"Lamentamos el voto del PP español en el Parlamento Europeo contra los compromisos climáticos. Mientras la crisis climática ya nos golpea con dureza, necesitamos unidad y ambición en la acción. Este voto va en contra del consenso europeo, de nuestro liderazgo internacional y en contra de la ciencia". La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica señalaba esta mañana en esos términos el voto "no" al incremento de la ambición climática de la UE, un "no" que han materializado las eurodiputadas del Partido Popular de España Esther Herranz García y Susana Solís Pérez, ambas integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria que debía debatir la propuesta del incremento de ambición climática. El PP (de España) ha votado "no", pero la propuesta ha salido adelante y llegará al Plenario esta misma semana. Porque, a pesar del "no" del Partido Popular de España y del voto también negativo del así mismo español Jorge Buxadé, el eurodiputado de Vox, integrante también de la Comisión, la propuesta (establecer como objetivo vinculante, obligatorio, el que la Unión Europea reduzca en un 90% sus emisiones de CO2 en 2040) ha sido aceptada y llegará al Plenario esta misma semana.
La votación susodicha en Bruselas se enmarca en un momento político muy agitado en España por la dimisión de Carlos Mazón, ya expresidente de la Generalitat Valenciana. La crisis recién abierta podría quedar resuelta con la convocatoria anticipada de elecciones en la Comunitat, algo que demanda la oposición y que podría modificar la composición actual del Parlamento valenciano (donde hay mayoría absoluta PP-Vox), pero, si no hay convocatoria anticipada, como todo parece indicar, el futuro presidente de la Comunitat volverá a ser elegido por el Partido Popular y Vox, es decir, por los mismos partidos que acordaron en 2023 colocar al frente del gobierno autónomo a Mazón, una de cuyas primeras decisiones fue por cierto eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, acción que enmarcó en una clara convergencia "climática" con Vox.
Hasta ahora prácticamente no ha habido tiempo para que el partido de Núñez Feijóo y el de Abascal se sienten a negociar.
Sin embargo, en la fiesta del décimo aniversario de Ok Diario, este jueves, tanto altos representantes de Vox, como voces autorizadas del Partido Popular han insinuado dónde podrían estar los motivos del acuerdo o desacuerdo en Valencia. Y ahí (en ese objeto de debate y/o negociación) han brillado, otra vez, el Pacto Verde y el "terrorismo climático".
La antecesora de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo ha dejado muy claro a las puertas de Las Ventas, donde tenía lugar la fiesta de Ok Diario: "a mí me parece fenomenal que no hagamos el Pacto Verde. A mí, como agricultora consorte que soy me está arruinando. O sea, que si es eso lo que dice Vox, yo estoy totalmente de acuerdo".
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido igualmente beligerante en Las Ventas con "las políticas verdes del terrorismo climático, que han provocado los incendios, y que están detrás de lo que ha ocurrido en Valencia", políticas -ha añadido- que han sido aprobadas "por el Partido Popular con el Partido Socialista en Bruselas, y que las aplican en España. Si se cambia ese rumbo, será posible entenderse con nosotros".
La fiesta de Ok Diario tuvo lugar en la plaza de Las Ventas el jueves, 6 de noviembre. La votación ha tenido lugar en Bruselas este lunes, día 10.
En concreto, la Comisión para el Ambiente, el Clima y la Seguridad Alimentaria ha fijado este lunes su posición sobre una propuesta de la Comisión Europea de enmienda a la Ley del Clima de la Unión Europea. Lo que proponía y propone la Comisión es establecer un compromiso "nuevo, adicional y vinculante" (del -90%) para el objetivo 2040 de la UE de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (la Comisión Europea quería y quiere que la Unión se comprometa a reducir sus emisiones de GEI en un 90% en ese año horizonte, año 2040, con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero que registró en 1990). El discurso que sostiene esa propuesta es que los estados miembro creen que la transición verde y la implementación de la competitividad de la Unión Europea "van de la mano". Por consiguiente, la Comisión propone y los Europarlamentarios de la Comisión han acordado dar luz verde a esa propuesta, si bien han introducido ciertas flexibilidades con respecto a la manera en la que ese objetivo puede ser alcanzado.
A partir de 2036, hasta el cinco por ciento de la reducción de emisiones de GEI puede obtenerse mediante créditos de carbono internacionales de alta calidad (high-quality international carbon credits) procedentes de países asociados, pero el Parlamento Europeo (los eurodiputados que lo han representado en esta Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria) quiere asegurarse de que esta vía está sujeta a "robustas salvaguardias". La Comisión propuso hasta el 3% (o sea, que los eurodiputados han elevado esa flexibilidad más allá de lo propuesto por el Ejecutivo comunitario).
La Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria también desea que se contemple la posibilidad de utilizar las eliminaciones permanentes de carbono a nivel nacional para compensar las emisiones difíciles de reducir en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), así como una mayor flexibilidad dentro de los sectores e instrumentos y entre ellos para alcanzar los objetivos de la forma más rentable posible.
Por fin, los eurodiputados también apoyan la propuesta de los estados miembro de posponer de 2027 a 2028 el comienzo del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (ETS2), que cubre emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles en edificios y transporte rodado.
Revisión del objetivo a 2040
Los estados miembro quieren que la Comisión evalúe el progreso hacia el objetivo 2040 cada dos años, tomando en consideración los más recientes hallazgos científicos, desarrollos tecnológicos y teniendo así mismo en cuenta la competitividad en el escenario internacional de la Unión Europea.
Entre otros aspectos, la revisión evaluará el status de la eliminiación neta a escala UE comparada con lo que es necesario para alcanzar la meta 2040, así como las dificultades emergentes y el potencial de mejora de la competitividad global de los diferentes sectores industriales de la Unión Europea. La revisión tendrá así mismo en consideración las tendencias relativas a los precios de la energía y su repercusión tanto para el empresariado como para los hogares.
Una vez revisadas las conclusiones, la Comisión propondrá una enmienda (un nuevo objetivo) a la Ley UE del Clima si fuera necesario. Esto podría incluir la modificación del objetivo 2040 o la adopción de medidas adicionales para reforzar el marco de apoyo, por ejemplo, "para salvaguardar la competitividad de la Unión Europea, la prosperidad y la unidad social".
Siguientes pasos
El texto ha sido adoptado por 55 votos favorables, 32 votos en contra (incluidos los del PP de España y Vox) y cero abstenciones. Se espera que el Pleno vote la posición del Parlamento el 13 de noviembre, tras lo cual podrán comenzar las negociaciones con los Estados miembros sobre la ley definitiva.
La Ley UE del Clima ha fijado como objetivo la neutralidad climática de la Unión para el año 2050, obligación legalmente vinculante para todos los Estados Miembro. También establece un objetivo legalmente vinculante para la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al menos en un 55% en el año 2030 (-55% con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero registradas en el año 1990).
En las antípodas del "terrorismo climático" de Vox y del "no" del PP en el Parlamento Europeo, el Gobierno de España (presidido por el socialdemócrata Pedro Sánchez) y el Gobierno de Alemania (presidido por el demócrata cristiano Friedrich Merz) han acordado en la ciudad brasileña de Belém, donde tiene lugar estos días la trigésima Cumbre del Clima, aportar cien millones de dólares para impulsar la Inversión Climática y con el fin de lanzar la Transición Ecológica en países en desarrollo.
