Además de las condiciones especificadas de que al menos un 60% de la energía licitada debe provenir de fuentes renovables, el 40% restante se entiende que será electricidad producida a partir de combustibles fósiles, y se establece que los contratos de operación tendrán una caducidad de cinco años, a diferencia de las renovables cuyos contratos podrán tener una validez funcional de 15 años.
Carlos Polanco, representante de Duke Energy, empresa norteamericana especializada en la generación y distribución de electricidad y gas, y con aparente interés de participar, manifestó su inconformidad con la clausula que hace referencia a esta durabilidad de los cinco años de electricidad proveniente de combustibles fósiles, aludiendo que tienen un carácter discriminatorio y cambian “las reglas del juego”.
El presidente de la CNEE, Carlos Colom Bickford, respondió al inconforme que tal puntualización responde a “que Guatemala apuesta a modificar la matriz energética del país para cortar la dependencia de combustibles derivados del petróleo y garantizar a los usuarios tarifas más competitivas, por lo cual el proceso de licitación se maneja con transparencia y las reglas están hechas para los inversionistas que quieran participar”.
Entre las firmas que ya han declarado su interés en competir en la licitación se encuentra Centrans Energy Services Inc., con base en Guatemala, y que cuenta con desarrollos energéticos en Centroamérica. De ganar la licitación, fortalecería el proyecto del parque eólico de San Antonio, en las faldas del volcán Pacaya, con una capacidad instalada de 50 MW y una inversión de 125 millones de dólares (entre 84,3 millones de euros).
Hasta al momento, se ha reportado que diez empresas se han registrado para participar en la licitación.
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