"La excesiva politización y la falta de rigor lógico en materia energética, unidas a la insuficiente participación social en esta cuestión de primer orden y a la ausencia de un marco regulatorio estable, sólido y transparente, que carece de órganos reguladores independientes, ponen de manifiesto la necesidad de un cambio en política energética que permita aprovechar el gran potencial de España en este apartado y que armonice su trayectoria con el resto de países de la Unión Europea".
Esa es la principal conclusión de “Prospectiva y Planificación Estratégica: Pilares de una política energética racional”, documento promovido por la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), institución que se define como think tank y que ha sido impulsada por el catedrático de Filosofía del Derecho y ex diputado del Partido Popular Andrés Ollero y por el director del Centro Francisco Tomás y Valiente y antiguo parlamentario del PSOE Francisco Javier Paniagua. El documento ha sido elaborado por el catedrático del Centro Politécnico Superior César Dopazo; el ex presidente de Red Eléctrica de España Pedro Mielgo; y el investigador principal del Grupo de Fluidodinámica Numérica de la Universidad de Zaragoza, Norberto Fueyo.
La "Prospectiva..." de Funciva aborda el mix energético en España y aporta "una serie de medidas urgentes destinadas a dar respuesta a una problemática que aún está por definir y cuyas decisiones marcarán las próximas décadas en los ámbitos social, económico y político". El documento señala como "prioridades ineludibles" la necesidad de un Pacto de Estado "que permita el diseño de políticas energéticas que conduzcan a costes asumibles y competitivos en un contexto global" y la reducción de la dependencia exterior de España en importaciones energéticas que en la actualidad es superior al 80%, mientras que la media de la Unión Europea (UE) es ligeramente superior al 50%.
Gases decrecientes
Según la "Prospectiva...", las energías renovables son "parte importante del futuro mix energético", por lo que su impulso "no sólo debe descansar en la concesión de primas ventajosas, sino que debe estar orientado a la mejora de la eficiencia y de la competitividad y al desarrollo de tecnologías complementarias (como la conexión a redes, el almacenamiento masivo de energía) y de mejora en la predicción de su producción". En cuanto a las centrales nucleares y a las térmicas de carbón, el documento asegura que serán fuente de suministro de energía a corto y medio plazo, mientras que las centrales de ciclo combinado contribuirán a la energía de base y a la cobertura de puntas de demanda, "con factores de capacidad decrecientes".
La "Prospectiva..." de Dopazo, Mielgo y Fueyo, que reconoce que "la competitividad de la industria española de energías renovables parece probada", asegura sin embargo que "el crecimiento mundial de la demanda y los competidores internacionales van a poner a prueba al sector". Así, señalan los autores, el rápido desarrollo tecnológico actual "puede acelerar la obsolescencia del parque solar español, asunto que merece análisis y, probablemente, la adopción de medidas estratégicas, tanto en el plano tecnológico como en el regulatorio". El objetivo final –concluye el documento– "debe ser aprovechar el potencial de energías renovables en todas sus dimensiones: económica, tecnológica y estratégica (dependencia energética). Estas consideraciones han de tenerse en cuenta en la elaboración del PER 2011-2020".
Los cementerios nucleares y de CO2... y las incertidumbres
Los autores señalan, además, que España no debe renunciar a las centrales nucleares (hablan incluso de "ampliar su capacidad" actual). Eso sí –matizan los autores–, "debe ser el sector privado quien financie y construya estas centrales, haciendo frente a los costes totales del desmantelamiento y contribuyendo a los costes de la gestión de residuos, del mismo modo que se deberá hacer con las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2".
La "Prospectiva..." también habla de la I+D+i energética, materia en la que, según sus autores, deben "aunarse los esfuerzos de los sectores público y privado, impulsar la inversión privada mediante ventajas fiscales, evitar la fragmentación por división autonómica y mejorar su gestión pública y privada". Según la análisis de Funciva, son "inciertas" las posibilidades de que España reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero (sin contar con la adquisición de derechos de emisión), así como de incierta también califica la consecución del objetivo 20/20/20, o sea, que España consiga que el 20% de la energía final que consuma en 2020 sea de origen renovables y que el 10% de la gasolina y el diésel usados en transporte ese año sean de origen vegetal (biocombustibles).
Por fin, el informe destaca que España "ha perdido la oportunidad de comenzar la Presidencia de la UE con propuestas concretas y consensuadas en materia energética". Funciva propone como alternativa el "buscar inmediatamente puntos de encuentro, basados en criterios técnicos, económicos y sociales, sin condicionamientos ideológicos, y que sean el principio de un gran pacto". Funciva se define como "una institución independiente formada por profesionales de diferentes áreas y variados planteamientos ideológicos que pretende, a través de su actividad, crear un ámbito de investigación y diálogo que contribuya a afrontar los problemas de nuestra sociedad desde una perspectiva de colaboración y concordia, con el fin de ayudar positivamente a mejorar a las personas, la convivencia y el progreso social".
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