Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán por primera vez este jueves las posibles medidas propuestas por Bruselas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo en una cumbre informal marcada también por las tensiones geopolíticas con Estados Unidos o China y la necesidad de aclarar las prioridades económicas y de seguridad del bloque. Los líderes viajan para ello a Chipre, país que ejerce la presidencia de turno del Consejo. Será también una cita marcada por la ausencia del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, que tras 16 años en el poder y habiendo promovido un giro iliberal en el país, ha decidido no acudir al que sería su último Consejo Europeo antes de que el líder de la oposición, Péter Magyar, tome el relevo.
En clave interna, los mandatarios podrán compartir sus primeras impresiones sobre el primer paquete de medidas que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para atajar el alza de precios de la energía y la incertidumbre sobre el suministro de combustibles que ha generado en Europa la crisis en el estrecho de Ormuz. Según las cuentas de Bruselas, en apenas 52 días de conflicto, la Unión Europea ha tenido que asumir por ello un sobrecoste de 24.000 millones de euros en sus compras energéticas; al tiempo que apunta la necesidad de vigilar los riesgos de escasez de suministro de combustibles fósiles, en especial de queroseno para los aviones y diésel, si la crisis se perpetúa.
Además, los jefes de Estado y de Gobierno europeos están llamados a discutir en detalle sobre cuáles deben ser las prioridades presupuestarias del próximo marco financiero plurianual post 2027 (MFF, por sus siglas en inglés). Aunque aún es pronto para poner cifras sobre la mesa para el presupuesto de 2028-2034, las capitales quieren asegurar que el siguiente presupuesto europeo responde a sus ambiciones. El debate previsto en el Consejo Europeo de marzo quedó aplazado y por tanto en esta cumbre tendrá lugar el primer debate serio de los 27 al máximo nivel desde que Bruselas presentara el pasado verano su propuesta, que fija un techo de gasto del 1,26% y para el que países como España piden más ambición, para llegar al menos hasta el 2%.
