La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este martes reconsiderar el cierre previsto de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) y ha reclamado que cualquier decisión se base en una evaluación de impacto "rigurosa" que tenga en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y energéticas. Así consta en las conclusiones del informe de la misión de eurodiputados que visitaron la instalación extremeña, un texto adoptado por la comisión parlamentaria y que alerta de las posibles consecuencias del cierre para la región y el sistema energético, según informa Europa Press.
El documento subraya la necesidad de que las decisiones sobre infraestructuras estratégicas se apoyen en criterios técnicos y evaluaciones completas que incluyan el impacto sobre el empleo, la actividad económica y la seguridad del suministro eléctrico. En este sentido, los eurodiputados apuntan al papel de la central en la generación eléctrica en España y su contribución al tejido económico local, especialmente en la comarca cacereña de Campo Arañuelo. El informe también enmarca el debate en el contexto de la transición energética y de los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, al tiempo que plantea la necesidad de equilibrar estos objetivos con la seguridad energética y la estabilidad del sistema.
El coste
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil han firmado un Manifiesto -¿Alargar las nucleares? No, gracias- en el que piden al Gobierno de la nación que "cumpla con el cierre acordado" de la central nuclear de Almaraz (previsto para el bienio 2027-2028) y han alertado de que prorrogar su uso costaría más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía, "sobrecoste" que acabaría siendo repercutido por las propietarias de la central -Iberdrola, Endesa y Naturgy- en la factura de la luz. Las organizaciones también denuncian las "presiones" de las empresas eléctricas por alargar la actividad de la central extremeña hasta 2030: "a pesar de que las eléctricas y el Gobierno pactaron el plan de cierre, la empresa titular de Almaraz, participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, ha solicitado una prórroga de funcionamiento del reactor I hasta el año 2030 que, de aprobarse, retrasaría el calendario previsto de cierre al menos tres años", avisan.
Asimismo, las entidades destacan que en el último año se han "desaprovechado" 29,5 millones de megavatios/hora (MWh) de renovables "por la prioridad de entrada de la nuclear en la red". En este sentido, aseguran que las centrales nucleares "no aportan seguridad ni robustez al sistema", algo que se habría demostrado en el apagón eléctrico de 2025: "Las nucleares no son válidas para controlar tensión ante inestabilidades que podrían derivar en un nuevo apagón, y fueron la última tecnología en retomar la producción de electricidad", afirman.
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