La directiva pide para todas las tecnologías renovables "estabilidad regulatoria, simplificación administrativa y facilidad de acceso a la red", apunta APPA en su comunicado, es decir, que pide precisamente aquello que ha truncado el RDL recién aprobado en España, que en opinión de la mayoría de las asociaciones del sector de las renovables, incrementa la burocracia, estableciendo requisitos que van a ralentizar el desarrollo de estas fuentes de energía en España.
El RDL 6/2009 establece por ejemplo la obligatoriedad –para todas las tecnologías renovables– de inscribirse en un registro estatal de preasignación para optar a las primas (algo similar a lo que el gobierno estableció para la fotovoltaica en septiembre de 2008). Ello, según la asociación, incrementa la burocracia, ralentiza el desarrollo de las renovables en España y pone en riesgo, en consecuencia, miles de empleos, los hasta ahora generados por el sector en España (unos 90.000, según CCOO).
Por otro lado, en el mismo comunicado, APPA recuerda al gobierno español que, como el resto de los ejecutivos comunitarios, "deberá trasponer a la legislación española, antes del 25 de diciembre de 2009, la nueva Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 5 de junio".
Sin sanción
La nueva directiva, aprobada por el Consejo y el Parlamento europeos el pasado mes de abril, establece por primera vez un objetivo mínimo obligatorio. En el caso de España, el objetivo para 2020 es conseguir que el 20% del consumo de energía final bruta proceda de fuentes renovables (el 10% en el transporte).
El presidente de APPA, José María González Vélez, lamenta sin embargo que “la nueva Directiva no prevea ningún tipo de sanción para los países que no cumplan, por lo que alcanzar los objetivos globales y nacionales dependerá mucho de los diferentes gobiernos y de la voluntad de la Comisión para abrir procedimientos de infracción contra los estados miembros que no cumplan”.
La directiva fija el 30 de junio de 2010 como fecha para que los diferentes gobiernos establezcan los Planes de Acción Nacional en materia de renovables, de los que deberán tener ya listo un avance en enero del próximo año con los requisitos especificados en la directiva.
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