 de enero y establece cómo se pagará a las empresas distribuidoras (Endesa, Iberdrola, Naturgy y compañía) desde 2026 a 2031 por la inversión y operación de las redes de distribución de energía y su adaptación a la transición energética.
El Consejo de Estado -informa la agencia Europa Press- ha dado el visto bueno a la circular sobre la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes, pero ha tumbado la relativa al nuevo modelo de retribución de la distribución, al considerar que vulnera la Ley del Sector Eléctrico, ya que establece una limitación de las inversiones en redes eléctricas, una potestad exclusiva del Ministerio de Transición Ecológica.
Los diez miembros del consejo de la CNMC deben encontrar una solución a esta objeción a diez días de que termine el año. El problema es que algunos expertos consideran que cualquier solución adoptada por la CNMC sin trámite de audiencia supondría la nulidad de la norma, al lesionar el derecho de los interesados a presentar alegaciones.
Un vía podría ser impulsar una nueva circular y que esta pasara por todos los trámites. Sin embargo, esto no se podría realizar en los diez días restantes de 2025, por lo que otra posibilidad sería la prórroga del marco actual.
La Asociación para la Transición Energética (ATE) se define como "una organización independiente y sin ánimo de lucro, creada en 2019 por profesionales de diferentes ámbitos de la sociedad civil interesados en la creación de espacios de diálogo sobre la intersección de los mundos de la energía, el medio ambiente y la economía".
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se define como "un organismo público con personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados, en interés de los consumidores y de las empresas".
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