El Anuario 2010 de Energías Renovables (edición de enero) ha incluido un Especial Empleos Verdes en el que aparecen varios artículos de opinión. Uno de ellos lo firmó Cándido Méndez, secretario general del sindicato UGT (Unión General de Trabajadores) y uno de los principales protagonistas de las negociaciones que han conducido al pacto de las pensiones, que esta tarde será oficializado.
Méndez reflexiona en ese artículo sobre el binomio empleo-energías renovables, un tema que cobra estos días especial trascendencia no solo por las cifras arriba apuntadas sino también por lo que de relación tiene con el pacto susodicho, un pacto denominado "Acuerdo Social y Económico. Para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones". A continuación reproducimos, íntegramente, ese artículo.
La energía, factor clave para la sostenibilidad del modelo de desarrollo, por Cándido Méndez
La energía es un recurso crítico en la conciliación de las necesidades de desarrollo económico y social, y el equilibrio ecológico. Y hay datos que evidencian la insostenibilidad del sistema energético de España: crecimiento de la intensidad energética por encima de la media europea, elevada dependencia de combustibles fósiles (80% en 2009), dependencia externa del 77% en el suministro de energía primaria, y emisiones de CO2 que, pese a haber descendido en los últimos años, se sitúan alrededor del 28% por encima de las de 1990.
El escenario de transición hacia un modelo energético más sostenible que propone la futura Ley de Economía Sostenible, en el marco de los objetivos de la Estrategia Europea de 2020, debería adaptarse en coherencia con la posición defendida por el Gobierno de España en la Conferencia de Cancún, que apoya una reducción unilateral del 30% de las emisiones de la UE para el 2020. Las principales líneas de actuación para llevar adelante el cambio son:
– Mejora sustancial en el ahorro y eficiencia energética, afianzando la disociación entre desarrollo y aumento del incremento de la demanda de energía. Y reducción de emisiones en sectores difusos.
– Diversificación del mix energético, con una importante penetración de las energías renovables y una evolución gradual de la estructura energética, atendiendo a la reducción de las emisiones, la seguridad del abastecimiento, la mejora comparativa del sector productivo y la equidad social en el acceso al recurso.
– Inversiones en I+D+i energética, para el desarrollo de renovables y de tecnologías de transición más limpias.
– Establecimiento de un marco regulatorio económico que reduzca la incertidumbre sobre incentivos a las renovables, evitando los vaivenes que se han producido en los casos de la fotovoltaica y la eólica, con un importante impacto negativo sobre el empleo. Desarrollo de medidas orientadas a internalizar los costes ambientales asociados a la energía.
– Un amplio debate social sobre los escenarios energéticos a medio y largo plazo que culmine en un pacto de Estado, en el que se contemple un programa de transición justa para los trabajadores afectados por los cambios derivados de una planificación energética sostenible.
– Este cambio debe de ir acompañado de programas de formación adecuados que promuevan la calidad del empleo, facilitando la promoción profesional y las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo.
Diversos estudios, realizados en los últimos años, sobre la generación de empleo asociado a actividades relacionadas con la prevención y reducción de la contaminación y de sus efectos sobre el medio ambiente (empleo verde) ponen de manifiesto la significativa expansión del sector en la última década, señalando además una perspectiva de creación neta de empleo en el medio y largo plazo.
El desarrollo de las renovables junto a la gestión y tratamiento de los residuos han concentrado una parte muy relevante del mercado tradicional de productos y servicios ambientales. A medio plazo, las renovables tienen todavía un importante margen de desarrollo y se prevé que junto con la gestión de la demanda y la eficiencia energética son las actividades que concentrarán las mayores inversiones y generarán mayor número de empleos.
El estudio “Employ-RES” (2009), realizado a propuesta de la DG de Transportes de la CE para evaluar el impacto socioeconómico del paquete energía-cambio climático al 2020, señala que es necesario reforzar notablemente el apoyo a las energías renovables para que la UE mantenga su posición de ventaja comparativa en este sector y logre el objetivo del 20% del consumo de origen renovable para esa fecha. Este apoyo reforzado aportaría un amento al PIB del 0,24% y 2,8 millones de empleos, con un aumento neto de más de 400.000 puestos de trabajo.
El estudio “Empleo Verde en una Economía Sostenible” (OSE y Fundación Biodiversidad-2009) que analiza la situación del empleo verde en España, indica una contribución de las renovables del 26,4% al empleo total relacionado con el medio ambiente, con 109.368 empleos. El Informe Económico del Presidente del Gobierno (2009) estima un aumento del empleo entre 2006-2020 de más de 1.100.000 empleos verdes, con un peso importante de las energías renovables, la edificación sostenible, el transporte, la ecoindustria y la agricultura ecológica.
Desde la perspectiva mundial, el informe “Empleos verdes: hacia un trabajo decente” (Pnuma y OIT-2008) estima que para 2030 se habrán creado 20.400.000 empleos en el sector de las renovables (59% biocombustibles, 31% solar fotovoltaica, y 10% energía eólica).
En el actual escenario de crisis económica, no es fácil prever cómo se van a concretar las prioridades de inversiones y financiación para ejecutar las prospectivas de empleo mencionadas. Pero, si de verdad existe una voluntad política para actuar según las líneas indicadas, se logrará avanzar hacia una economía baja en carbono aprovechando el importante potencial de creación de puestos de trabajo asociado.
El Gobierno debe de instrumentar las medidas adecuadas para que España no pierda su posición en el ranking internacional como productor de tecnologías renovables: marco jurídico que aporte seguridad a los inversores, medidas de internalización de costes, debate social sobre escenarios y un pacto de estado para una planificación energética acompañada de una transición justa para los trabajadores afectados.
