1. El Gobierno da marcha atrás.
El Ministerio de Industria ha entregado a los partidos políticos y a las asociaciones su propuesta para un acuerdo sobre política energética. Sobre el mix energético para 2020 hay que destacar el compromiso de alcanzar el 22,7% de consumo final de renovables, con una reducción de la dependencia energética hasta el 66,4% y un descenso del 19% de la intensidad energética.
Este mix, que ya presentó el Gobierno el 1 de marzo en las conversaciones de Zurbano, está determinado por la comunicación a la Comisión Europea en diciembre pasado del avance del PANER 2011-2020 en cumplimiento de la Directiva de renovables, en la que el Gobierno fijó el 22,7% como objetivo para España. Este objetivo merece el respaldo firme de todo el sector de las renovables porque, además de superar el objetivo del 20%, confirma que los demás objetivos sólo se podrán conseguir con más renovables. Por el contrario, el documento sobre “Energías Renovables: situación y objetivos” constituye una clara contradicción porque es todo un ataque a las renovables.
Sorprendentemente, todas las críticas y falsedades que contra las renovables han expresado UNESA, la asociación de las grandes eléctricas, y el sector del gas en los últimos meses para atacar el mix de Zurbano se recogen en este documento con una superficialidad que raya en el prejuicio. Lo más grave es que tienen la firma del Gobierno, que parece haberse apuntado a esos mismos ataques contradiciendo su propio discurso. En conclusión, se propone un mix que necesita muchas más renovables con una regulación que lo hace imposible porque las frena e, incluso, paraliza las tecnologías solares. Esto es, además, una grave inconsecuencia.
2. ¿Son buenas o malas?
Industria acusa a las renovables de ser un sobrecoste de la tarifa, responsable del encarecimiento de la luz y de la ruina de la industria española que por culpa de las primas tendrá que soportar una subida de la luz que provocará su pérdida de competitividad. Ratifica lo que ya expresó en el RD 1578/08 y el RDL 6/2009: que las renovables constituyen un riesgo para el sistema; ahora también para la economía.
El análisis es sesgado e interesado: no contempla todos los costes del sistema, sólo el de las renovables; no expone los costes reales del resto de fuentes, incluidos los no internalizados; no tiene en cuenta todas las externalidades positivas de las renovables; no permite un análisis coste-beneficio comparativo de todas las fuentes; no contempla ningún escenario de planificación a largo plazo, limitándose a establecer una foto fija; contrapone la industria española a la industria nacional de renovables, como si esta fuera irrelevante; no se hace una valoración de los errores regulatorios; por el contrario, quedan justificados el riesgo y la incertidumbre regulatoria para desanimar a los inversores.
Y ahora se trata de algo más: “ralentizar” la fotovoltaica y la termosolar. Los rumores eran fundados y los que han hablado de moratoria para las renovables estaban en lo cierto. Estos vaivenes sólo van a proporcionar más desconfianza después de haber conseguido el desprestigio de las renovables. El Ministerio de Industria culmina así su estrategia para poner a la opinión pública contra las renovables –véase la denuncia del fraude nocturno de la FV– y justificar así medidas para frenar su desarrollo.
3. ¿Cuál es el coste de la demagogia?
El único coste que el Ministerio de Industria cita son los 126.000 millones que costarían las renovables a 25 años. Por el contrario, nada se dice del coste a 25 años del petróleo, del gas, del carbón ni del CO2. Pues bien, si en 2008 las importaciones energéticas fueron del orden de 42.000 millones, a 25 años serán más de 1 billón de euros, diez veces más que las renovables, con la diferencia que los combustibles fósiles serán cada vez más caros, escasos y contaminantes –el golfo de México es hoy toda una premonición–; mientras que el sol y el viento seguirán entrando a coste cero, en la puerta de nuestra casa y su instalación más barata y sin CO2.
¿Y qué pasaría si elimináramos las renovables? Seguiría existiendo el déficit de tarifa, seguiría subiendo el recibo de la luz e, incluso, las centrales de gas seguirían funcionando al 50%. Sencillamente, porque las renovables no constituyen ni el único ni el mayor problema del sistema como pretende hacer ver el documento del Gobierno. Es una falacia insolidaria, porque los costes reales se están derivando a las futuras generaciones.
El error es haber mantenido desde décadas una política energética basada solamente en la bajada del recibo de la luz, que ha descendido un 38,8% a precios constantes desde 1990 hasta 2008, y no tener la voluntad política necesaria para valorar de otra manera bien distinta el hecho de que en abril, el 38,7% de toda la electricidad generada haya sido renovable. En España está cambiando el modelo energético y eso exige otra regulación que permita la transición a una economía baja en carbono, ya que la actual lo hace imposible; lo contrario es renunciar al liderazgo y condenarnos a una futura crisis energética provocada por los combustibles fósiles cuyo coste nadie puede calcular hoy.
4. La industria de renovables ninguneada.
El Ministerio de Industria quiere salvar la gran industria parando la industria de renovables. Resulta que después de más de cuatro años hablando del cambio de patrón de crecimiento y de elogiar las renovables –casi siempre fuera de España–, ahora el Gobierno condena a la industria de renovables al darwinismo empresarial en su propio país y se olvida de que las renovables son el principal sector para cambiar la especialización de nuestra economía productiva; es una política que sólo aspira llegar a 2012. Por eso no se quieren reconocer las externalidades positivas de las renovables ni su impacto real en la economía.
Esa visión negativa de las renovables explica la obsesión que el Ministerio de Industria ha tenido desde 2006 por incrementar las barreras que impiden el crecimiento de las renovables aumentando la complejidad de la tramitación administrativa –sistema de registro y cupos–, sin normas públicas y transparentes de conexión a red –las renovables pagan el impuesto revolucionario a las distribuidoras para reforzar la red– y aumentando la inestabilidad regulatoria –cambio de normas cada año–.
Ahora se trata de algo más, ralentizar tecnologías como la solar FV y la termosolar que, con una reducción de sus costes de más de un 50% y 14% respectivamente, se las condena paradójicamente a su paralización y sumen a España en la noche de los tiempos del desprestigio internacional y la inseguridad jurídica tercermundista que conllevaría la aplicación de medidas retroactivas. Parece increíble que el Ministerio de Industria piense que la industria española pueda crecer con riesgo regulatorio cuando lo único que transmite es pérdida de confianza. La industria solar se está hundiendo, la eólica también. ¿Qué más quieren?
5. El poder fáctico de los oligopolios.
Quién iba a decir que la mejor contestación a este interrogante vendría de la mano de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que acaba de denunciar los manejos de UNESA con el recibo de la luz. Esta denuncia deja bien claro que el poder fáctico de las grandes eléctricas es determinante y que sus pactos para impedir la competencia, acordar precios y ocultar la información sobre el recibo de la luz son inaceptables en una economía moderna y es la barrera más importante a la que se enfrenta el avance de las renovables y, en general, el sistema. Lo sorprendente es que sus falsos argumentos hayan sido recogidos por el Ministerio de Industria.
Otra contestación no menos sorprendente ha sido la del director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Nabuo Tanaka, que en Valencia anunció la semana pasada la competitividad de la FV en España para 2015, destacando el enorme potencial de la energía solar que podría representar el 25% de electricidad mundial en 2050. Tanaka puso en evidencia la contradicción del Gobierno de España que subvenciona la quema de carbón cuando las posibilidades de la electricidad renovable pueden llegar al 75%.
La AIE y la CNC ponen en evidencia la política del Ministerio de Industria de pagar riesgo regulatorio con más riesgo regulatorio para evitar el coste político de subir el recibo de la luz. Una política tan cortoplacista no puede ser buena y mucho peor explicarla; la FV es hoy el chivo expiatorio perfecto, después vendrá la termosolar y la eólica, el resto no existe. Se trata de hacer los cambios necesarios para que nada cambie; mientras tanto, el mundo camina veloz hacia una revolución energética porque el momento de las palabras ya ha pasado.
Javier García Breva
jgarciabreva@solynova.com
