La transición energética europea avanza, pero todavía no lo hace con la rapidez ni con la equidad necesarias para proteger la salud. Así lo reflejan dos informes difundidos este lunes por Ecologistas en Acción y el Basque Centre for Climate Change (BC3), que coinciden en señalar que las políticas climáticas actuales son insuficientes para reducir los riesgos asociados a la contaminación atmosférica.
El informe anual sobre calidad del aire de Ecologistas en Acción revela que 33 millones de personas estuvieron expuestas en 2025 a niveles de contaminación superiores a los nuevos límites europeos que deberán cumplirse antes de 2030. Aunque las energías renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica española y el consumo de gas continuó por debajo de los niveles previos a la pandemia, el incremento del uso de derivados del petróleo -especialmente en aviación y transporte por carretera- elevó la quema de combustibles fósiles a máximos desde 2011.
Este repunte del consumo de petróleo coincidió con un año excepcionalmente cálido, el tercero más cálido registrado en España desde 1961. Las olas de calor de junio, julio y agosto favorecieron un fuerte aumento del ozono troposférico, el contaminante más estrechamente relacionado con el cambio climático, que alcanzó sus niveles más elevados desde 2015 y recuperó las concentraciones previas a la pandemia. Madrid registró incluso máximos históricos.
El transporte sigue siendo el principal obstáculo
Los datos muestran una paradoja de la transición energética española. La creciente aportación renovable y la caída del consumo de gas han permitido reducir las emisiones asociadas a las centrales térmicas y mejorar ligeramente las concentraciones de partículas y dióxido de nitrógeno. Sin embargo, el mayor uso de combustibles fósiles en la movilidad y los episodios extremos vinculados al calentamiento global están neutralizando parte de esos avances.
Ecologistas en Acción subraya que las principales áreas urbanas españolas ya incumplen los límites de dióxido de nitrógeno que serán obligatorios en 2030 y denuncia que buena parte de las ciudades todavía no han implantado zonas de bajas emisiones eficaces, pese a que el plazo legal expiró hace más de tres años. La organización sostiene que reducir el tráfico motorizado, impulsar el transporte público eléctrico y fomentar la movilidad peatonal y ciclista son medidas imprescindibles tanto para mejorar la calidad del aire como para mitigar el cambio climático.
El BC3 alerta de una transición desigual
En paralelo, una investigación liderada por el Basque Centre for Climate Change (BC3), publicada en The Lancet Regional Health, concluye que incluso si se cumplen los planes europeos actuales de descarbonización, las partículas finas PM2,5 seguirán causando más de 153.000 muertes prematuras anuales en Europa en 2030, frente a las más de 239.000 registradas en 2022.
El estudio, desarrollado junto con la Universidad Técnica Nacional de Atenas y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, analiza con gran detalle los efectos sanitarios del paquete climático europeo Fit for 55 y de los Planes Nacionales de Energía y Clima. La principal novedad es que incorpora variables socioeconómicas y territoriales para identificar quién soporta realmente los costes de la transición.
Los resultados muestran que la exposición a la contaminación no se reparte de forma homogénea. Los hogares con menores ingresos y las zonas urbanas, especialmente en los países balcánicos, presentan una vulnerabilidad mucho mayor.
"La transición energética de Europa parece avanzar sin sobresaltos, pero las cifras globales ocultan que hay ganadores y perdedores", explica Clàudia Rodés-Bachs, investigadora de BC3 y autora principal del estudio. Según la científica, diseñar políticas climáticas basadas únicamente en promedios puede dejar atrás a los grupos más vulnerables.
Más renovables no bastan
Los dos trabajos apuntan a una misma conclusión: la descarbonización del sistema energético es una condición necesaria, pero no suficiente. El despliegue renovable y la electrificación han reducido parte de las emisiones, pero los beneficios para la salud siguen limitados por la persistencia del transporte basado en combustibles fósiles, las desigualdades sociales y los efectos del cambio climático, que favorecen episodios de contaminación más intensos.
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que solo en España la mala calidad del aire provocó unas 24.000 muertes prematuras en 2023. Para Ecologistas en Acción, los costes sanitarios y económicos asociados ascienden a 32.000 millones de euros anuales, equivalentes al 2,4 % del PIB.
Tanto la organización ecologista como los investigadores de BC3 coinciden en que la próxima fase de la transición energética deberá integrar objetivos climáticos, de salud pública y de justicia social. De lo contrario, advierten, Europa podría reducir emisiones sin conseguir que sus ciudadanos respiren un aire más limpio.
