España propuso a la Comisión la introducción de un mecanismo de capacidad para garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Y ahora Bruselas le acaba de dar luz verde a esa propuesta española. La medida viene acompañada de un "cheque" de 9.000 millones de euros, a gastar en diez años a partir de este mes de mayo de 2026. En virtud del mecanismo aprobado hoy por Bruselas, mecanismo que abarca el conjunto del mercado (productores, almacenamiento y consumidores), el gestor de la red de transporte (Red Eléctrica) remunerará cuando sea necesario la capacidad que sea necesaria para garantizar que no hay sobrecargas o apagones. Es decir, para garantizar la seguridad de suministro. El patrón de seguridad que ha atendido la Comisión ha sido establecido, según Bruselas, a partir de la evaluación hecha de los recursos de España y lo ha aprobado la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad y Aplicación y Simplificación: "ahora más que nunca, necesitamos un suministro de electricidad seguro en toda Europa. Los mecanismos de capacidad pueden contribuir a salvaguardar esta seguridad, siempre que estén diseñados de manera que se eviten distorsiones de la competencia en los mercados de la energía. Este nuevo mecanismo de capacidad contribuirá a asegurar que España disponga de suficiente electricidad en situaciones de escasez. Los proveedores de capacidad se seleccionarán mediante un procedimiento de licitación, lo que garantizará una competencia efectiva"
El mecanismo de capacidad estará abierto a todos los actores, existentes o nuevos, que ofrezcan estar disponibles durante períodos de escasez. Estos actores podrán ser (1) productores de electricidad, (2) demandantes de electricidad (una gran industria que se compromete a reducir su consumo en caso de que el gestor de la red se lo solicite o una comercializadora que ha acordado con sus 10.000 clientes -a cambio de una remuneración- que dejen de consumir si el gestor se lo solicita) y (3) almacenamiento. Los beneficiarios del mercado de capacidad serán seleccionados mediante procedimientos de licitación transparentes y no discriminatorios. El presupuesto de la medida se estima en unos 900 millones de euros al año, lo que supone un total aproximado de 9.000 millones de euros durante el período de diez años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad. La medida estará abierta a proyectos situados en España.
"España se esforzará -matizan en todo caso desde la Comisión- por permitir la participación de todos los demás Estados miembros interconectados lo antes posible".
El mecanismo de capacidad apoyará el fomento de servicios de flexibilidad (gestores de almacenamiento y respuesta de la demanda) cuando sea necesario, a fin de alcanzar el objetivo nacional de flexibilidad español de conformidad con el Derecho de la UE y la metodología de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
Evaluación de la Comisión
La Comisión ha evaluado la medida española con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, y en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas bajo determinadas condiciones, y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022.
La Comisión ha constatado lo siguiente
• la medida es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido, en consonancia con el Reglamento de la UE sobre la electricidad;
• la medida es proporcionada, ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales. Además, la ayuda se concederá a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva. Los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por megavatio de capacidad disponible durante una situación de escasez. Como consecuencia de ello, la medida tendrá efectos limitados en la competencia y el comercio entre los Estados miembros.
• La medida se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas en materia de mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia.
Atendiendo a estas razones, la Comisión ha aprobado la ayuda española con arreglo a las normas correspondientes de la UE.
Antecedentes
Las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022 ofrecen orientaciones sobre cómo evaluará la Comisión la compatibilidad de las medidas de ayuda para la protección del medio ambiente, incluida la protección del clima, y las medidas de ayuda a la energía que están sujetas a la obligación de notificación con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.
Las Directrices crean un marco flexible y adecuado a los fines perseguidos para ayudar a los Estados miembros a prestar el apoyo necesario para alcanzar los objetivos del Pacto por una Industria Limpia de manera específica y eficiente en términos de costes.
Las normas -explica la Comisión- suponen una adecuación "a los importantes objetivos y metas de la UE establecidos en el Pacto por una Industria Limpia, así como a otros cambios normativos recientes en materia de energía y medio ambiente, y atienden a la creciente importancia de la protección del clima".
Así mismo incluyen -añaden desde Bruselas- secciones sobre (1) medidas de eficiencia energética, (2) ayudas a la movilidad limpia, (3) infraestructuras, (4) economía circular, (5) reducción de la contaminación, (6) protección y restauración de la biodiversidad, así como (7) medidas para garantizar la seguridad del suministro energético.
La Comisión Europea advierte
«Los mecanismos de capacidad tienen el importante objetivo de garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Los mecanismos de capacidad deben estar bien diseñados para garantizar que
i) no provoquen una subida de los precios de la electricidad para los consumidores,
ii) no ofrezcan ventajas indebidas a determinados operadores energéticos o
iii) no obstaculicen los flujos de electricidad a través de las fronteras de la UE»
El Reglamento de la UE sobre la electricidad establece normas para garantizar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad y define un marco para evaluar periódicamente el nivel previsto de seguridad del suministro en la UE.
Siempre que se detecte un riesgo, los Estados miembros -explican desde la Comisión- deben revisar el funcionamiento del mercado de la electricidad y estudiar la posibilidad de eliminar las distorsiones que puedan causar el riesgo.
En caso de que este enfoque sea insuficiente para solventar el riesgo detectado, los Estados miembros podrán introducir un mecanismo de capacidad, sujeto a requisitos de diseño para facilitar medidas eficientes en términos de costes, más limpias y proporcionadas para garantizar la seguridad del suministro eléctrico.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha difundido hoy un comunicado en el que agradece a la Comisión Europea "el intenso trabajo realizado para comprobar que la propuesta de Mercado de Capacidad para el sistema eléctrico [que envió el propio Ministerio] es acorde con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y del mercado interior de la electricidad".
El propio Ministerio estimaba, "a partir de los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", que el nuevo mercado tendría un volumen económico de entre 800 y 900 millones de euros anuales, "en función del resultado de las subastas que permitirán asignar la retribución". Esa cuantía la financiará principalmente la comercialización de electricidad, con mayor peso en las horas de mayor estrés del sistema eléctrico.
Según Transición Ecológica, con el nuevo mercado se conseguen dos objetivos: (1) asegurar la cobertura de la demanda y (2) ofrecer "señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono".
En el comunicado que ha distribuido esta tarde el Ministerio, adelanta que lleva avanzada la tramitación de la propuesta normativa en paralelo a las conversaciones con la Comisión Europea y que espera aprobarla "durante las próximas semanas".
