La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha publicado un informe en el que analiza la situación del mercado energético en España y advierte de un "triple desajuste" del sistema: una concentración empresarial extrema, una fiscalidad que carga la energía más limpia y unos costes de red que penalizan a los hogares frente a los grandes consumidores. El contexto de crisis energéticas recurrentes por razones geopolíticas —como la guerra en Ucrania o los conflictos en Oriente Medio— ha vuelto a evidenciar la alta dependencia energética exterior de España. La energía no es un bien de consumo ordinario, sino una necesidad vital. Su precio afecta a todos los sectores de la economía y su reparto desigual permite que el sector capitalice un gran poder económico y social.
Soledad Montero, experta en energía de CECU y autora del informe: "estamos en un momento crítico para frenar las peores consecuencias del cambio climático y nuestras políticas no avanzan al ritmo necesario en el abandono de los combustibles fósiles. Porque ya no es solo una cuestión de protección del medio ambiente, sino que se trata de evitar las consecuencias del cambio climático por su grave impacto económico. Se trata ya de una prioridad económica y de salud pública". En este informe, CECU analiza el funcionamiento del sistema energético para entender cómo afecta de manera directa a las personas consumidoras, centrándose en tres factores, y traslada propuestas de medidas para mitigar ese impacto y apostar de manera decidida por la electrificación.
Las tres principales compañías —Iberdrola, Endesa y Naturgy— suministran el 80% del mercado eléctrico y el 78% del mercado de gas. "Esta concentración sitúa a las personas consumidoras en una posición de dependencia de los intereses empresariales, con una capacidad de negociación prácticamente nula frente a los grandes industriales", advierte Montero. Sobre todo, porque, como muestra el informe, la mayoría de los clientes son domésticos, pero, a la vez, son los que menos consumen. En electricidad, el 51,6% de la energía es consumida por el 0,4% de los clientes (industriales); en gas, el 94% del gas fósil importado se consume por el 2% de los clientes (grandes industrias).
Incoherencia fiscal
Los gravámenes y sus tipos impositivos son casi el doble para la electricidad que para el gas, lo que CECU considera incompresible en un proceso de transición energética. La electricidad soporta una carga fiscal del 34,61% (21% de IVA + 5,11% del Impuesto Especial sobre la Electricidad + 7% de IVPEE + 1,5% de tasa municipal); mientras que el gas apenas alcanza el 22,50% (21% de IVA + 1,5% de tasa municipal). La bajada de precios de la luz y el gas durante el mes de abril va a suponer la retirada anticipada de la rebaja del IVA a partir del 1 de junio, que se había activado como medida para hacer frente a los efectos económicos de la guerra. CECU considera esta como una oportunidad para evaluar el sistema fiscal actual y redistribuir los impuestos de forma que no carguen la energía eléctrica frente al gas, como recomienda la Unión Europea. "Estamos penalizando fiscalmente la energía más limpia, la que queremos potenciar, mientras el gas —más contaminante— paga menos impuestos. No tiene sentido. Si queremos electrificar la economía, hay que reorientar los impuestos para que acompañen la transición, no para que la bloqueen", denuncia Montero.
Costes del sistema
El informe analiza también los peajes y cargos, es decir, los costes del mantenimiento del sistema, que suponen una buena parte de los que se paga en las facturas. Estos costes se pagan tanto por el acceso al suministro como en función del consumo. CECU señala que mantener dos suministros distintos —electricidad y gas— cuando se puede cubrir las necesidades con uno solo es económicamente ineficiente, ya que, al reducir a un único suministro energético, se reduciría lo que se paga por peajes. Según los datos del informe, el 69% de los suministros domésticos de gas tienen un consumo inferior a 5.000 kWh/año (tarifa RL01), lo que indica que se usa principalmente para agua caliente y/o cocina, no para calefacción. Solo el 26% de los clientes hace uso del gas también para calefacción. Sumado a la clara tendencia al descenso de la demanda de gas en el sector doméstico “nos induce a plantearnos que, puesto que la electricidad es indispensable, tanto para la iluminación como para hacer funcionar los equipamientos domésticos, entre otros, la propia caldera de gas, tiene todo el sentido mantener únicamente el suministro eléctrico”, añade Montero.
Ante este diagnóstico, CECU propone medidas políticas concretas que se dirijan claramente a la necesaria electrificación:
1. Identificar y fomentar una hoja de ruta clara y específica que oriente a las personas consumidoras hacia las ventajas y la necesidad de electrificar las viviendas, con planes adaptados a los diferentes perfiles sociales.
2. Reorientar las políticas impositivas y de ayudas públicas en dirección a la electrificación, reduciendo la carga fiscal sobre la electricidad y diseñando subvenciones que incentiven el cambio de sistemas de calefacción de gas a bombas de calor u otras tecnologías limpias.
Parón nuclear, reciclado y depósito en Francia (60000€/día), coimas, puertas giratorias y otros chanchullos: precios desorbitados. Pero insisto, a pesar del censor, más grave es lo del agua, que cae del cielo y si que tiene un impuesto al sol y al paraguas.
Con el agravante de que la falta de electrificación repercute en costes bajos de las renovables que a su vez las dañan. Los sectores más consumidores y más amenazados (cerámica o cemento) están desincetivados para cambiar de fuente energética. Y mira que llevamos años de crisis energética. Solo se soluciona por la vía de las reduccioones fiscales y subvenciones. Ya va siendo hora de que las empresas se pongan las pilas y dejen de consumir un gas que no tenemos, sobre todo cuando muchos procesos son electrificables.
