Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública abrieron hace unas semanas el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del Proyecto de real decreto (RD) por el que se regulan los “requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos”. El Gobierno cumplía con esta iniciativa uno de los mandatos del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio: acompasar el despliegue de centros de datos con un despliegue proporcional de nueva generación renovable, para evitar un doble perjuicio: (1) un incremento de uso de gas natural para generación eléctrica si no crecen de forma proporcional las renovables, que conllevaría (2) un incremento de los costes eléctricos para el conjunto de los consumidores.
Pues bien, lo que plantea el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de de sostenibilidad aplicables a los centros de datos, y al igual que ya sucede con la producción de hidrógeno de origen renovable, es la exigencia de que estos consuman “energía renovable, que deberá ser como mínimo del 80% hasta que la generación renovable se sitúe por encima del 90% del mix eléctrico”.
Este consumo, con arreglo al proyecto, deberá ser adicional, es decir, cada nuevo megavatio consumido deberá venir acompañado de un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos bilaterales de compraventa de electricidad de largo plazo (Power Purchase Agreements, PPAs).
Este abastecimiento deberá acreditarse hora a hora, es decir, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.
España cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial, que estima unos 2,5 gigavatios de potencia de computación en 2030, que necesitarían de 3,5 GW a 4 GW de demanda eléctrica.
Sin embargo, las peticiones y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones -explican desde Transición Ecológica- superan varias veces ese objetivo, por la estratégica ubicación geográfica del país, su clima y su liderazgo en energías renovables: ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021.
Los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red eléctrica deberán acreditar el cumplimiento de todos los requisitos incluidos en el proyecto de Real Decreto para obtener los derechos de acceso y conexión.
La patronal del sector, la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC), ya ha advertido que el proyecto de regulación energética podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de instalarse en España.
SpainDC considera que el diseño, la intensidad y el calendario de las exigencias podrían convertir a España en el país con el marco regulatorio “más restrictivo de la Unión Europea”.
Aunque lo cierto es que España es el país que oferta los contratos bilaterales de compraventa de electricidad solar de largo plazo (power purchase agreements, PPAs) más baratos de toda Europa.
Ante este escenario -aventura el Gobierno-, la sostenibilidad medioambiental pasará a ser un elemento esencial para priorizar los proyectos de mayor valor añadido.
Y por eso el Ejecutivo quiere dar preferencia a aquellas instalaciones que vengan acompañadas de nueva generación renovable, que hagan un uso eficiente del agua y del suelo, y que refuercen la autonomía tecnológica del país (léase Sánchez despliega la "alfombra roja" a la inversión en data centers en España).
Asimismo, el proyecto contempla que la futura gigafactoría europea de IA que España aspira a albergar se diseñe, desde el principio, bajo este nuevo marco normativo.
El consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, espera hacerse con una de las siete gigafactorías de IA europeas, que contará con una inversión de 5.000 millones de euros.
Presión de la patronal nacional y de tres empresas extranjeras
SpainDC, la asociación española de centros de datos, difundió el pasado 11 de septiembre un comunicado en el que asegura que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante el real decreto del Gobierno.
La asociación ya presentó sus alegaciones a esta normativa, desarrollada como se dijo por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.
El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, instó a mediados de septiembre al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía "cosas que eran muy graves" para la industria. "Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones", lamentó.
Díaz añadió que los proyectos de los tres inversores que amenazaron con marcharse si se aprueba el decreto -cuyos nombres no han transcendido- representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030.
Acuerdo tipartito
La regulación de los centros de datos forma parte de los 14 proyectos tractores incluidos en el plan IA360.
En este contexto, el Gobierno convocará a los agentes sociales -patronal y sindicatos- a partir de este mes de octubre para promover un acuerdo tripartito que impulse una adopción acelerada de la IA bajo criterios de seguridad y confianza, sumado al papel directivo en las negociaciones comunitarias para prohibir el acceso de los menores a las redes sociales.
La estrategia IA360 se vertebra en ocho áreas específicas de actuación. En el área de infraestructuras, el plan plantea el aprovechamiento de la electricidad renovable y la red de fibra para escalar la capacidad de cómputo propia bajo criterios de sostenibilidad.
En materia de seguridad, establece la protección de infraestructuras críticas, la evaluación de modelos avanzados y el resguardo de menores, todo ello bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).
Por lo que respecta a la educación y el talento, la propuesta fomenta la alfabetización digital y el pensamiento crítico frente a los sesgos de la IA generativa, al tiempo que persigue la reducción de rigideces normativas y la mejora de las retribuciones investigadoras para atenuar la brecha de profesionales cualificados.
En cuanto al desarrollo y la tecnología, se promueve el impulso de modelos de frontera y capacidades cuánticas, destacando la alianza del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) con Nvidia para desarrollar un acelerador europeo con arquitectura RISC-V.
Asimismo, en el eje de difusión se busca reducir la brecha entre el uso ciudadano y la implantación real en el tejido empresarial, actualmente en el 21,1%.
Por último, el plan impulsa el uso del sector público como motor de simplificación administrativa e implantación de agentes de IA bajo supervisión humana, reforzando la proyección externa a través de alianzas internacionales con especial foco en el espacio iberoamericano.
Catorce proyectos tractores
Junto con el real decreto de centros de datos, el Gobierno desplegará un conjunto de otros 13 proyectos tractores articulados dentro de la estrategia estatal IA360.
En el ámbito infraestructural y de seguridad, la propuesta contempla la creación de una gigafactoría de IA europea, el desarrollo de un escudo de ciberseguridad avanzada, la puesta en marcha del Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial en la Aesia y la activación de un protocolo de actuación urgente en la protección digital de menores.
En materia formativa y social, las medidas abarcan la formulación de una estrategia de alfabetización en inteligencia artificial para el empoderamiento de la ciudadanía y la integración de la inteligencia artificial en el sistema educativo.
Asimismo, la iniciativa incluye acciones orientadas al talento y al desarrollo tecnológico, como la atracción y retención de talento especializado, la tramitación de la Ley de Scale-ups'y la creación de la Red Neurona.
Por último, la relación se completa con actuaciones dirigidas a las empresas, la administración y la proyección internacional, entre las que se cuentan el lanzamiento del bono empresarial de IA, el refuerzo de la Atención Avanzada en la Administración, la simplificación y reducción de cargas para autónomos y pymes mediante herramientas digitales, y la constitución de la Alianza Iberoamericana de la inteligencia artificial.
Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Real Decreto
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[Foto: el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el evento Soberanía Digital: Ahora semiconductores, el pasado 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Autor: Eduardo Parra - Europa Press].
