El encuentro situó en el centro del debate las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), previstas por la Directiva europea DER III e incorporadas al marco español mediante el RDL 7/2026, que buscan concentrar parte del despliegue en áreas de menor sensibilidad ambiental o previamente transformadas y agilizar allí los procedimientos administrativos.
Joaquín Farinós Dasí, presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (Fundicot), defendió la zonificación como herramienta para aliviar unas administraciones que tramitan los proyectos "expediente a expediente", aunque reclamó coordinar obligatoriamente esa planificación con la red de transporte y evacuación para evitar proyectos alejados de puntos de conexión viables.
Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), su directora de Electrificación y Comunidades Energéticas, Paula Santos Ortiz, sostuvo que la instalación de toda la fotovoltaica en suelo contemplada por el PNIEC ocuparía alrededor del 0,4% de la Superficie Agraria Útil española, por lo que defendió que determinados terrenos agrícolas pueden acoger plantas siempre que exista rigor técnico y un retorno económico para los municipios.
La visión agraria introdujo, sin embargo, mayores cautelas, ya que Héctor Escudero Leiva, integrante del gabinete técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), advirtió de la ausencia de una protección expresa para suelos de elevado valor productivo como el regadío, que representa el 22% de la superficie cultivada pero genera el 70% de los alimentos, y reclamó una participación pública vinculante desde las primeras fases.
Más participación y beneficios para el territorio
Por su parte, Hannah Fakir, experto en Políticas Climáticas y Energéticas de Fundación Renovables, propuso sustituir los procesos de consulta limitados a las alegaciones por foros ciudadanos permanentes vinculados a las ZAR, acompañados de empleo, formación, comunidades energéticas y bonificaciones eléctricas para la población local.
Desde el punto de vista de los conservacionistas, David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife, pidió además que la delimitación de estas zonas se someta a una Evaluación Ambiental Estratégica rigurosa y reclamó que las administraciones dispongan de prioridad política y personal suficiente y cualificado para gestionar el despliegue.
El segundo gran eje fue el futuro Estándar Voluntario de Excelencia Social y Territorial, concebido para distinguir proyectos que superen los mínimos legales mediante un mayor impacto socioeconómico positivo, integración ambiental y participación de las comunidades próximas.
Entre las propuestas planteadas figuraron establecer índices de saturación territorial, facilitar que la población local pueda participar en entre el 10% y el 20% de la inversión, reforzar las 837 comunidades energéticas existentes y excluir de la máxima certificación instalaciones que afecten a Red Natura 2000 o áreas importantes para las aves.
Los grupos de trabajo cerraron el encuentro con varios consensos, entre ellos coordinar Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, extender la planificación a cubiertas y zonas industriales y destinar las compensaciones municipales a inversiones limpias, aunque quedaron abiertos asuntos como la definición jurídica de "suelo degradado", las trabas de acceso impuestas por las distribuidoras y los criterios para determinar qué trabajadores pueden considerarse mano de obra local.
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