El gobierno local destinará 25 millones de reales (7,7 millones de dólares) por año para esta rebaja de impuestos. A los proyectos de generación distribuida desarrollados en todo el estado se les concederá la exención fiscal por un período de 20 años a partir de 2018.
A principios de mayo pasado, el Consejo de Hacienda (CONFAZ) recomendó la medida a todos los estados brasileños. La exención está destinada a apoyar la instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales en todo el país.
Los estados de Río Grande, São Paulo, Pernambuco y Goiás ya decidieron aplicar esta exención fiscal en mayo y junio. En marzo, el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga anunció su intención de introducir esta rebaja de impuestos, alegando que serviría para alentar a las empresas y a los propietarios de viviendas a invertir en sistemas de energía solar y reducir sus facturas de energía.
