Sus señorías dejaron claro durante la exposición de argumentos en el pleno del Congreso celebrado el jueves 15 de octubre que iban a votar en contra de la derogación del artículo 4. El resultado estaba cantado desde que unas horas antes el vicepresidente tercero del gobierno, Manuel Chaves, afirmara que el PSOE votaría en contra, y que poco después Convergencia i Unió, a través de su portavoz económico en la Cámara Baja Josep Sánchez Llibre, diera marcha atrás sobre una iniciativa presentada en el Senado desde las filas de CiU la semana anterior.
El resultado de una semana de desasosiego para muchos quedó en eso, en desazón. A la hora de la votación en el hemiciclo había 328 diputados de los que 327 votaron en contra de la decisión del Senado de que las tecnologías renovables (todas excepto la fotovoltaica que tiene el suyo propio) dejaran de pasar obligatoriamente por el registro del Ministerio del Industria. Solo un diputado votó a favor. Error, despiste…, a saber.
Con esa abrumadora mayoría las cosas quedaron como estaban, pero poniendo de manifiesto la volatilidad legisladora de los grupos políticos. En primavera PSOE y CiU votaron a favor del Real Decreto Ley 6/2009. Una norma polémica desde su nacimiento. El siete de octubre, tan solo cinco meses después de su entrada en vigor, CiU argumentó la necesidad de derogar el registro porque interfiere las competencias de las comunidades autónomas. El PSOE votó en el Senado a favor de ello. Y tan solo ocho días después, ambos partidos cambiaron de opinión y optaron por las antípodas de sus propios votos.
Presiones y desconcierto
¿Qué pasó entre las votaciones del Congreso y el Senado? CiU, el promotor de la enmienda, defendió en la tribuna de oradores del Congreso que su única intención era que las autonomías recuperasen sus competencias y acusó al PSOE de “contaminar” la enmienda presentada en el Senado al incluir una transacional “letal” para las renovables. Se refería Josep Sánchez Llibre a una modificación que en la práctica significaría que las instalaciones que se registraran en el Ministerio de Industria una vez cumplidos los objetivos fijados para 2010 estarían fuera de la prima y solo cobrarían el precio de la electricidad del mercado hasta que se aprobaran las siguientes primas. En la actualidad el RD 661/2007 establece un año de moratoria una vez cumplido el 85% del objetivo fijado por Industria.
El PSOE, en su contestación parlamentaria, defendió la enmienda aprobada en el Senado porque intentaba responder a los retos que ha provocado la crisis económica en el sector energético, en un marco de lucha contra el cambio climático y evitando una “burbuja financiera”. Sin embargo, la portavoz adjunta de Economía del PSOE en el Congreso, Montserrat Colldeforns, aseguró que la cuestión “había que pensarla un poco más. No queremos que no cambien las cosas, queremos que las cosas cambien a mejor”.
A esos argumentos se llegó después de una semana de desconcierto y presiones. Desconcierto de las asociaciones profesionales que han visto como otra vez les podían cambiar las reglas del juego sumiéndoles en una inseguridad jurídica imposible de gestionar. Y presiones de los barones socialistas expresadas desde Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, incluso en cartas dirigidas a presidencia del gobierno, para que se recompusiera la situación y todo quedara como estaba antes de la enmienda aprobada por el Senado.
Fuentes de Industria consultadas por Energías Renovables han indicado que desde el ministerio nada hay que decir sobre el debate parlamentario y han asegurado que después de que el Senado aprobó la enmienda el Registro de Pre-asignación de Retribución ha seguido funcionando con normalidad. Y para muestra un botón. El mismo día que el Congreso rechazaba la enmienda aprobada en el Senado, el Ministerio de Industria anunciaba la inscripción en el sistema de 53 nuevas instalaciones renovables que suponen la puesta en funcionamiento de 1.164 MW de potencia. El equipo de Miguel Sebastián también hacía recuento y recordaba que se han resuelto favorablemente los expedientes de 89 proyectos con 1.990 MW que por tecnologías se distribuyen de la siguiente manera: 1.663 MW eólicos, 150 MW termoeléctricos, 84 MW de cogeneración, 55 de biomasa y 42 hidráulicos.
“El ministerio quiere que las renovables no crezcan”
Con esta contundencia se ha expresado en declaraciones a Energías Renovables el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). José María González Vélez ha responsabilizado al Ministro de Industria y al Secretario de Estado de Energía de lo ocurrido. “El ministerio quiere tener la sartén por el mango, y el mango también, para ante la falta de política energética establecer cupos y que no crezcan las renovables. A pesar de las declaraciones del Presidente del Gobierno, lo que realmente quiere el ministerio es que las renovables no crezcan. Hay que quemar mucho gas y mucho carbón”.
La Asociación Española para la Promoción de la Industria Energética Termosolar (Protermosolar) ha respirado con cierto alivio después de que el Congreso haya dejado las cosas como estaban. El cambio propuesto en la enmienda del Senado hubiera significado, según las estimaciones de Protermosolar, poner en peligro 10.000 millones de euros en inversiones privadas y 300.000 puestos de trabajo. En declaraciones a Energías Renovables, el presidente de esta asociación, Valeriano Ruiz, ha afirmado “que después de movilizar muchas voluntades se ha conseguido un éxito importante, pero el tapón está en el mismo sitio y quien tiene que quitar ese tapón es la misma persona. Hay que reclamar al Ministerio de Industria que pase a la acción”. Valeriano Ruiz ha manifestado su preocupación porque los proyectos termosolares siguen en el ministerio sin ser aprobados. “No se puede bajar la guardia. Hemos ganado una batallita pero las empresas que esperan que les aprueben los proyectos están igual, o peor porque ha pasado otra semana”.
El tiempo corre y las asociaciones no quieren perder de vista los próximos movimientos, si los hay, del equipo de Miguel Sebastián. “Miedo me da que el Ministro tenga la tentación de hacer vía decreto las cosas que el parlamento le ha negado. Sería una deslealtad”, ha afirmado José María González Vélez.
Los fotovoltaicos, en alerta
El refrán dice que cuando las barbas de tus vecinos veas pelar pon la tuyas a remojar… Y eso han hecho las asociaciones fotovoltaicas, alertadas por varios aspectos del asunto. La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) ha manifestado a Energías Renovables su preocupación por las “formas totalmente inadecuadas y, una vez más, a espaldas del sector” con las que se pretendía introducir la reforma. Hay que recordar que el cambio en el RDL 6/2009 se intentó realizar mediante una enmienda incluida en la Ley de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión del Mercado Inmobiliario, algo que nada tiene que ver con las renovables.
Las idas y venidas legislativas, además, han resucitado las reclamaciones del sector fotovoltaico sobre la inconveniencia del Registro de Pre-asignación de Retribución y el sistema de cupos. El presidente de la sección fotovoltaica de APPA, Javier García Breva, ha afirmado en declaraciones a Energías Renovables que “la política de cupos en las renovables es la política de no hacer renovables”. Incluso ha manifestado su intención de exigir la derogación de los cupos y del registro fotovoltaico ya que el argumento de CiU de que la obligatoriedad de pasar por el registro de Industria cercena las facultades de las comunidades autónomas “es aplicable a la tecnología fotovoltaica, cuyos proyectos también tienen que ser autorizados tras pasar por el registro central del Ministerio”.
El presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso, ha mostrado su preocupación a Energías Renovables por un “sistema de cupos con un máximo de 500 MW anuales, que tiende a enquistar un foco de especulación, y que ha influido en que de los 500 MW previstos para este año, actualmente no se hayan puesto en marcha ni 50 MW”. Las cifras publicadas por la Comisión Nacional de la Energía a finales de agosto cuantificaban en 5 los MW solares fotovoltaicos instalados en 2009 frente a los 2.600 MW de 2008. En opinión de Juan Laso, “los cupos hacen que la calidad, la innovación y la tecnificación, fundamentales en nuestro sector, queden sepultadas por el papeleo”.
ASIF cree que la posible eliminación de los cupos que abría la propuesta de CiU en el Senado es positiva, pero la “incertidumbre que introducía por la modificación del RD 661/07 era excesiva e inasumible”. Lo que se proponía “planteaba problemas jurídicos por su eventual aplicación retroactiva. Era complejo, pero podía haber dejado en una situación delicada los más de 3.000 MW fotovoltaicos ya instalados por encima de los 371 MW que el PER tenía como objetivo para 2010”.
En opinión de Javier García Breva no hay duda de que es necesaria “una nueva regulación fotovoltaica que tenga en cuenta el espíritu y la letra de la nueva directiva europea de renovables aprobada en junio en tres aspectos sustanciales: simplificación administrativa, facilitar la conexión a red, y establecer un marco normativo estable y previsible”.
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