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El Gobierno pisa el acelerador del autoconsumo, la repotenciación eólica y el almacenamiento

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado el trámite de audiencia pública de un proyecto de real decreto que introduce nuevas medidas para acelerar el despliegue de energías renovables, fomentar el autoconsumo industrial, impulsar el almacenamiento energético y agilizar la tramitación de infraestructuras eléctricas. La norma también incorpora cambios destinados a mejorar la transparencia de las facturas de gas natural.
El Gobierno pisa el acelerador del autoconsumo, la repotenciación eólica y el almacenamiento

Según explica el MITECO en un comunicado, el texto, que permanecerá en audiencia pública hasta el próximo 13 de julio, desarrolla en gran medida las propuestas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio.

Durante la inauguración de la nueva interconexión eléctrica entre España y Portugal, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha defendido el alcance de estas iniciativas: "Lo hacemos con la convicción de que la transición ecológica beneficia a todos los ciudadanos, de España, de Portugal y de toda la Unión Europea en su conjunto", ha afirmado.

Entre las principales novedades del proyecto destaca la creación de dos nuevos procedimientos para adjudicar capacidad de acceso a la red eléctrica en nudos reservados para concurso. Uno de ellos estará orientado a facilitar la repotenciación de instalaciones renovables, especialmente parques eólicos antiguos, atendiendo tanto a su antigüedad como a criterios de sensibilidad ambiental. El segundo estará dirigido a favorecer el desarrollo de proyectos de autoconsumo en la industria manufacturera.

El plan también pasa por reforzar el almacenamiento energético, considerado como condición de posibilidad para mejorar la flexibilidad y estabilidad del sistema eléctrico. En este sentido, permitirá que las centrales hidroeléctricas reversibles incorporen nuevas tecnologías de electrónica de potencia y que las centrales solares termoeléctricas amplíen su campo solar e integren sistemas de almacenamiento térmico.

En materia de consumo, el proyecto introduce cambios en la factura del gas natural para ofrecer una mayor información a los usuarios. Por ejemplo que las comercializadoras indiquen el origen del gas suministrado, incluyendo el porcentaje de gas renovable, una medida similar a la ya existente en las facturas de electricidad respecto al origen renovable de la energía.

Además, las facturas incorporarán el código postal del punto de suministro y el consumo anual del cliente, con el objetivo de facilitar la comparación de tarifas a través del comparador de ofertas energéticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al que se podrá acceder directamente mediante un código QR impreso en la factura.

El proyecto también contempla medidas para acelerar la construcción y ampliación de redes e infraestructuras eléctricas. Entre ellas figura la eliminación, en determinados supuestos, de la obligación de que los promotores acrediten ante la CNMC su solvencia técnica, legal y económica cuando esta quede garantizada por otros mecanismos de supervisión.

Asimismo, la futura norma favorecerá la implantación de sistemas de capacidad dinámica de líneas (DLR), una tecnología que permite incrementar la capacidad de transporte de las líneas eléctricas existentes mediante sensores y sistemas de monitorización ambiental, facilitando así la integración de nueva generación renovable y la conexión de nuevas demandas eléctricas.

El texto incorpora, además, nuevos requisitos técnicos para adaptar la normativa española a los códigos europeos de red, incluyendo medidas relacionadas con el control de tensión, las rampas de variación de potencia y las particularidades de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

El Ministerio ha abierto hasta el próximo 13 de julio el periodo de información pública para que ciudadanos, empresas y organizaciones puedan presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva del real decreto.

 

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