APPA lo tiene muy claro: para alcanzar las ambiciosas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que puedan establecerse en un nuevo tratado Post-Kioto (el que podría salir de Copenhague) se necesita una "revolución energética urgente" que se base en una economía libre o muy baja en carbono. En ese contexto y para anticiparnos a futuras crisis de suministro e impactos del cambio climático –señala APPA en su comunicado– las energías renovables son "las mejor posicionadas gracias a que son de rápida aplicación, autóctonas e ilimitadas, y gracias, además, a su vertiginosa velocidad de cambio tecnológico".
A ello hay que añadir –apunta APPA– el hecho de que ahorran combustibles fósiles y emisiones de CO2. Solamente el sector eléctrico español, entre el primer semestre 2005 y el primer semestre de 2009 –señala APPA como ejemplo– "ha bajado sus emisiones de CO2 en un 36%, sobre todo gracias al creciente uso de las energías renovables". Entre 2005 y 2008, el acumulado de emisiones evitadas fue superior a las 84 millones de toneladas de CO2 equivalentes. En el documento difundido por APPA, la asociación solicita además del gobierno español que apoye en Copenhague la estrategia del Parlamento Europeo, estrategia que incluye las siguientes propuestas:
• Los países desarrollados deben reducir sus emisiones de CO2 de forma significativa (entre un 25% y un 40% para 2020 y al menos un 80% para 2050 en comparación con los niveles de 1990).
• Los países en desarrollo tendrían que limitar conjuntamente el aumento de sus emisiones de CO2 entre un 15% y un 30% por debajo de las previsiones de la situación actual. No obstante, habida cuenta de su peso económico, China, India y Brasil deberían comprometerse a alcanzar objetivos similares a los de los países industrializados.
• Los países desarrollados tienen la responsabilidad de proporcionar un apoyo financiero y técnico suficiente a los países en desarrollo. Estos compromisos para la mitigación y la adaptación al cambio climático deben ser nuevos y añadirse a la asistencia oficial al desarrollo.
• La introducción de una ayuda pública internacional de arranque con participación de la UE de entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales para el periodo 2010-2012.
• La contribución colectiva de la UE a los esfuerzos de reducción y adaptación en los países en desarrollo tendrá que ser como mínimo de 30.000 millones de euros anuales para 2020.
• Tanto los objetivos de reducción de las emisiones como los compromisos de financiación deben someterse a un régimen de cumplimiento reforzado que incluya un mecanismo de alerta temprana y sanciones.
• Los futuros mecanismos de compensación tendrán que incluir normas estrictas de calidad de los proyectos para impedir que los países desarrollados priven a los Estados en vías de desarrollo de las opciones de bajo coste y de garantizar que estos proyectos conduzcan a reducciones "fiables, comprobables y reales".
• El transporte aéreo y marítimo debe incorporarse a un acuerdo sobre cambio climático amparado por la ONU, con los mismos objetivos vinculantes que existen para otros sectores industriales. Además, se debería subastar al menos el 50% de los derechos de emisión en este sector.
• Apoyo financiero considerable a los países en desarrollo para detener la deforestación a gran escala, a más tardar, en 2020 y creación de un Mecanismo Mundial del Carbono Forestal.
En el caso de que en Copenhague no se alcanzara un acuerdo en línea con el planteamiento del Parlamento Europeo, APPA plantea que el gobierno español proponga en la cumbre un calendario para la elaboración del nuevo tratado que pase por las propuestas que se efectúen durante la Presidencia Española de la Unión Europea de 2010, y para la próxima cita ambiental que se celebrará en México en noviembre de 2010.
A tal efecto –concluye APPA–, durante la Presidencia Española de 2010 se tendría que desarrollar el Paquete Energía y Cambio Climático, que debería recoger los nuevos objetivos, y abordar la política de cambio climático en las cumbres con estados, fundamentalmente las que se van a celebrar bajo presidencia española en 2010 con Estados Unidos, América Latina y Mediterráneo, entre otros.
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